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Archive for December, 2008

El desplazamiento de la población civil es actualmente uno de los mayores problemas enfrentados por Colombia en el marco del conflicto armado, según el último informe publicado por el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR).

En el 2007, el CICR apoyó a 66.382 personas en situación de desplazamiento, entre ellas un 58% de víctimas de amenazas de muerte.

En total, la organización documentó 1.684 presuntas violaciones al Derecho Internacional Humanitario durante el mismo período. Los casos más comunes son los de desapariciones. Desde el 1994 y hasta diciembre del 2007, desaparecieron más de 4.400 personas en Colombia, y 379 en el 2007.

El informe menciona también 345 casos de ejecuciones sumarias, 44 tomas de rehenes y más de 200 víctimas civiles de minas antipersonal.

Los problemas humanitarios afectan primero a los más vulnerables, y entre ellos a las mujeres y a los niños. Durante el 2007, 57 casos de violencia sexual a las mujeres fueron registrados.

Por su parte, los niños y menores de 18 años, que representan un 52% de los desplazados, se ven además expuestos al reclutamiento de menores, aunque no sea posible conseguir cifras exactas de este último fenómeno.

BBC Mundo conversó con Yves Heller portavoz del Comité Internacional de la Cruz Roja en Bogotá, Colombia.

 


¿Qué tan grave es la situación humanitaria en Colombia en estos momentos?

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) está bien preocupado por la situación humanitaria. Nosotros manejamos unas cifras sobre las consecuencias humanitarias del conflicto, que sin embargo no son exhaustivas.

 

Yves Heller del Comité Internacional de la Cruz Roja en Bogotá, Colombia en la redacción de BBC Mundo.
 Creo que cualquier proceso que puede contribuir a un mejor respecto del derecho internacional humanitario es positivo. 
Yves Heller Cruz Roja, Colombia

 

 

Por ejemplo, si uno habla de la situación de los desplazados, unas fuentes (que no son del CICR) hablan del desplazamiento de entre 2 y 3,5 millones de personas desde que se inició el conflicto armado.

 

EL CICR no es competente para hablar de estas cifras, pero lo que podemos hacer es hablar de los desplazados que recibieron ayuda humanitaria del CICR. En el 2007, 66 000 personas recibieron ayuda, lo que representa más o menos un aumento del 6 % con relación al 2006.

Esto se debe a varias cosas. Primero, el conocimiento de las organizaciones humanitarias, los servicios de orientación que está ofreciendo el Estado.

 

Pero demuestra también que hay una dinámica, que la problemática del desplazamiento es grave. La mayoría de los desplazados son niños, 53 % según nuestras estadísticas.

Otras consecuencias humanitarias son por ejemplo los desaparecidos. Según cifras no exhaustivas del CICR, desde el 1994 y hasta el 2007, hubo 4.400 desaparecidos.

Según su informe, el peor tema en este ámbito humanitario es el de los desplazados. ¿Existe en Colombia la conciencia de la gravedad de este tema? Usted cree que los medios lo reflejan bien y que el colombiano medio tiene sensibilidad frente a este tema?

Yo no sé si es el peor, es difícil decir que una situación humanitaria es peor que otra. Es la principal consecuencia del conflicto sobre la cual nosotros queremos comunicar, porque primero afecta a tantas personas y segundo es una movilización nuestra importante a nivel de asistencia.

 

 En los últimos diez años, la Cruz Roja ha brindado asistencia a un millón de desplazados. Entonces sí es una gran preocupación nuestra. 

 

 

En los últimos diez años, la Cruz Roja ha brindado asistencia a un millón de desplazados. Entonces sí es una gran preocupación nuestra.

Hace poco, el CICR completó un estudio con el programa mundial de alimentos de las Naciones Unidas sobre la situación socio-económica de los desplazados y creo que hay puntos positivos también: lo que ha hecho el gobierno a nivel de la vacunación de los niños por ejemplo, el acceso a la salud, a la educación.

Sin embargo, el problema es tan grande que hay que trabajar más, movilizando los actores, tanto del gobierno como de la sociedad civil, para que colaboren con nosotros y para brindar apoyo a esta población tan vulnerable.

En Colombia hay mucha sensibilidad frente al tema del secuestro, lo que está muy bien. Pero no se percibe igual sensibilización frente a otros temas como este del desplazamiento y sobre la desaparición forzada. ¿Cómo ve esto?

Por eso el CICR hizo una campaña sobre los desplazados hace poco tiempo, para seguir sensibilizando la opinión pública sobre los efectos de desplazamiento forzado.

¿A qué cree que se debe que haya mucha más sensibilidad hacia el tema del secuestro y menos hacia otros?

Es difícil para el CICR evaluar eso. Creo que existe cierta situación que está contribuyendo a esto, pero hay una sensibilización de parte de los medios y del gobierno.

Como le dije, el gobierno colombiano está haciendo mucho más para los desplazados.

¿Han tenido respuesta de los grupos ilegales? En por ejemplo aceptar lo que el CICR hace sobre el tema del desplazamiento y ver si es posible cambiar las situaciones que están provocando?

Como organización neutra e imparcial, el CICR tiene un diálogo confidencial con todas las partes: el gobierno y los grupos armados.

 

Entramos en contacto con ellos. Tenemos más o menos 60 delegados que están en las zonas más afectadas por el conflicto armado.

