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¿Otro crimen en la impunidad?

Por: Alfredo Molano Bravo / Especial para El Espectador
No cesa el asesinato de líderes chocoanos que insisten en enfrentarse al destierro producido por la guerra y la ambición terrateniente.
Chocoanos piden seguridad

Foto: Gabriel Aponte-El Espectador

Esta imagen fue captada en Domingodó, uno de los poblados chocoanos más afectados por el desplazamiento forzado.

Argenito Díaz era un hombre de 42 años, cabeza de una familia de 11 miembros, que viajaba hacia Pavarandó, un pueblo que ha tenido la desgracia de ser, desde la Conquista, un puente entre el río Atrato y el río Sinú. Un pueblo pobre que desde los años 90 se oye nombrar porque en sus dos calles y una plaza de camino se han refugiado cientos de campesinos e indígenas perseguidos a bala, motosierra y machete desde otra tierra, una tierra en litigio ubicada más al sur y más al occidente, y que no pertenece al departamento de Antioquia sino a Chocó: Curvaradó y Jiguamiandó.

Iba pues Argenito, el 13 de enero pasado —hace 10 días—, llegando a Pavarandó en un camioncito colectivo, de esos en que a los pasajeros se les balancea la cabeza amodorrados por el calor y al ritmo de los baches de la carretera. Es un entresueño delicioso que se suda y se transmite. A veces, el conductor cae seducido por la modorra y los carros se encunetan. Eso debió pensar Argenito cuando el vehículo fue detenido bruscamente por un grupo vestido de tigre —es decir, camuflado— y boina azul.

Quien parecía mandar la cuadrilla miró cara por cara, y con la punta de su fusil, un galil, señaló a Argenito y le dijo: “Bajate pues, que vamos a conversar”. Argenito sabía que de ese tuteo no salía vivo. Conocía desde tiempo atrás los modales de los asesinos. El resto de los pasajeros temblaban. Habían oído, desde hacía días, que por ahí andaban otra vez los Mochacabezas, o las Águilas Negras, o las Autodefensas Gaitanistas, o Los Rastrojos, Los Convivir, o simplemente Los Paisas. Oficialmente se llaman hoy día Bacrim, o sea Bandas Criminales, con lo que borran el prefijo “para”, que quiere decir ‘al lado de’. Algunos de los mandos eran conocidos porque habían sido hombres de El Alemán, Freddy Rendón, comandante del bloque Élmer Cárdenas de las Auc.

La resistencia de Caño Claro

En Chocó todo se sabe, desde Acandí hasta Murindó, y desde Paimadó hasta El Tigre. Pareciera que su gente fuera un solo organismo, y lo es, no obstante los litigios de tierra y de cultura que han ido aflorando entre resguardos indígenas, territorios colectivos negros y mejoras de cachilapos o mestizos.

Argenito había sido amenazado en agosto de 2008, así que ya sabía a qué se atenía cuando lo bajaron a fusilar. Los demás pasajeros no se mosquearon. Saben qué ley rige en esos casos. La misma que se aplica desde 2007, cuando se llevó a cabo la Operación Génesis. Las dos leyes son de silencio, pero mientras una impide la denuncia, la otra ahoga la protesta, que fue la que le invocaron los paramilitares por promover una Zona Humanitaria en Caño Claro; una comunidad que se ha declarado ajena a la guerra, donde las armas han sido anuladas, y que —por desgracia— ninguna de las fuerzas armadas que actúan en la región respeta.

Pero su falta había sido más grave. En enero del año pasado instauró una acción legal ante el Tribunal de Chocó, junto con otros miembros de la comunidad de Curvaradó y Jiguamiandó, en la que exigen la restitución de la propiedad colectiva y el cese de actividades a las empresas palmicultoras. El pecado mortal de Argenito fue haber notificado el fallo, a favor de la comunidad, a los administradores de las compañías de William López, Ramiro Quintero y la reconocida familia Zúñiga Caballero. Aquí es necesario un punto aparte.

Los terratenientes

Los Zúñiga Caballero aparecen vinculados con firmas investigadas por concierto para delinquir, usurpación de tierras y desplazamiento forzoso de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. Uno de los miembros de las empresas, María Fernanda Zúñiga Chaux, debió renunciar a la gerencia de Fiduagraria —una entidad de economía mixta— por manejos indelicados. María Fernanda es sobrina de Juan José Chaux Mosquera, conocido de autos por el escándalo de alias Job.

La Unidad Investigativa de El Tiempo informó que 25 de los empresarios asociados a esas empresas estaban enredados en la adquisición de 23.000 hectáreas y que, según testigos, lo fueron con apoyo paramilitar. Más aún, Katia Patricia Sánchez, representante legal de una de esas empresas, está casada con Hernán Gómez, íntimo amigo y consejero de Carlos Castaño.

Las tierras de Curvaradó y Jiguamiandó fueron declaradas territorios colectivos basados en la Ley 70 del 93. Pero luego resultaron invadidas a la sombra de la Operación Génesis dirigida por el general (r) Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII, hoy detenido.

Durante mucho tiempo se negó la participación de los paramilitares en la operación. Cinco días después del asesinato de Argenito, El Alemán declaró que, por orden de Castaño, varios de sus hombres participaron en heroicas operaciones conjuntas con los militares que bombardearon y ametrallaron las comunidades de Salaquí, Cacarica, Truandó y Perancho, donde andaba el frente 57 de las Farc.

Según El Alemán, no sólo las Accu aportaron unidades, sino que la Fuerza Pública cumplió el acuerdo de “no entorpecer el avance de las Accu en las zonas donde se estaba realizando la Operación Génesis”. Añadió el jefe paramilitar que Maderas del Darién, una filial de Pizano S.A., que durante muchos años se ha beneficiado de concesiones para la explotación de maderas y en particular del cativo —especie en extinción—, colaboraba con los paramilitares, inclusive con aportes en dinero. Las versiones de Macaco y H.H. son, asimismo, piezas sustanciales de un expediente de más de 9.500 folios sobre por lo menos 1.700 crímenes perpetrados en Jiguamiandó y Curvaradó, Vigía del Fuerte, Pavarandó, Cacarica, San José de Apartadó y Dabeiba, y que siguen hoy, 13 años después, en la total impunidad.

El neoparamilitarismo

De todos estos hechos no se puede hablar en pasado, sino en presente histórico. En el nivel nacional las investigaciones de la Corporación Nuevo Arco Iris demuestran que el neoparamilitarismo está en pleno crecimiento. Si en 2008 había 250 municipios con presencia de los nuevos grupos, en 2009 eran ya 300 y el número de integrantes se aproximaba a 11.000 efectivos. “Se diferencian de la anterior generación de paramilitares en que aún no tienen una estructura nacional que los cobije a todos”.