Hay dos razones: la parte prevención, que es la promoción del derecho internacional humanitario y la parte operacional, que es explicar el trabajo del CICR para que podamos tener acceso a las víctimas para llevar a cabo nuestras actividades de protección y asistencia.

De parte de los grupos ilegales, ¿ha habido respeto por sus actividades? ¿Les han permitido tener contacto con las víctimas?

Hasta ahora, creo que es unos de los privilegios que tenemos en Colombia.

 

 Hay una aceptación de la acción humanitaria neutral e imparcial del CICR, tanto de parte del gobierno como de los grupos armados. 

 

Hemos tenido problemas en el pasado, pero hablando en términos generales, hay una aceptación de la acción humanitaria neutral e imparcial del CICR, tanto de parte del gobierno como de los grupos armados.

Creo que lo hemos visto en las últimas liberaciones. Hay unas liberaciones más mediatizadas que otras.

Pero lo que vimos por ejemplo en la liberación de Clara Rojas y Consuelo González es que el CICR pudo actuar como actor neutral e imparcial para obtener las garantías de seguridad para llevar a cabo la liberación.

También es importante subrayar que el CICR tiene cierta experiencia en la liberación de rehenes. Esas liberaciones no son siempre muy mediatizadas.

Ahora se destaca todo lo que el CICR ha hecho bajo la mirada mediática, pero ¿ha habido también liberaciones más discretas?

Claro. Últimamente, en el (departamento) Chocó. Hace un mes, el CICR participó en la liberación de cuatro personas que estuvieron entre las manos de las FARC.

Eso lo hicimos de manera bastante discreta. En (el departamento) de Nariño también, el CICR participó en la liberación de seis personas que tenía el ELN.

Le voy a hacer una pregunta política así no pueda responderla. ¿Está el CICR en estos momentos involucrado en la liberación futura de los 50 presos políticos de las FARC: Ingrid Betancourt y los otros secuestrados que considera canjeables?

Todo lo que tiene que ver con un intercambio de detenidos o de rehenes es un proceso político que va a negociar el gobierno colombiano con las FARC.

 

 Todo lo que tiene que ver con un intercambio de detenidos o de rehenes es un proceso político que va a negociar el gobierno colombiano con las FARC. 

 

Entonces, el CICR no está implicado en esta parte de las negociaciones. Sin embargo ha dicho que puede ofrecer sus oficios como intermediario neutral e imparcial para facilitar la liberación de los rehenes.

Creo que cualquier proceso que puede contribuir a un mejor respeto del derecho internacional humanitario es positivo. Todo lo que tiene que ver con una negociación política, un intercambio, es un proceso político entre el gobierno y las FARC, por lo cual el CICR no se puede involucrar.

Usted ha hablado de la atención de los medios y fuera de Colombia, hay ciertas partes del conflicto colombiano, ciertas consecuencias que son muy conocidas, pero ¿cree usted que el mundo conoce la realidad del conflicto colombiano?

 

 Eso es el objetivo del informe: comunicar sobre la vulnerabilidad de la población civil en el conflicto armado colombiano. 

 

Es una pregunta muy buena. Y por eso el CICR publica un informe anual que tiene como objetivo principal sensibilizar la opinión pública a las consecuencias humanitarias de este conflicto.

En este informe, hemos hablado mucho de la situación de los desplazados.

Hemos visto que en los 2 primeros meses del 2008, tuvimos que brindar apoyo a más de 18.000 personas, lo que nos parece una cifra bastante alta en relación con el año pasado. Entonces sí hay una preocupación de esta situación.

Hay una preocupación también de los desaparecidos, de sus familiares, de los rehenes que viven en condiciones muy difíciles, de sus familiares que tienen que esperar su liberación meses o años, de las víctimas de minas, de las mujeres víctimas de la violencia sexual en el marco del conflicto armado.

Ese es el objetivo del informe: comunicar sobre la vulnerabilidad de la población civil en el conflicto armado colombiano.

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Hernando Salazar 
BBC Mundo, Bogotá

Nuevamente hay polémica sobre las magnitudes del desplazamiento forzado de personas en Colombia. Y en la controversia participan el gobierno, las organizaciones no gubernamentales (ONG) y las agencias humanitarias.

Según la ONG Consejería para los Derechos Humanos y el Desplazamiento Forzado, Codhes, 270.000 colombianos tuvieron que desplazarse en el primer semestre de 2008, lo cual implicó un aumento del 41% frente al mismo período de 2007.

Pero un vocero de la agencia presidencial Acción Social, encargada de atender a los desplazados, le dijo a BBC Mundo que no cree en esas cifras.

Mientras Codhes estima que hay unos 4 millones de desplazados en Colombia, Acción Social reporta que tiene inscritas a 2,6 millones de personas.

 

Jorge Rojas, director de Codhes
 Los éxodos en masa indican que hay una presión violenta contra población civil en muchas regiones del país 
Jorge Rojas, director de Codhes

 

Armando Escobar, un consultor de Acción Social, le dijo a BBC Mundo que se han detectado “personas inescrupulosas” que se inscriben como desplazadas y también familias que ya estaban registradas y lo volvieron a hacer.

Entre tanto, Gustavo Valdivieso, vocero en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, pide que “no se politice” el tema de las cifras y subraya en que el problema de fondo es cómo “se atienda a los desplazados”.

Al presentar un balance sobre el fenómeno, el director de Codhes, Jorge Rojas, declaró a BBC mundo que el primer semestre de 2008 se presentaron 66 desplazamientos masivos, que afectaron a 33.251 personas.