Según la revista Semana, desde 2008 las Autodefensas Gaitanistas “instalaron hombres vestidos de civil en los territorios de propiedad de afrocolombianos e indígenas para vigilar los movimientos de los líderes, básicamente, y evitar cualquier intento de organización de la gente”.

Las víctimas

A medida que la gente se organiza para defender sus derechos, las muertes ejemplarizantes han ido en aumento: Benjamín Gómez, muerto en Caño Manso; Chemita, asesinado en Cacarica; Walberto Hoyos, asesinado el 14 de octubre de 2008. Todas las víctimas han encabezado procesos jurídicos para recuperar tierras de las que habían sido desplazados en Curvaradó y Jiguamiandó. La Fiscalía está investigando 23 compañías palmicultoras por haber ocupado territorios colectivos ancestrales de manera arbitraria y violenta.

Al conflicto de tierras, que ha sido ampliamente conocido por la opinión pública, hay que sumar el proyecto de construcción del tramo de la carretera Panamericana, entre Lomas Aisladas y el Alto de Letras, que supone no sólo el atropello a zonas declaradas reservas de la biósfera y patrimonio de la humanidad —como el Parque Catíos—, sino el desplazamiento de comunidades indígenas.

Según Naciones Unidas, entre 1996 y 2002 han sido asesinados 997 indígenas de los pueblos Emberá Catío y Dobidá del municipio de Acandí, por donde atravesaría la vía; entre 2004 y 2007, los indígenas asesinados han sido 519, y los desplazados, 30.000. La valorización de las tierras de la región, gracias al anuncio del proyecto, ha tenido ese terrible efecto.

Hay que agregar que en el Urabá chocoano muy conocidos paramilitares como los Castaño y los Builes poseían haciendas, tierras que Estupefacientes e Incoder han prometido expropiar y distribuir entre las víctimas del conflicto sin que esa elemental medida se haya podido llevar a cabo. Por el contrario, dirigentes campesinas, como Yolanda Niño y Ana Isabel Gómez, que encabezaban las demandas fueron asesinadas.

Argenito fue enterrado con lágrimas secas. Llorar está prohibido, otra forma de la ley del silencio.

Los ‘paras’ y la mafia de la madera

A los litigios por tierras hay que sumar la explotación de la madera, negocio hoy controlado por el neoparamilitarismo. Sobra decir que Chocó es uno de los bosques húmedos más importantes del planeta y que su riqueza maderera proverbial ha sido explotada desde los años 50. Existen identificadas y clasificadas más de 8.000 especies vegetales, de las cuales la asociación cativo —cedro, caoba, roble, ceiba tolúa— es la más perseguida.

Hoy se sacan de la selva chocoana más de un millón y medio de metros cúbicos de todo tipo de maderas. El 75% de ese volumen corresponde a los cativales que, como se sabe, cumplen una función ambiental decisiva: mantienen el cauce de los ríos y regulan los nutrientes de la vida acuática. La madera ha sido explotada por grandes empresas como Pizano y Comercializadora de Maderas del Chocó, mediante concesiones hechas por diferentes gobiernos. Greenpeace tiene la sospecha de que muchos de los contratistas de esas empresas estuvieron asociados al paramilitarismo. Hoy no hay duda de que el neoparamilitarismo tiene en la explotación maderera una gran fuente de financiación y, en esta medida, controla el negocio. Y Codechocó continúa otorgando licencias y licencias.

Displacement in Colombia

By Barbara Hintermann, Head of the ICRC delegation in Colombia

Displacement in ColombiaThe humanitarian crisis in Colombia has had dire consequences for the civilian population. One such consequence is forced displacement, which has obliged millions of Colombians to abandon their homes, their land, their crops, their animals and their culture and suffer the coldness and hostility of the big cities where they tend to gravitate and where solidarity is often lacking.
In Colombia, and specifically within the framework of the armed conflict, the ICRC, in fulfilment of its humanitarian mission, maintains permanent contact with the victims and develops a variety of integrated programmes and projects to address their basic needs.

As for the obligations of the Colombian State to assist those persons affected by the armed conflict, substantial improvements have been made in public policy to assist the displaced. Particularly worthy of note is the fact that displacement has been formally recognized by enactment of Law 387/97 and its regulatory decrees acknowledging the rights of the displaced. This has translated into sizeable increases in the budgetary allocation for humanitarian assistance.

However, despite these noteworthy efforts on the part of the Colombian State and, in particular, of the institutions that form part of the SNAIPD (national system for integrated IDP assistance), it is necessary to further scale up the response in order to restore the violated rights of the displaced population.

I am confident that, given the country’s strong institutionality, the growing commitment of the Colombian Government, the support of the international cooperation agencies and the solidarity of the civilian society in general, it is feasible to overcome the vulnerability of the displaced. This will require going beyond humanitarian relief and achieving socio-economic consolidation or return.

For its part, the ICRC, with a highly dedicated team, will continue to work every day to strengthen its relief programmes, in an effort to be closer to the victims of the conflict and provide timely protection and assistance with a differentiated view and in keeping with their basic needs.

ICRC assistance programme for the displaced population in Colombia

By Christina Oberli, Assistance Coordinator of the ICRC delegation in Colombia

Types of assistance

The population is assisted according to the respective displacement pattern:

  • Massively, when several families are displaced toward the city centre closest to their home. In these cases, the ICRC provides direct aid in situ where the victims arrive.
  • Individually, when families leave one by one and arrive, for the most part, in large urban centres where they are assisted by the ICRC. In each case, ICRC personnel assess existing needs and deliver aid accordingly.

Up until 2002, the majority of persons assisted were cases of massive displacements, accounting for almost 60% of the assistance delivered by the ICRC. Over the last four years, however, increasing gradual displacement of individual families has seen the proportion of aid provided to such beneficiaries rise to 66%.

ICRC assistance consists of the delivery of foodstuffs to meet the basic needs of the beneficiaries for a maximum of three months, and up to six months for extremely vulnerable families (single women, men or older adult heads of household, orphans and families with an incapacitated member). One-time assistance, in the form of household essentials, is also distributed, including cleaning supplies, cooking supplies, dishes, clothing, sheets, mattresses or hammocks, blankets and mosquito netting.

International Red Cross Movement

Since 2003, and thanks to the cooperation programme signed by and between the ICRC and the Colombian Red Cross Society (CRC), assistance coverage increased for persons displaced individually toward large or middle-sized cities.

With these cooperation programmes, the ICRC assists 30% of the beneficiaries of individual assistance.

Protecting the victims

In the case of displacement, in addition to providing humanitarian relief to families, the ICRC seeks, via confidential dialogue, to increase the awareness of the parties to the conflict of the humanitarian consequences for the affected population.

Within its mandate, the ICRC furthermore conducts diverse activities that aim at protecting the lives of persons who are victims of, inter alia, death threats, providing counselling and support befitting the problems and requirements of each case.

Access to health care

Health care is one of the major concerns of the displaced. The ICRC enables these families to have access to medical assistance by providing transportation, lodging and medication.