“Los éxodos en masa indican que hay una presión violenta contra población civil en muchas regiones del país y que sigue siendo crítico el tema de las fumigaciones de los cultivos ilícitos”, añadió Rojas.

Reclutamiento forzado

Según el experto, los desplazamientos forzados se están produciendo por culpa de los grupos paramilitares y guerrilleros, y por prácticas como el reclutamiento masivo.

En esto coincide Valdivieso, quien dice que “cada vez son más frecuentes las historias de personas que se desplazaron para evitar que sus hijos o hijas fueran reclutadas”.

En cambio, Armado Escobar, de Acción Social, no cree que se haya presentado el aumento que reporta Codhes, ni tampoco que haya crecido el reclutamiento forzado.

 

 Buena parte del aumento del desplazamiento en 2007 y 2008 corresponde a procesos de reacomodación de hogares 
Armando Escobar, consultor de Acción Social

 

“Buena parte del aumento del desplazamiento en 2007 y 2008 corresponde a procesos de reacomodación de hogares. Esto quiere decir que muchas familias que ya estaban registradas como desplazadas, se dividieron y volvieron a inscribirse con otros miembros”, dice Escobar.

Según el consultor de la agencia presidencial, del último medio millón de nuevos registros de desplazados, 160.000 corresponden a personas que ya se habían inscrito antes.

Pero, además, relata Escobar, “este año empezamos a sentir que se ha incrementado de manera importante el fraude en el registro. Hay mucha gente que logra ingresar sin ser desplazada”.

 

Operativo de destrucción de cultivos ilicitos. 

Las fumigaciones de los cultivos ilícitos contribuyen al problema dice Cohdes.

Eso se explica, de acuerdo con el consultor, en que muchos pobres “ven que ser desplazado implica ventajas en materia de salud, educación y vivienda”. 

“Incontestable”

En dialogo con BBC Mundo, Gustavo Valdivieso afirma que “es incontestable que hay un aumento de los desplazados”, pero precisa que la situación no es la misma en todas las regiones de Colombia.

El vocero de ACNUR dice que hay regiones donde el desplazamiento ha bajado y otras donde está aumentando, al tiempo que advierte que el aumento de las minas antipersona es una nueva causa del fenómeno.

De otra parte, Codhes dice que la situación socioeconómica de los desplazados es “crítica” y que el 81% de ellos están en la indigencia.

 

Por el contrario, Acción Social revela que un millón de desplazados (280.000 familias) están vinculadas al Programa Presidencial Familias en Acción, que otorga subsidios de nutrición y educación a los hijos menores de 18 años.

Mientras sigue la polémica por las cifras, los desplazados colombianos, que perdieron más de cinco millones de hectáreas a manos de los grupos armados ilegales, hasta ahora apenas han recibido un poco más de 60.00 hectáreas.

http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/latin_america/newsid_7645000/7645341.stm

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El 2 de diciembre de 1993 se creía concluido el capítulo del narcotráfico. Pero sólo había cambiado sus rostros. Mientras el país asistía al derrumbe del cartel de Cali, los antiguos socios de Escobar reestructuraron el negocio. Tras la muerte del capo, ‘Don Berna’ se convirtió en el heredero del cartel de Medellín.

Hace 15 años, cuando Pablo Escobar Gaviria fue abatido por la Policía en el tejado de una casa del barrio Los Olivos en la capital antioqueña, en el imaginario del país se le había dado el ‘jaque mate’ al cartel de Medellín y la tarea inmediata para pasar la amarga noche del narcotráfico en Colombia, era hacer lo propio con el cartel de Cali. Hoy está claro que mientras el país volcó sus ojos hacia los narcos del Valle, en Antioquia y Córdoba se vivió un reciclaje en el mundo de la droga que el Estado no neutralizó a tiempo y hoy sigue lamentando.

Cuando Escobar Gaviria fue dado de baja por el Bloque de Búsqueda el jueves 2 de diciembre de 1993, si bien conservaba una desalmada estructura terrorista, ciertamente era un capo acorralado. Las fuerzas del Estado, apoyadas por la DEA y la CIA de Estados Unidos no le daban un respiro en Antioquia. Pero ya no es un secreto referir que el talón de Aquiles del narcotraficante surgió de las propias entrañas de la droga: el grupo Perseguidos por Pablo Escobar (‘Pepes’), que aplicando sus mismos métodos logró hacerlo vulnerable y propiciar su muerte violenta.

Sin embargo, cuando cayó Escobar y tanto el Estado como la justicia norteamericana enfilaron sus armas hacia el cartel de Cali, los clandestinos ‘Pepes’ volvieron a sus andanzas sin que las autoridades extremaran esfuerzos por erradicarlos. A mediados de 1994, seis meses después de la muerte de Escobar, ya el país estaba inmerso en el escándalo de los narcocasetes que dio lugar al sonado Proceso 8.000, y las autoridades se enfocaron en desbaratar la organización de los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, cabezas visibles del cartel de Cali.

Entre 1994 y 1996, los colombianos asistieron al derrumbe de este imperio criminal y los principales capos de Cali fueron capturados. Ante esta ofensiva, la mayoría de los narcos del norte del Valle optaron por entregarse a la justicia y negociar una laxa condena que les permitió seguir manejando sus negocios ilícitos desde las cárceles. Fue la misma época en que el Proceso 8.000 intentaba develar los nexos entre el cartel de Cali y la sociedad colombiana. Un capítulo que nunca se cerró totalmente, como tampoco se hizo con los antiguos socios del cartel de Medellín.

Pero mientras el país celebraba el apresamiento de los Rodríguez Orejuela o José Santacruz, y veía cómo otros capos menos conocidos dejaban conocer sus rostros, los viejos cómplices de Escobar, después mimetizados como ‘Pepes’, avanzaban en su nueva etapa de narcos con discurso político. En otras palabras, mientras Orlando Henao, Henry Loaiza, Juan Carlos Ramírez, Víctor Patiño o Élmer Pacho Herrera protagonizaban en la pantomima de su rendición ante la justicia, los herederos del cartel de Medellín perfeccionaban su tránsito hacia las autodefensas.

El caso más claro lo representó Diego Murillo Bejarano, más conocido como Don Berna. Un maleante que se inició como jefe de seguridad de Gerardo Moncada y Fernando Galeano y que, tras el asesinato de éstos por orden de Pablo Escobar, se alió con los hermanos Fidel, Carlos y Vicente Castaño, para conformar el grupo de los ‘Pepes’. Fue precisamente Don Berna el hombre que hizo el contacto con la gente del norte del Valle y de Cali, y tras la muerte de Escobar, heredó el poder clandestino del narcotráfico en Medellín y en Antioquia.

Don Berna además cooptó dos frentes fundamentales del poder mafioso en los tiempos de Escobar: la Oficina de Cobro de Envigado, dedicada a dosificar los ajustes de cuentas en el negocio del narcotráfico, y la terrible banda de ‘La Terraza’, que poco a poco se encargó de exterminar a otras pandillas en los municipios del Valle de Aburrá. Esta organización era controlada por Elkin Sánchez Mena, quien al convertirse en una amenaza para el poder absoluto de Murillo Bejarano, fue asesinado en una sangrienta emboscada en Córdoba.

De esta manera, Don Berna y su lugarteniente Fabio Orión se convirtieron en el poder del narcotráfico en Antioquia, pero como tanto a él como a sus cómplices les resultaba imposible sostener una organización criminal al estilo delsupuestamente desaparecido cartel de Medellín, Murillo Bejarano terminó sumándose al proyecto nacional que ya solidificaban sus antiguos socios, los hermanos Castaño. De esta manera, con la base de la banda de ‘La Terraza’, pero ya como una estructura política y militar, surgió el Bloque Cacique Nutibara de las autodefensas.

A su vez, en otro sector de Medellín, Carlos Mauricio García Fernández, un ex militar experto en acciones antiguerrilleras que también había participado en el grupo de los ‘Pepes’, le dio vida al Bloque Metro, apoyado en las cooperativas de seguridad Convivir y en las bandas delincuenciales para complementar el control de las autodefensas en Medellín y los municipios anexos. Detrás del poder de García, más conocido como Rodrigo Doblecero, estaban los hermanos Castaño y obviamente Diego Murillo Bejarano, alias Don Berna.

En otras palabras, entre 1993, año de la muerte de Pablo Escobar Gaviria, y 1997, mientras el país estaba concentrado en asistir al supuesto desplome de los carteles de Cali y el norte del Valle, desde Antioquia y Córdoba, avanzando hacia Sucre, Magdalena, Cesar, Chocó, Bolívar o Santander, con la misma base del antiguo cartel de Medellín y sin renunciar al tráfico de estupefacientes, tomaba forma y se expandía a sus anchas la organización que hizo tristemente célebre a Carlos Castaño: las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc).

Poco a poco el país fue conociendo las identidades de otros personajes que habían pasado de agache en la guerra del narcotráfico de finales de los años ochenta. Carlos Mario Jiménez, alias Macaco, quien llegó a ser el mandamás en la zona del bajo Cauca antioqueño; Ramiro Vanoy, alias Cuco Vanoy, otro personaje que se inició con Gonzalo Rodríguez Gacha y se recicló en el paramilitarismo; y en general una sucesión de narcoparamilitares que siempre encontraron formas legales y políticas para esconder su verdadera fachada de narcotraficantes.

El punto de quiebre lo vio la justicia norteamericana cuando empezó a requerir en extradición, por delitos de narcotráfico, a los jefes reconocidos del paramilitarismo. Esta circunstancia no sólo cambió el ajedrez de los Castaño, Don Berna, Macaco, Cuco Vanoy o Daniel Rendón, alias Don Mario entre otros, sino que precipitó el primer cisma en el interior de la organización, a su vez convertido en conyuntura inaplazable: o desactivar el negocio del narcotráfico y negociar una rendición con el Estado, o persistir en el negocio ilícito y buscar una fórmula jurídica para sellar la impunidad judicial.

El desenlace es suficientemente conocido. Los jefes de las autodefensas que quisieron cortar sus nexos con el narcotráfico fueron asesinados, incluido Carlos Castaño y Rodrigo Doblecero. Otros optaron por entregarse, pero dejaron a sus segundos en la clandestinidad para seguir conservando el negocio. La mayoría fueron extraditados. Algunos prefirieron el rearme y su desafío es hoy la nueva cara de la Oficina de Cobro de Envigado, la banda de Don Mario, los negocios del Loco Barrera, el narcotráfico de siempre desdoblado en los herederos del mismo negocio que ayer encabezó Pablo Escobar.