Alternative humanitarian assistance

A voucher distribution programme was launched in Bogotá in 2005 to provide humanitarian assistance better suited to meet the needs of the displaced. The programme enables displaced families to buy their own food in markets close to their place of residence and in keeping with their usual eating habits. (more on the food assistance vouchers) In an effort to improve the food security of the displaced families, since 2003 the ICRC has also been providing support for the production of short-cycle organic crops (short-cycle) and poultry raising.

What does coordination mean for the ICRC?

The demand for humanitarian assistance in Colombia is extremely high. That being the case, it is critical to coordinate continuously with other organizations as concerns assistance to the victims of armed conflict. Without compromising its independence and neutrality, the ICRC recognizes the importance of complementing available resources to provide more extensive and more effective humanitarian assistance coverage. Accordingly, it has, among other things, contributed resources these last years for institutional strengthening of the assistance and guidance units.

The challenge of assisting the displaced has enabled the ICRC to acquire experience in this domain and to build a professional team committed to humanitarian work to benefit the victims of Colombia’s armed conflict.

Since the ICRC delegation in Colombia launched its emergency relief programme in 1997, the programme has assisted 1,024,940 persons (222,579 families), 53% of whom are minors. Over the last 5 years humanitarian assistance was also delivered proportionately to indigenous persons (6.2%) and Afro-Colombians (11.8%). Of the families assisted, 18% were headed by single women.

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Since the ICRC delegation in Colombia launched its emergency relief programme in 1997, the programme has assisted 1,024,940 persons (222,579 families), 53% of whom are minors. Over the last 5 years humanitarian assistance was also delivered proportionately to indigenous persons (6.2%) and Afro-Colombians (11.8%). Of the families assisted, 18% were headed by single women.

The United Nations World Food Program released a survey today that paints a bleak picture for the more than 1.4 million displaced persons living in makeshift homes in Colombia.

The study found that the average daily food consumption of displaced persons in Colombia is 1752 calories, well below the recommended average of 2100 calories in an emergency setting.

The study focused on displaced persons who fled their homes between four months ago and four years ago in three northern provinces of Colombia: Antioquia, Sucre and Bolivar. The provinces have all experienced heavy displacement over the past year due to the increase in violence by armed groups in the region.

The 19-page report found that families headed by single mothers are particularly vulnerable, consuming only 1755 calories per day. Families living in urban areas are consuming less–1694 calories–due to the high costs of food, water, gas, and transportation in the city.

There is an alarming drop in the socio-economic status of families following displacement: women keep only 12 per cent of their animal husbandry assets (previously their principal economic activity), and families receive only about 30 per cent of the income they had before displacement, while accumulating more debt.

Most of the displaced in Colombia are rural-to-urban populations movements of campesinos forced to leave their land behind and migrate to cities and towns.

The survey focused on areas where WFP is working and distinguished between families displaced between: 1) four months and 12 months; 2) between 12 and 24 months; 3) between two and four years; and 4) more than four years.

The study found that hunger becomes more chronic between the fourth and 24th month after the displaced are cut off from the 3-month humanitarian assistance package while the costs of water, fuel, and food increase. The data shows that displaced families begin to earn more money after 24 months. These families come out of the vicious circle of asset depletion, indebtedness, reduced food consumption and consumption of cheaper foods.

The study involved personal interviews with 76 displaced families, representing more than 530 displaced persons. The participants were interviewed about their economic status before and after displacement based on their resources, income, debt and food intake.

“Many outsiders and Colombians find it difficult to believe that there is hunger in Colombia, a country with a large middle class,” said Els Kocken, WFP Colombia Country Director. “It takes years for the displaced to get back on their feet and, meanwhile, they are going hungry. I saw newly arrived indigenous families in Uraba eating nothing but banana rejects donated by the private sector. The hosting community gave the displaced land to cultivate, but it takes tools, seeds, energy and time – months – to see enough food produced for an entire displaced family.”

WFP, which assists in resettling displaced families and providing food for adults, pre-school and school children, currently only has 57 per cent of the required funding for its two-year food aid support program in Colombia.

“The government and humanitarian aid agencies need more data on the health, housing, employment and schooling conditions of the displaced,” said Kocken. “In addition to coordination, this requires visiting the displaced, and reporting on their condition in order to respond to their needs.”

Note: WFP video footage of IDPs in Northern Colombia (where the study took place) is available, as are digital stills.

world food programme

CARTAGENA, Colombia, January 4 (UNHCR) – The cascading blue waves, powdery white sand and gentle breezes are what draw tourists to Colombia’s Caribbean beaches. But see the man renting chairs to the tourists? It was not a tropical idyll that drew him here, but the prospect of safety.

Eliecer Baron’s mother was killed 14 years ago in northern Colombia’s Uraba region when she stood up to irregular armed groups trying to steal her cattle. “At first I moved to a different region, Sucre, where I could continue living my life as a farmer,” the 53-year-old recalls. “Yet two years later, the violence reached Sucre too. That was when I decided to come to Cartagena.”

With a new family arriving every week from other violence-prone areas of Colombia, Eliecer and other displaced people found their own stretch of Cartagena beach and created a settlement on the outskirts of the city.

Like so many other displaced people forced off their own land, the only place they could find was one that nobody else wanted: when they arrived, the district had no electricity or other municipal services because the city authorities said it was prone to flooding, and the land ownership was in question. Displaced people like Eliecer even had to buy water in buckets.

That has changed over time and the local government now provides both water and electricity. Eliecer and 118 other displaced families who formed their own organization have also become adept at standing up for their rights, thanks to training UNHCR has provided on the rights of displaced people.

“It happens often that we have to tell the authorities here what the law is ordering them to do regarding displaced people,” says one of the members of Eliecer’s organization. They also educate displaced families so they can benefit from special state programmes.

The overwhelming majority of the group’s members are women. “Eliecer is a gentleman,” says member Ana. “He knows how to deal with people, he is respectful, and above all he knows a lot about organizing and about laws and rights.”

In addition to his advocacy work, Eliecer struggles, as do many of Colombia’s displaced farmers, to support his family in the city. Renting beach chairs brings in a modest income, and his wife hasn’t been able to work for four years.

“She was there when my mother was killed and, ever since, she has had high blood pressure,” he says. “Somehow it affected the kidneys in the last years, and now she needs dialysis treatment every second day.”

These days, there are rumblings that real estate developers may want the once-undesirable terrain that Eliecer and his displaced friends call home. But, after losing his home twice before in his own country, Eliecer is standing firm.

“We were displaced before,” he says with determination. “Now we’re staying. We have the right to.”

By Gustavo Valdivieso in Cartagena, Colombia

The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

Los Desterrados

EFECTOS PSIQUICOS EN LOS DESPLAZADOS DE GUERRA

Por Mario Elkin Ramírez *

Ostracismo es una palabra griega derivada de concha (cuya raíz viene de ostra), debido al tejuelo en forma de concha en el que los pueblos del mar de la antigüedad, esencialmente los atenienses, escribían el nombre de los desterrados. El destierro no era la expropiación de la tierra, era la expulsión del desterrado, por una cierta cantidad de años o para siempre de la polis (ciudad Estado). Era el peor castigo que un griego podía recibir porque, al contrario de los hombres modernos, los griegos no tenían ningún concepto de lo que es el yo o la individualidad; en consecuencia, su identidad venía de su pertenencia al grupo, a la polis. Por lo cual, ser desterrado no era ser desplazado a otra polis, conservando el sentimiento de unidad psíquica individual, sino que significaba arrancarle su identidad, su ser, su humanidad.

Dicho castigo no recaía sólo sobre aquellos que habían cometido crímenes contra los dioses o contra el Estado. Algunas excavaciones han encontrado en el fondo de pozos, conchas de ostra preescritas con nombres de ciudadanos que le servían a la polis y respetaban a los dioses, pero que sus enemigos políticos pretendían hacer expulsar manipulando las votaciones, sobornando a algunos para que presentaran aquellas conchas. Esto dice que el destierro, desde la antigüedad, ha sido un arma política.

En la actualidad colombiana esta práctica sigue vigente; pero su aplicación no recurre a la manipulación de los votos, que da cuenta de la corrupción de la democracia aun en sus orígenes, sino que se acude a la violencia y al miedo como armas de guerra. No se trata entonces de un suceso intempestivo e inesperado, sino que es efecto de un cálculo, de un uso intencionado de los miedos. Se trata de una estrategia de terror empleada de manera indiferenciada por parte de los actores armados para expulsar a la población y controlar territorios estratégicos mediante masacres, persecución y asesinatos selectivos de personas acusadas de ser auxiliadores del enemigo del grupo que lo aplica.

Las causas de ese destierro en Colombia son múltiples: el reclutamiento forzado, la erradicación de cultivos ilícitos, el uso indiscriminado de minas antipersonal, los ataques aéreos del ejército, las amenazas, los atentados, los enfrentamientos de grupos armados, las detenciones arbitrarias, el involucramiento forzado en el conflicto, el desabastecimiento de víveres que usa el hambre como estrategia de guerra, y, por supuesto, de la intimidación.

Se ha aplicado el eufemismo “desplazado” para designar a la víctima, pero sus testimonios dan cuenta de que se trata de algo más poderoso que el simple desalojo y el traslado de un lugar a otro del país. Son numerosos los casos en los que la víctima es perseguida y sometida al llamado “desplazamiento múltiple”.

En ese acoso, el sujeto pierde las coordenadas psíquicas, simbólicas e imaginarias en las que ya no puede definirse como ciudadano del lugar donde nació, propietario de tal parcela, reconocimiento como vecino, con nombre propio, familia e historia, y le es destruida como referencia identitaria la geografía que lo rodeó y le sirvió de punto de orientación y de construcción de hábitos sedentarios. Ahora tiene la certeza de saberse dueño de nada y de no pertenecer a ninguna parte. Hay, en consecuencia, un quiebre psíquico importante en los mal llamados “desplazados”, por lo que, propiamente, se les debería llamar “desterrados”.

Para el 2007 se registraban en Colombia 2.853.445 personas desplazadas en los últimos diez años, sin considerar los que no se registran. Aunque “Pastoral Social y Codhes hablan de 3.662.842 personas desplazadas desde 1985, y el reporte del gobierno es el de 1.716.662 contando a partir de 1997” (Martha Inés Villa: Desplazamiento forzado en Colombia. El miedo: un eje transversal del éxodo y de la lucha por la ciudadanía, Cinep, 2006).

La población desterrada está en su mayoría compuesta por mujeres, niños, adultos mayores, afrodescendientes e indios. Se verifica un grave impacto que las mujeres viven en esta situación, a saber, la violación sexual, a pesar del silencio y el difícil registro de este delito, reconocido nacional e internacionalmente como crimen de guerra. Esto refleja una práctica sistemáticamente aplicada antes y durante la situación de destierro de la población por todos los actores del conflicto armado colombiano (militares, paramilitares, reinsertados y guerrillas). También la esclavitud sexual y la promoción de la prostitución es otro impacto que viven las mujeres como consecuencia del destierro, al llegar a la nueva zona receptora, donde no encuentran ningún apoyo institucional para ubicarse de forma digna.

El desterrado encuentra en la huida su última opción y emprende un viaje sin destino; su sola certeza es la incertidumbre, su única seguridad es la de estar vivo, aunque a veces dice que esa situación es equivalente a “estar muerto en vida”.

El quiebre psíquico de las coordenadas sumergen al desterrado en una situación de desorientación espaciotemporal, ya que no puede mirar atrás, pero tampoco tiene un horizonte que mostrarles a su mujer y a sus hijos. Su nomadismo se dirige a la búsqueda de un lugar donde no tenga que dormir a medias, porque, en adelante, su “reposo” es la angustia expectante que le sirve de señal para proteger la vida; siempre anda temeroso de que lleguen los dueños de la tierra que invade para improvisar “cambuches” con plásticos y cartón, mientras su pensamiento está ocupado en que sus parcelas están solas, sin ganado, sin gallinas, sin chivos, pero, sobre todo, sin ellos. El destierro también expulsa la tranquilidad de sus vidas y, en su lugar, se instala la zozobra, el miedo, la tristeza.

Es difícil para el desterrado volver de su nomadismo a un nuevo sedentarismo, ya que siente que pertenece a una lista de forasteros, extranjeros, extraños, exiliados, ex humanos que andan por un mundo ajeno. Su inscripción en el nuevo lugar lleva consigo los traumas por las vejaciones a las que fue sometido durante su expulsión. El destierro va más allá de los límites geográficos, se instala en el alma del desterrado, produciendo una neurosis de guerra. Las imágenes del horror vivido se toman sus sueños para volverlos pesadillas, se despiertan bañados en sudor y con la respiración a mil.

En el nuevo lugar tiene el sentimiento de la no pertenencia, ni a la escuela a la que asiste, ni al vecindario en que habita, ni tampoco a la casa donde duerme. A menudo le vienen oleadas de depresión. Entonces no se preocupa por bañarse ni comer ni reunirse con otros y, con frecuencia, en los niños se instala la agresividad como manera permanente de relación. Se puede reconocer en ellos, además, la tendencia a una autodesvalorización, lo que conlleva una pérdida del interés por la vida y por los valores sociales. Por esta razón, estos niños pueden incurrir en conductas delictivas y, en no pocos casos, una tendencia suicida. La expulsión se vive como un rechazo radical a ser incluido en el deseo del Otro social.

* Miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Nueva Escuela Lacaniana, sede Medellín. Artículo publicado en la revista Psicoanálisis y el Hospital, Nº 36.