Se dice que ya no hay organizaciones fuertes que puedan enfrentar al Estado, pero también las autoridades reconocen que el narcotráfico en Colombia está aún muy lejos de ser erradicado. Los cultivos ilícitos persisten, la exportación de cocaína sigue siendo un lastre en el exterior para Colombia y la guerra que protagonizan los grupos guerrilleros, las ‘Aguilas Negras’ u otras organizaciones al margen de la ley siguen pasando por el narcotráfico. Desde la multiplicación de mulas hasta los estragos del lavado de activos, la sombra de Escobar mantiene sus raíces en un país desgarrado por la droga.

http://www.elespectador.com/impreso/articuloimpreso95267-los-reciclajes-del-cartel-de-medellin?page=0,1

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Miguel Angel Herrera Zgaib
Director Grupo de Investigación Presidencialismo y Participación
Instituto Unijus. Departamento de Ciencia Política. Universidad Nacional 

“Y así como las verdades son singulares e incomparables, así también los acontecimientos azarosos, en los cuales hallan su origen, deben ser múltiples y separados por el vacío. El azar es plural, hecho que excluye la unicidad de la tirada de los dados. Es por azar que nos sobrevieneeste azar. En definitiva, la contingencia del Ser sólo se cumple  verdaderamente si también existe el Azar de los azares”. Alain Badiou.Deleuze. El clamor del ser, p. 110.  
 
 

La  reelección permitió que Álvaro Uribe Vélez continúe  siendo el mandatario de una república aérea, mientras la abstención  crece sin cesar en el jardín yermo de  una democracia marchita por la corrupción política abonada por diez años de narcotráfico y el terror. Esta es  la república sujeta al régimen para presidencial autoritario cuya genealogía  estudiamos en un libro colectivo anterior.1  

Sin embargo, la reelección y su régimen no es más la noticia,2 cuando el baile de máscaras del ciclo electoral pasado descubre por azar  los rostros de quienes fueron sus artífices y cómo movilizaron a la  minoría más numerosa,3 es decir, los empresarios del Colombian Dream de una regeneración  perversa apalancada en la parapolítica, y la euforia oligárquica debida a “la  recuperación, que siguió a la recesión económica de 1999, la más profunda de los últimos setenta y cinco años de la historia colombiana”.4 

Aquí y ahora, la caída  del velo de la ignorancia nacional que muestra el reino bestial de la realpolitik  del bloque en el poder, le mata el sueño al más caracterizado de sus publicistas y a la corte de sus áulicos civiles y militares inmediatos, aunque el Neo-presidencialismo permanezca resguardado  por el antifaz del Estado comunitario inoculado  como el modelo de convivencia y desarrollo desde las regiones  en reemplazo del paraíso de la igualdad prometida por el  Estado social de derecho..  

El verdadero libreto  es la guerra corporativa prolongada, amplificada por el oligopolio mediático que la mercadea como  portadora de la seguridad para las ciudades asediadas por ‘los bárbaros narcoterrroristas’. Desde la sombra se chantajea con el terror de los falsos positivos a la sociedad del espectáculo para convertirla en un sujeto homogéneo: la ciudadanía del miedo  pastoreada por el biopoder en red que acude al uso sistemático de  la radio y la televisión pública y privada al servicio de un profeta armado.5  

Reelección, Multitud  y Parapolítica regional.

“Yo viví todo eso y jamás se me va a olvidar. Las motosierras, los muertos, las extorsiones y las vacunas. Ahora lo que estoy haciendo es limpiando mi alma”. Jairo Castillo Peralta, exparamilitar de Sucre, en entrevista con revista Semana, noviembre 20, 2006. Bogotá, p. 64. 

Un  azar  revelador es el colofón de los cien días de la  segunda presidencia de Álvaro Uribe Vélez. El azar de los azares fue la incautación del computador de Jorge 40,6 cuyos archivos encriptados documentan y descubren la parapolítica como estrategia paralela de gobernación en cuatro departamentos costeños  donde se impuso una relación de dominación de hecho entre terratenientes, agroempresarios y políticos, eficaz aunque no sea legal, ni legítima políticamente. 7  

Ella es el modelo que gobierna como para-Estado las regiones de máximos contrastes entre pobreza y riqueza durante las tres últimas presidencias, y con cruenta parsimonia teje la contrarreforma política que conquiste a las ciudades, fundada en el credo constitucional neoliberal. Es el programa estratégico que juntó en dos tiempos, con un paréntesis de simulacros de paz,8 el esfuerzo de los césares y álvaros  de la decadencia como siervos voluntarios de la economía de libre mercado imperial.9  

Ahora, el  desmonte judicial truculento de este reality show tiene como antecedente una rivalidad  en la cúpula de la rama jurisdiccional del poder público que creyó dirimir el presidente reelecto en su discurso de posesión el pasado 20 de julio, cuando a propósito de la tutela contra sentencias judiciales dijera: “La Corte Constitucional, como guardián específico de la Carta, debe conocer las acciones de tutela”. Esta conjetura la negó el presidente de la sala penal de la Corte, Mauro Solarte preguntado por María Isabel Rueda, a lo que contestó: “es una versión absolutamente perversa…Nada más alejado de la realidad”.10  

Esta acción sorpresiva de activismo político explícito de la Corte, según el dicho del mismo magistrado, tuvo en cambio como causa eficiente: “un filón probatorio, que sólo se vino a presentar desde hace poco con la denuncia formulada por la doctora Clara López Obregón”, una perdedora en las elecciones para Congreso del 14 de marzo.11 Sin embargo, el hilo conductor que unifica las relaciones entre política y paramilitarismo empieza a descubrirse  con el aseguramiento que la sala penal de la Corte Suprema de Justicia  ordenó contra dos senadores, Álvaro García Romero y Jairo Merlano,12 y un representante, Eric Morris Taboada,13 oriundos del departamento de Sucre, presuntos asociados del jefe paramilitar Jorge 40.  

Este acontecimiento de apariencia azarosa ocurrió a los pocos días  del sonado debate del Polo Democrático Alternativo (PDA) contra el gobierno recién reelecto. Aquel miércoles 18 de noviembre, el senador Gustavo Petro como vocero de la bancada del PDA destapó con extrema cautela “esa olla podrida de la política amangualada con el paramilitarismo”.14  El coro trágico de los tres congresistas citantes revisó los últimos episodios de la saga  parapolítica recitando cifras macabras: 3.004 asesinatos cometidos por los paramilitares15, el secuestro de 300 personas,  el crecimiento de la producción y comercio ininterrumpido de cocaína en las zonas de control para, amén de cómo se infló de 15.000 a 31.000 la cuenta de los desmovilizados de las Auc durante la negociación de la paz neurótica  que encauza los oficios pagados de un consejero psiquiatra.  

Por su parte, la pírrica defensa de la paz rocambolesca con las Auc, a cargo del ministro del Interior, el vallecaucano Carlos Holguín Sardi, ex jefe conservador de la coalición uribista en el poder, tan solo atinó a esgrimir como gran argumento que en la reducción de 30 mil a 18 mil homicidios de los últimos cuatro años,  las autodefensas jugaron un papel fundamental.16

En los críticos cien días de la crisis institucional, Mario Iguarán Arana, primero viceministro de Justicia y ahora Fiscal General, reconoció la nociva acción de Armando Martí,  el Rasputín caído de la burocracia que vigila la seguridad del país.17 Repuesto del escándalo, el Fiscal escuchó a Rafael García, jefe de informática del Das para esclarecer las relaciones de Rodrigo Tovar Pupo, Jorge 40 con políticos y funcionarios; y llamó a indagatoria al ausente ex director del Das, Jorge Noguera, a quien  la Procuraduría General ya había acusado por la entrega de información secreta y  supresión de antecedentes criminales a paramilitares. A Noguera lo defendió siempre el presidente Uribe, y lo mantuvo en el cargo durante tres años. Ahora entre “mentiras y silencios”, él mismo  pide que se presente ante la citación que le hace Fiscalía.18  

El debate del PDA en el Congreso produjo, en medio de la farsa del terror el segundo acto eficaz de la oposición legal catapultada por el empuje democrático de la multitud que ha resistido por todos los medios biopolíticos a su alcance. La contra ola democrática de la ciudadanía multitud contribuyó a la seguidilla de éxitos electorales del Polo hasta obtener la segunda votación presidencial  para Carlos Gaviria Díaz,  y antes darle el triunfo a Luis Eduardo Garzón en la Alcaldía de Bogotá; y en dos escenarios de poderío paramilitar, los departamentos del Valle y Antioquia, donde Angelino Garzón obtuvo la gobernación del Valle, y la ciudad de  Medellín, donde  ganó el independiente Serio Fajardo.  

En lo regional, Carlos Gaviria pudo arrebatarle el triunfo a Uribe Vélez en dos departamentos estratégicos, Nariño y Guajira. La resistencia democrática movilizada avanza simultáneamente desde el norte y el sur recuperando poblaciones de manos de los señores de la guerra. Así, el nuevo polo de izquierda consuma el quiebre histórico del  bipartidismo desde abajo,19  organizando a parte de la base social de trabajadores y pobres controlados antes por la consociación oligárquica del Frente Nacional.  

Sin embargo,  la disolución del antiguo bloque en el poder también ocurrió arriba, la recomposición de su dirigencia, que tomó un curso perverso bajo las banderas de la disidencia liberal que triunfó en el 2002. Este rumbo degenerado lo documenta bien la parapolítica cuya historia el presidente Uribe, luego de un silencio calculado, pide que  sea contada20. El primero en ‘confesarse’ fue el senador uribista Miguel de la Espriella,21 quien contó apartes de la reunión seminal con medio centenar de políticos y empresarios costeños convocada por los paramilitares en Santa Fe de Ralito en 2001, donde por ‘coincidencia’ se situaron luego las negociaciones de paz con las Auc.   

El senador de Colombia Democrática, quien dijo no ser paramilitar, sí reveló con vacíos que: “Ahí estuvieron congresistas, gobernadores, alcaldes, concejales, diputados y en ese momento nos hablaron (Carlos) Castaño y Mancuso y (dos) profesores venidos de la Sorbona”. La reunión terminó con la firma de un documento que los comprometía  a defender “la tesis de las autodefensas” creando un movimiento comunal y político que “propendiera por un proceso de paz con las autodefensas”.22 Lo dicho es confirmado el mismo día por Julio Manzur, jefe actual del Conservatismo, quien supo de la reunión, y la exrepresentante Eleonora Pineda,23 quien no sólo firmó el documento, “sino otros porque los consideré importantes para la paz del país”.24 

El segundo en hablar a medias, Luis Carlos Ordosgoitia, a quien el presidente Uribe le dijo: “cuente toda la verdad”. Él obró como puente entre los paramilitares dirigidos por Salvatore Mancuso y Carlos Castaño y los presidentes de la transición reaccionaria. Andrés Pastrana, en su libro La palabra bajo fuego, consignó la verdad oficial: los paramilitares a través del representante Ordosgoitia y el ganadero Rodrigo García Caicedo solicitaron hablar con el gobierno en 1999, y aquel les puso entonces dos condiciones: no más masacres ni narcotráfico. Estas conversaciones terminaron en Cancún a finales de 2000,  cuando intervinieron Felipe González y Gabo. 