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Bogotá, (EFE), 11/12/09. Varias organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos colombianas lamentaron hoy el trato dado por el Estado a las víctimas del conflicto armado interno y pidieron que su situación sea abordada mediante un consenso nacional.

“Creemos que aquí hay que buscar un acuerdo o un consenso nacional, porque el tema de las víctimas no puede ser sólo de las víctimas”, afirmó el presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marco Romero.

El activista se lamentó de que la respuesta del Estado ante los efectos del conflicto ha avanzado por orden de decisiones judiciales y no por una voluntad gubernamental de “trazar una política de Estado y una política integral de atención a las víctimas”.

Sin embargo, destacó que se haya consolidado este año en el país el movimiento de víctimas, con un crecimiento incluso en la “conciencia social a favor de los derechos” de las personas afectadas por la confrontación o sus efectos.

Asimismo, observó que el conflicto armado de Colombia no ha cesado, a pesar de que “el discurso oficial diga que estamos en postconflicto”.

“Ese discurso sólo sirve para erosionar la normativa humanitaria”, continuó Romero, que habló durante una conferencia de prensa convocada en Bogotá con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemorará mañana.

La confrontación es más fuerte en varias regiones del sur, el suroeste, el sureste o el nordeste, que “están focalizadas por la seguridad democrática (de lucha antidrogas y contra los grupos armados ilegales) como zonas de teatros de operaciones”, dijo luego.

Por su parte, la responsable de la Fundación Nydia Erika Bautista, Yanett Bautista, consideró que 2009 “fue un año negro para los derechos de las víctimas”.

“La lucha de los familiares de los desaparecidos y de todas las víctimas es de largo aliento”, agregó Bautista, cuya fundación lleva el nombre de una rebelde del disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19) desaparecida a manos de los militares en agosto de 1987.

La activista observó que a los colectivos de defensa de los derechos humanos no los detiene ni “la discriminación que el Estado y, especialmente el Gobierno de (el presidente colombiano, Álvaro) Uribe, con su bancada en el Congreso, ha hecho con la ley de víctimas” que no fue tramitada en el Legislativo.

El presidente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Iván Cepeda, también se lamentó de que esta iniciativa legal no fuera estudiada por el Congreso, que se dedicó en la legislatura que está por terminar a asuntos relacionados con el proyecto que busca la reelección de Uribe.

Bautista también subrayó el hecho de que la fiscalía haya reconocido hace algunos meses que en el país están documentados 27.055 casos de desapariciones forzadas.

No obstante, advirtió de que “hay muchísimos casos más, por cuanto un 90 por ciento de las víctimas (familiares de desaparecidos) aún no ha denunciado”.

Romero aseguró que el número de casos, ya de hecho “espeluznante”, puede sumar ahora 40.000, por encima de los menos de 30.000 que dejaron los Gobiernos de facto en Argentina.

Es también alarmante la situación y la falta de soluciones y reivindicaciones para los más de cuatro millones de desplazados, continuó el defensor de los derechos humanos, que denunció que el problema del desarraigo no cesa.

Carlos Acevedo, portavoz de la Federación Colectivo 21 de Junio, que reúne a 25 organizaciones de víctimas de desplazamiento, criticó la falta de articulación entre las instituciones locales y nacionales que atienden a estas víctimas.

“Pedimos solidaridad, pedimos apoyo, pedimos que se nos respete como víctimas”, expresó Acevedo, mientras que Bautista afirmó que “la respuesta del Estado es precaria, es pobre, es discriminatoria”.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-

Obstáculos a la aplicación de justicia

Colectivo de Abogados

Lunes 30 de noviembre de 2009, por Prensa – Colectivo

Durante los últimos tres años, las investigaciones adelantadas en Colombia por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación han empezado a demostrar una nueva dimensión de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las estructuras paramilitares, que confirman los nexos del Estado colombiano y el paramilitarismo, tal y como se ha reiterado en varias sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –COIDH- que ha declarado la responsabilidad del Estado Colombiano por violación a la Convención Americana . Estas recientes investigaciones visibilizan el alcance del paramilitarismo en la rama legislativa y como su accionar responde a una política sistemática y planificada desde los más altos niveles del Estado con el objetivo de consolidar un proyecto político y económico para los intereses de élites locales, nacionales y transnacionales.

Paramilitarismo | Colombia | Víctimas de Crímenes de Estado |

El presente texto pretende dar cuenta del contexto y desarrollo de estas investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, además de la existencia de diferentes aspectos que los han afectado como la renuncia de los congresistas a su fuero como parlamentarios, las maniobras para deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia, la dilación de los procesos investigados por la Fiscalía General de la Nación, las amenazas en contra de los testigos de cargo, las extradiciones de los principales jefes paramilitares y los hostigamientos a la Corte Suprema de Justicia, entre otros aspectos. Igualmente, presenta un balance de condenas y absoluciones proferidas hasta la fecha de esta publicación. Por último, se incluyen como anexos los resultados de un seguimiento y recopilación de artículos de prensa de los procesos judiciales que se han desarrollado desde el mes de septiembre del año 2006 en contra de 133 congresistas y ex congresistas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo.

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Anexo I
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Anexo II

En 2005 el alcance del paramilitarismo como proyecto nacional dentro de la legislatura comenzó a evidenciarse a partir de la afirmación realizada por el entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien dijo que el 35 % de los miembros del Congreso eran ‘amigos’ [1], afirmación que después fue ratificada por el jefe paramilitar José Vicente Castaño Gil [2]. Luego, ante los medios de comunicación en 2008, Mancuso aseguró que más del 50 % del Congreso colombiano tenía nexos con el paramilitarismo [3]. Aunque no es objeto de este estudio, es importante recordar que estas alianzas entre funcionarios públicos y el paramilitarismo no se han limitado a miembros del congreso, sino también a otros servidores públicos locales [4]–funcionarios municipales y departamentales, alcaldes, concejales y diputados, que pertenecen a los mismos movimientos políticos de los congresistas investigados– hasta altos funcionarios del Gobierno actual [5] y la misma elección del presidente Álvaro Uribe Vélez en 2002, como fue confirmado por los jefes paramilitares Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, y Salvatore Mancuso Gómez, alias “Santander Lozada”, entre otros [6].

Durante los últimos tres años al menos 133 congresistas y ex congresistas han sido implicados con el paramilitarismo, lo que pone de presente el alcance del paramilitarismo en los partidos uribistas [7]. De estos congresistas, 71 han sido llamados a indagatoria [8], 50 actualmente están detenidos [9], 42 renunciaron a su fuero como congresista [10], 18 están en etapa de juicio [11], 13 aceptaron su responsabilidad por los cargos imputados y se sometieron a sentencia anticipada [12] y siete fueron condenados [13]. Por ejemplo, casi la totalidad de los miembros del Partido Colombia Democrática en el Congreso, fundado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, según su página oficial [14], tiene investigaciones abiertas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo [15], o el hecho de que los presidentes y directivos de los principales partidos uribistas tienen presuntos nexos con la estructura paramilitar, como son Álvaro Araújo Castro de Alas Equipo Colombia, Mario Uribe Escobar de Colombia Democrática-, Luís Humberto Gómez Gallo del Partido Conservador, Luís Alberto Gil Castillo de Convergencia Ciudadana, Carlos Armando García Orjuela del Partido de la U y Dieb Nicolás Maloof Cuse de Colombia Viva [16].

En la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada en marzo de 2009, la Fundación Nuevo Arco Iris presentó una información confirmando que entre el 25% y el 35% de los puestos de elección popular habían sido tomados por la estructura paramilitar. “De los siete partidos que hacen parte de la coalición uribista, existen cinco en donde la totalidad de sus candidatos son procesados por parapolítica. Actualmente, estos partidos siguen teniendo capacidad de influencia dentro de la escena política”, aseguró León Valencia, director de Nuevo Arco Iris [17].

Además por lo menos 11 de los reemplazos de los congresistas investigados por sus nexos con paramilitarismo a su vez enfrentan procesos en su contra por sus propios presuntos nexos con estas mismas estructuras, lo cual evidencia que nunca desarticularon estos lazos entre el Congreso y el paramilitarismo y en cambio se han mantenido vigentes hasta el día de hoy [18]. Tampoco se han tomado las medidas necesarias para evitar que en las próximas elecciones legislativas familiares o aliados políticos de estos congresistas aspiren a curules y mantengan estas alianzas con organizaciones criminales. Según informó la Revista Cambio, el 13 de agosto de 2009, existen múltiples casos en este sentido, incluyendo Arlet Casado de López (esposa del ex senador Juan Manuel López Cabrales), Araceli Olivares de Morris (esposa del ex representante Erick Morris Taboada), Teresa García (hermana del ex senador Álvaro García Romero), Hernando De La Espriella Burgos (hermano del ex senador Miguel Alfonso De La Espriella Burgos), Francisco Jattin Corrales (hermano de la ex representante Zulema Jattin Corrales) y Raimundo Méndez Bechara (heredero político del ex senador Reginaldo Montes), entre otros [19].

Ver informe completo:

Con el este documento se adjunta una recopilación de información que resume y da cuenta de los procesos en contra de congresistas y ex congresistas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo en Colombia, la cual hace parte de un seguimiento permanente de los medios de comunicación durante los tres últimos años.

Ver Anexo I:

Ver Anexo II:

Notas

[1] Salvatore Mancuso dice que “Lo ideal es crear una guardia nacional”. Enrique Rivas G., El Espectador, Agosto 5 de 2005, http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/salvatore3.html.

[2] “Habla Vicente Castaño”. Revista Semana, Junio 5 de 2005, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=87628.

[3] El 50% del Congreso tiene nexos con grupos paramilitares y guerrilleros, dice Mancuso. El Universal, Abril 23 de 2008, http://www.eluniversal.com.co/noticias/20080423/ctg_act_el_50_del_congreso_tiene_nexos_con_grupo.html.

[4] “El tema de vínculos tiene que ver con funcionarios de elección popular (Alcaldes, Gobernadores, Concejales, libre nombramiento y remoción) que haya delinquido con grupos armados al margen de la ley, donde no existan vinculados con fuerza pública (Militares, Policía y Naval ). En la matriz original de vínculos figuraban 88 procesos en todo el país. Con el nuevo criterio del tema quedó reducido a 26 casos. Se encuentran vinculados e imputados 234 personas, discriminadas por su calidad tenemos 39 alcaldes, 7 concejales, 4 gobernadores, 6 diputados, 3 personeros, 1 notificador de la fiscalía y 1 profesor”. (Ver: Informe Rendición de Cuentas 2008 – 2009. Fiscalía General de la Nación, Julio 2009, http://fgn.fiscalia.gov.co:8080/Fiscalia/archivos/RendiciondeCuenta/informe_rendicion_de_cuentas.pdf). La cifra anterior demuestra la falta de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, si se toma en cuenta que solamente en el Pacto de Chivolo se denuncia los nexos de 410 dirigentes políticos y aspirantes a alcaldías y corporaciones públicas con el paramilitarismo en del departamento de Magdalena. (Ver: Congresista Rodrigo Roncallo en la mira de la Corte Suprema por supuesta firma en Pacto de Chivolo. Revista Cambio, Diciembre 4 de 2008, http://www.cambio.com.co/paiscambio/805/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4702579.html).

[5] Según el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, 35 altos funcionarios del gobierno actual han sido implicado con presuntos nexos con el paramilitarismo. (Ver: No avanzan los procesos en contra de altos funcionarios del gobierno por su presuntos nexos con el paramilitarismo. Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Septiembre 24 de 2008, http://colectivodeabogados.org/NO-AVANZAN-LOS-PROCESOS-EN-CONTRA).

[6] ’Conmigo extraditaron la verdad’: Salvatore Mancuso en entrevista exclusiva. Revista Cambio, Mayo 28 de 2009, http://www.cambio.com.co/portadacambio/830/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5289247.html.