De otra parte, las figuras de la oposición al gobierno actual, el senador liberal Juan Fernando Cristo resaltó que la reunión de 2001 coincide “con el comienzo de la desbandada de congresistas liberales hacia la campaña del presidente Uribe”.  Mientras que el senador Gustavo Petro les pidió a los congresistas y demás implicados  renunciar de inmediato a sus cargos y curules, y la senadora Piedad Córdoba exigió la renuncia del presidente y la revocatoria del congreso actual elegidos fraudulentamente. Otro senador del Polo, Jaime Dussán, en cambio, al unísono con el senador de la Espriella, propone conjurar el desastre del país político con una ley de punto final que trabaje basándose en una Comisión de la Verdad, y aquellos que resulten responsables  paguen condenas entre 5 y 10 años para cauterizar las venas abiertas de Colombia. 

Excepcionalidad de hecho  y terror urbano.

“Que la Fiscalía haya confirmado que al menos una de las denuncias sobre “falsos positivos” había resultado cierta es un hecho de inmensa gravedad para las Fuerzas Armadas. Y debe provocar reflexiones serias y de fondo –más allá de la consabida disculpa de que hay ‘algunas manzanas podridas’-, que permitan revisar desde el sistema de ascensos militares hasta lo que se entiende por inteligencia militar”. Editorial de El Tiempo, 23 de noviembre de 2006, p. 1-20. 

“En el aspecto interior, las doctrinas de ‘la guerra justa’ y ‘la guerra contra el terrorismo’ informan un régimen orientado a un control  social prácticamente total, que algunos autores han descrito como el paso del  Estado del bienestar al Estado de guerra…Estas nuevas formas de poder y control actúan en contradicción cada vez más flagrante con la nueva composición de la población, y sirven únicamente para bloquear las nuevas formas de productividad y de expresión de la ciudadanía”. Michael Hardt y Antonio Negri, Multitud, p. 39.

                                                 

            Al filo de los cien días, cuando el debate congresional catalizó la crisis política abierta por la votación electoral a favor de la izquierda legal,  la estrategia del terror paraestatal detonó una nueva carga, ahora en las barbas de la nueva cúpula cívico militar. Aunque no se esclarece aún quiénes fueron los autores determinantes del bombazo del Cantón Norte, el día en que el general Mario Montoya se reunía con  prestantes ejecutivos en la sede de la Universidad militar,  éste hecho indica el cierre de una cadena de acciones criminales, que objetivamente nutren el lado oscuro de la política, el estado de excepción de hecho con que la seguridad autoritaria que estimula el poder neo-presidencial buscó una estabilidad para  la gobernación del sistema político. 

El terror y parapolítica en lo regional operan conjuntamente desde la década de los 90. Está probado, por ejemplo, que el departamento de Sucre es un nodo de la  red de clientelismo armado que cubre a todos los departamentos de la Costa. Los ‘paras’ controlan esa red como nuevos señores de la guerra y guardianes del disfrute ‘pacífico’ del poder económico y político de las elites locales.25 

El  presidente tiene allí propiedades, y en Córdoba es dueño de su finca más preciada: El Ubérrimo.26 La otra cara de Sucre muestra que  8 de cada 10 personas son pobrísimas, el 64 por ciento de la población tiene necesidades insatisfechas, el ingreso diario per cápita es menor a $835, y el alcantarillado sólo llega al 30 por ciento.27  En menos de seis años esta población campesina y semirrural, que tiene como uno de sus padrinos al senador Álvaro García desde 1989, sufrió 16 masacres para someterla a la gobernación de un estado de excepción de facto, o a padecer el más cruel de los desplazamientos para proteger sus vidas del régimen del terror.  

Una de tantas masacres impunes, el asesinato de 15 personas en Macayepo, vincula al senador Álvaro García Romero y al ex gobernador de Sucre, Salvador Arana, contra quien se libró orden de captura después  del debate del PDA, y también fue  ya detenida la ex congresista Muriel Benito Revollo, objeto de denuncias como integrante del 30% de congresistas elegidos por voluntad de la parapolítica. Este macabro porcentaje lo reveló Vicente Castaño en la escandalosa audiencia ante el Congreso, no aceptó recluirse en el Centro vacacional de la Ceja junto a 19 comandantes paramilitares, y adujo que el gobierno no cumplió lo que las Auc pactaron con  el comisionado de paz  en Santa Fé de Ralito, cuando se desmovilizaron, después del asesinato de Carlos Castaño.   

La Fiscalía que investiga los montajes terroristas encontró el 22 de noviembre evidencias suficientes para imputarle al mayor Javier E. Hermida, y al capitán Luis E. Barrero su participación en el primer falso atentado del sur de Bogotá,  el 14 de julio pasado. El juez de control de garantías rechazó su aseguramiento porque los indicios son insuficientes. Antes el presidente y el ministro de Defensa defendieron a los mismos oficiales negando la existencia de falsos positivos, después de una rueda de prensa en la que el ministro y el comandante del Ejército afirmaron lo contrario. El quinto acto terrorista el presidente lo atribuyó a las Farc, y le sirvió para cancelar ipso facto,  sin pronunciamiento judicial previo,  la negociación del Acuerdo Humanitario con la guerrilla. La Fiscalía  anuncia que contra  Hermida y Barrero formulará acusación en 30 días.  