[7] Según nuestro seguimiento, 133 congresistas y ex congresistas han sido implicados con el paramilitarismo dentro del fenómeno conocido como la parapolítica que se inició en septiembre de 2007. Este seguimiento incluye congresistas y ex congresistas actualmente investigados, otros quienes han sido condenados o absueltos o donde la Corte se declaró inhibido, además de los casos donde no se tiene información de que si se adelanta investigaciones judiciales en su contra. Los congresistas y ex congresistas incluyen los siguientes: Germán Aguirre Muñoz, Héctor Julio Alfonso López, Luís Fernando Almario Rojas, César Augusto Andrade Moreno, Enrique Emilio Ángel Barco, Álvaro Araújo Castro, Álvaro Araújo Noguera, Luís Elmer Arenas Parra, Rocío Arias Hoyos, Pompilio de Jesús Avendaño Lopera, Manuel Darío Ávila Peralta, Víctor Renan Barco López, Carlos Emiro Barriga Peñaranda, Armando Alberto Benedetti Villaneda, Muriel de Jesús Benito-Revollo Balseiro, Musa Besaile Fayad, Vicente Blel Saad, Humberto Builes Correa, Rodrigo Burgos De la Espriella, Jorge Luís Caballero Caballero, Javier Enrique Cáceres Leal, Alfonso Antonio Campo Escobar, Manuel Antonio Carebilla Cuellar, Rafael Castillo Sánchez, Jorge Luís Castro Pacheco, David Char Navas, Juan José Chaux Mosquera, Carlos Arturo Clavijo Vargas, José María Conde Romero, Marco Alirio Cortés Torres, Juan Manuel Corzo Román, Alfredo Cuello Baute, Miguel Alfonso De la Espriella Burgos, Javier Ramiro Devia Arias, Iván Díaz Mateus, Jesús Doval Urango, Miguel Ángel Durán Gelvis, Ricardo Ariel Elcure Chacón, Dagoberto Emiliani Vergara, Eduardo Enríquez Maya, Jaime Espeleta Herrera, Jairo Fernández Quessep, Jorge Luís Feris Chadid, José del Rosario Gamarra Sierra, Gonzalo García Angarita, Carlos Armando García Orjuela, Álvaro García Romero, Lidio García Turbay, Guillermo León Gaviria Zapata, Luís Alberto Gil Castillo, José Eduardo Gnecco Cerchar, Luís Humberto Gómez Gallo, Juan Manuel González Bustos, Antonio del Cristo Guerra de la Espriella, José Guerra de la Espriella, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, Adriana Patricia Gutiérrez Jaramillo, Efrén Antonio Hernández Díaz, José Manuel Herrera Cely, Carlos Higuera Escalante, José María Imbett Bermúdez, Mauricio Jaramillo Martínez, Zulema Jattin Corrales, Óscar Mauricio Lizcano Arango, Jairo Alberto Llanos Gómez, Karelly Patricia Lara Vence, Juan Manuel López Cabrales, Alfonso López Cossio, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Jesús Mariemberg, Julio Manzur Abdala, Luis Emilio Martínez Rosales, Juan Carlos Martínez Sinistierra, Yidis Medina Padilla, Habib Merheg Marún, Jairo Enrique Merlano Fernández, Remberto Montes, Reginaldo Enrique Montes Álvarez, William Alfonso Montes Medina, Emith Montilla Echavarria, Manuel Guillermo Mora Jaramillo, Jorge Ignacio Morales Gil, Álvaro Morón Cuello, Erick Morris Taboada, Pedro Mary Muvdi Aranguena, Mario Salomón Náder Muskus, José De los Santos Negrete Flórez, Luís Carlos Ordosgoitia Santana, Estanislao Ortiz Lara, Myriam Alicia Paredes Aguirre, Mauricio Parodi Díaz, Pedro Peñalosa Londoño, Mauricio Pimiento Barrera, Eleonora Pineda Arcia, Miguel Pinedo Vidal, Rubén Darío Quintero Villada, Ciro Ramírez Pinzón, Alonso de Jesús Ramírez Torres, Jorge Luís Ramírez Urbina, Luís Alfredo Ramos Botero, Miguel Ángel Rangel Sosa, Fuad Emilio Rapag Matar, Juan Carlos Restrepo Escobar, Luís Carlos Restrepo Orozco, Óscar Josué Reyes Cárdenas, Alfonso Riaño Castillo, Guillermo Abel Rivera Flórez, Rodrigo de Jesús Roncallo Fandiño, Salomón Saade Abdala, Juan Pablo Sánchez Morales, Freddy Ignacio Sánchez Arteaga, Odín Horacio Sánchez Montes de Oca, Óscar de Jesús Suárez Mira, Fernando Tafur Díaz, Dixon Ferney Tapasco Triviño, Dilian Francisca Toro Torres, Edgar Ulises Torres Murillo, Luís Carlos Torres Rueda, Pedro Pablo Trujillo Ramírez, Mario Uribe Escobar, Antonio Valencia Duque, Luís Fernando Vanegas Queruz, Luis Fernando Velasco Chaves, Sandra Arabella Velásquez Salcedo, Jorge Visbal Martelo, Luís Eduardo Vives Lacouture, Joaquín José Vives Pérez, Oscar Leonidas Wilchez Carreño, Jaime Armando Yepes Martínez, Gabriel Ignacio Zapata Correa, Piedad Zuccardi de García. (Ver Anexo I).

[8] A saber, Luís Fernando Almario Rojas, Enrique Emilio Ángel Barco, Álvaro Araújo Castro, Álvaro Araújo Noguera, Rocío Arias Hoyos, Pompilio de Jesús Avendaño Lopera, Muriel de Jesús Benito-Revollo Balseiro, Vicente Blel Saad, Humberto Builes Correa, Rodrigo Burgos De la Espriella, Jorge Luís Caballero Caballero, Alfonso Antonio Campo Escobar, Jorge Luís Castro Pacheco, David Char Navas, Juan José Chaux Mosquera, Carlos Arturo Clavijo Vargas, Alfredo Cuello Baute, Miguel Alfonso De la Espriella Burgos, Miguel Ángel Durán Gelvis, Ricardo Ariel Elcure Chacón, Jorge Luís Feris Chadid, José del Rosario Gamarra Sierra, Gonzalo García Angarita, Carlos Armando García Orjuela, Álvaro García Romero, Guillermo León Gaviria Zapata, Luís Alberto Gil Castillo, José Eduardo Gnecco Cerchar, Luís Humberto Gómez Gallo, José Manuel Herrera Cely, Carlos Higuera Escalante, José María Imbett Bermúdez, Zulema Jattin Corrales, Karelly Patricia Lara Vence, Juan Manuel López Cabrales, Jairo Alberto Llanos Gómez, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Jesús Mariemberg, Luis Emilio Martínez Rosales, Juan Carlos Martínez Sinistierra, Jairo Enrique Merlano Fernández, Remberto Montes, Reginaldo Enrique Montes Álvarez, William Alfonso Montes Medina, Álvaro Morón Cuello, Erick Morris Taboada, José de los Santos Negrete Flórez, Luís Carlos Ordosgoitia Santana, Mauricio Pimiento Barrera, Eleonora Pineda Arcia, Miguel Pinedo Vidal, Rubén Darío Quintero Villada, Ciro Ramírez Pinzón, Alonso de Jesús Ramírez Torres, Jorge Luís Ramírez Urbina, Miguel Ángel Rangel Sosa, Óscar Josué Reyes Cárdenas, Alfonso Riaño Castillo, Rodrigo de Jesús Roncallo Fandiño, Salomón Saade Abdala, Freddy Ignacio Sánchez Arteaga, Odín Horacio Sánchez Montes de Oca, Juan Pablo Sánchez Morales, Óscar de Jesús Suárez Mira, Dixon Ferney Tapasco Triviño, Edgar Ulises Torres Murillo, Luís Carlos Torres Rueda, Mario Uribe Escobar, Luis Fernando Velasco Chaves, Luís Eduardo Vives Lacouture, y Oscar Leonidas Wilchez Carreño. (Ver Anexo I).

[9] A saber, Luís Fernando Almario Rojas, Álvaro Araújo Castro, Álvaro Araújo Noguera, Rocío Arias Hoyos, Pompilio de Jesús Avendaño Lopera, Vicente Blel Saad, Muriel de Jesús Benito-Revollo Balseiro, Musa Besaile Fayad, Humberto Builes Correa, Rodrigo Burgos De la Espriella, Jorge Luís Castro Pacheco, Juan José Chaux Mosquera, Carlos Arturo Clavijo Vargas, Miguel Ángel Durán Gelvis, Ricardo Ariel Elcure Chacón, Jorge Luís Feris Chadid, José del Rosario Gamarra Sierra, Gonzalo García Angarita, Carlos Armando García Orjuela, Álvaro García Romero, Guillermo León Gaviria Zapata, Luís Alberto Gil Castillo, José Manuel Herrera Cely, Carlos Higuera Escalante, José María Imbett Bermúdez, Zulema Jattin Corrales, Karelly Patricia Lara Vence, Jairo Alberto Llanos Gómez, Juan Manuel López Cabrales, Jesús Mariemberg, Juan Carlos Martínez Sinistierra, Habib Merheg Marún, Reginaldo Enrique Montes Álvarez, Álvaro Morón Cuello, Erick Morris Taboada, Mauricio Pimiento Barrera, Rubén Darío Quintero Villada, Ciro Ramírez Pinzón, Alonso de Jesús Ramírez Torres, Miguel Ángel Rangel Sosa, Alfonso Riaño Castillo, Rodrigo de Jesús Roncallo Fandiño, Salomón Saade Abdala, Odín Horacio Sánchez Montes de Oca, Juan Pablo Sánchez Morales, Dixon Ferney Tapasco Triviño, Edgar Ulises Torres Murillo, Sandra Arabella Velásquez Salcedo, Luís Eduardo Vives Lacouture, Oscar Leonidas Wilchez Carreño. (Ver Anexo I).

[10] A saber, Héctor Julio Alfonso López, Luís Fernando Almario Rojas, Enrique Emilio Ángel Barco, Álvaro Araújo Castro, Pompilio de Jesús Avendaño Lopera, Vicente Blel Saad, Humberto Builes Correa, Jorge Luís Caballero Caballero, Alfonso Antonio Campo Escobar, Jorge Luís Castro Pacheco, David Char Navas, Alfredo Cuello Baute, Miguel Alfonso De la Espriella Burgos, Gonzalo García Angarita, Carlos Armando García Orjuela, Álvaro García Romero, Guillermo León Gaviria Zapata, Luís Alberto Gil Castillo, Luís Humberto Gómez Gallo, Adriana Patricia Gutiérrez Jaramillo, José Manuel Herrera Cely, Zulema Jattin Corrales, Jairo Alberto Llanos Gómez, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Julio Manzur Abdala, Juan Carlos Martínez Sinistierra, Habib Merheg Marún, Jairo Enrique Merlano Fernández, William Alfonso Montes Medina, Álvaro Morón Cuello, Miguel Pinedo Vidal, Rubén Darío Quintero Villada, Ciro Ramírez Pinzón, Miguel Ángel Rangel Sosa, Alfonso Riaño Castillo, Dixon Ferney Tapasco Triviño, Edgar Ulises Torres Murillo, Luís Carlos Torres Rueda, Mario Uribe Escobar, Antonio Valencia Duque, Jorge Visbal Martelo, Oscar Leonidas Wilchez Carreño. (Ver Anexo I).

[11] A saber, Álvaro Araújo Castro, Pompilio de Jesús Avendaño Lopera, Vicente Blel Saad, Jorge Luís Castro Pacheco, Miguel Alfonso De la Espriella Burgos, Jorge Luís Feris Chadid, Carlos Armando García Orjuela, Álvaro García Romero, Luís Alberto Gil Castillo, José María Imbett Bermúdez, Álvaro Morón Cuello, Miguel Pinedo Vidal, Rubén Darío Quintero Villada, Ciro Ramírez Pinzón, Alonso de Jesús Ramírez Torres, Alfonso Riaño Castillo, Dixon Ferney Tapasco Triviño. (Ver Anexo I).

[12] A saber, Enrique Emilio Ángel Barco, Rocío Arias Hoyos, Muriel de Jesús Benito-Revollo Balseiro, Humberto Builes Correa, Jorge Luís Caballero Caballero, Alfonso Antonio Campo Escobar, Carlos Arturo Clavijo Vargas, Miguel Alfonso De la Espriella Burgos, José del Rosario Gamarra Sierra, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Eleonora Pineda Arcia, Jorge Luís Ramírez Urbina, Salomón Saade Abdala. (Ver Anexo I).

[13] A saber, Ricardo Ariel Elcure Chacón, Karelly Patricia Lara Vence, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Enrique Montes Álvarez, Erick Morris Taboada, Mauricio Pimiento Barrera, Luís Eduardo Vives Lacouture. (Ver Anexo I).

[14] Ver página oficial: http://www.colombiademocratica.com, última vez revisada 31/09/2009.

[15] Mario Uribe, freno a una cabalgata política. Élber Gutiérrez Roa, Abril 25 de 2008, http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/judicial/articuloimpreso-mario-uribe-freno-una-cabalgata-politica.

[16] Carlos García Orjuela, presidente de ’la U’, quinto jefe uribista detenido por parapolítica. El Tiempo, Julio 26 de 2008, http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-07-26/carlos-garcia-orjuela-presidente-de-la-u-quinto-jefe-uribista-detenido-por-parapolitica_4398110-1.

[17] Llevan expediente de la ’parapolítica’ ante la CIDH. Verdadabierta.com, Marzo 24 de 2009, http://www.verdadabierta.com/web3/parapolitica/1062-llevan-expediente-de-la-parapolitica-ante-la-cidh; Parapolítica afecta a más del 25 por ciento del Senado. Caracol Radio, Abril 1 de 2008, http://www.caracol.com.co/noticias/570956.asp.

[18] Según nuestro seguimiento de prensa, se trata de los siguientes congresistas: Antonio Valencia Duque (reemplazo del ex senador Álvaro Araújo Castro); Humberto Builes Correa (reemplazo del ex senador Reginaldo Enrique Montes Álvarez); Jorge Luís Castro Pacheco (reemplazo del ex senador Vicente Blel Saad); Vicente Blel Saad (reemplazo del ex senador Dieb Nicolás Maloof Cuse); Ricardo Ariel Elcure Chacón (reemplazo del ex senador Mario Uribe Escobar); Jairo Alberto Llanos (reemplazo del ex representante Enrique Emilio Ángel Barco); José María Conde Romero (reemplazo del ex representante Erick Morris Taboada); Juan Pablo Sánchez Morales (reemplazo del ex representante Jairo Alberto Llanos), Pedro Pablo Trujillo (reemplazo del ex representante Gonzalo García Angarita); Alonso de Jesús Ramírez Torres (reemplazo del ex representante Karelly Patricia Lara Vence); y Luis Fernando Vanega Queruz (reemplazo del ex representante Rodrigo de Jesús Roncallo Fandiño). (Ver Anexo I).

[19] Castas políticas de la Costa Atlántica, golpeadas por la parapolítica, alistan sus relevos. Revista Cambio, Agosto 13 de 2009, http://www.cambio.com.co/paiscambio/841/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5836407.html.