Entretanto, el supremo comandante de las FF.MM.,  al filo de practicar el estado de excepción permanente,28 ordena en un consejo de seguridad que se judicialice al secretario de Gobierno de Buenaventura por presuntos actos delictuosos; y antes arengando en el sitio del último atentado demanda fortalecer la inteligencia en los operativos militares para rescatar a los secuestrados y  la persecución frontal a Vicente Castaño para capturarlo, cuyo colofón fue cuestionar la indagación de los falsos positivos, que derivan en acusaciones injustas que sólo buscan eliminar las redes de informantes que han ayudado a evitar actos terroristas.29  

Hoy,  al caer la máscara de la parapolítica es la paz y la verdad las que sufren un desgarrador aplazamiento, y la biopolítica de la sociedad, esto es, la posibilidad de una real democracia experimenta una nueva amenaza. El Neo presidencialismo, descubierta su contracara oculta, suena y truena para continuar en el sucio juego de la guerra civil no declarada.   

Para que esta batalla crucial con la regeneración reaccionaria favorezca la construcción de la democracia hay el signo esperanzador del éxito obtenido por el PDA que eligió a la mayoría de delegados al Primer Congreso Nacional con una votación de 555.302 ciudadanos, de los cuales algo más de 95.000 lo hicieron en Bogotá. Según su presidente, existen tres objetivos claros: consolidar la unidad, “ser una opción real de poder en el 2010 y ganar mayor poder local en el 2007.”30 Hay nubarrones en esta trayectoria, cuando se auscultan los intereses de sus dirigentes Lucho y Angelino, los Garzones, porque con ellos “hay mucha gente que tiene que tomar una decisión: pertenecer al Polo o no pertenecer al Polo”.  El mismo  Gaviria advierte: “Hay que evitar la ambigüedad. Nuestra propuesta es tan sólida, seria y tan responsablemente formulada que muchos sectores del liberalismo, hasta del conservatismo o no alineados van a venir a reforzar al Polo”.31    

Entretanto, en la dirección del otro polo, el Partido de la U,  ápex  de los movimientos uribistas, contrasta en los resultados de su primer congreso con los del polo de la izquierda. Se declaró una disidencia de cinco, que se disminuyó con la defección del representante Mauricio Lizcano, y de la que son parte Gina Parody,  Martha Lucía Ramírez, Armando Benedetti y Nicolás Uribe. Estos amenazan con demandar el congreso que hizo una reforma a los estatutos, y la cual permite que la mayoría de 49 congresistas, a través del senador Carlos Fierro manifieste que “se podrían ir con su curul y con su voto”.   

El jefe del partido en reemplazo de Juan Manuel Santos es ahora Carlos García,  y la senadora con mayor votación, Gina Parody, crítica de la relación con los paramilitares y de la ley de Justicia y Paz señala: “preferimos ser disidentes cuatro años y no borregos”. En este mismo campo,  el partido Cambio Radical dirigido por Germán Vargas Lleras también celebró su congreso pero son deliberaciones pasaron sin pena ni gloria.  Y poco y nada se ha escuchado de la segunda fuerza en importancia del resquebrajado bloque uribista en relación con el escándalo de la parapolítica. 

Luz y sombras de la seguridad   imperial

“Un indicador del nuevo carácter activo y constituyente de la guerra es el desplazamiento de la política de ‘defensa’ a la política de ‘seguridad’ que el gobierno de Estados Unidos viene promoviendo, en especial como elemento de la ‘guerra contra el terrorismo’, desde septiembre de 2001…La seguridad obliga a configurar activa y constantemente el entorno mediante la actividad militar-policial…Esta noción de seguridad es una forma de biopoder, en el sentido que asume la tarea de producir y transformar la vida social en el plano más general y global”. Michael Hardt y Antonio Negri, Multitud, pp. 42-43. 

“En los municipios de Colombia donde ejercen su dominio, los jefes de las autodefensas son los dueños absolutos del Estado…Durante más de una década la expansión geográfica de estos ejércitos de señores de la guerra ha ido en ascenso, hasta llegar a convertirse en parte importante de la estructura de poder político en las zonas semiurbanas y rurales del país. Gustavo Duncan. Los señores de la guerra: del campo a la ciudad en Colombia, en Revista Foro N. 54, agosto de 2005, p. 3 

Álvaro Uribe Vélez, una figura mediática  hecha de amor y miedo  no deja de seducir en público y privado, enfrenta además, el revés electoral interno y militar en Irak de su principal socio, el presidente George W. Bush, con quien comprometió la causa del TLC y el Aptdea, y la política de la seguridad nacional. La derrota republicana forzó su visita a Washington  para defender la prórroga del Aptdea que vence el 31 de diciembre. El efecto de perder frente a los demócratas de Nancy Pelosi y Barack Obama, 32 fue manifiesto al solicitarle al Ejecutivo que aplazara la firma del Tratado de Libre Comercio. Al final el tratado lo firmaron el delegado John Verenau y Jorge Humberto Botero, ministro de Comercio, el  pasado 22 de noviembre.  

En el  mismo tiempo y lugar, la visita del presidente casi coincidió con la anulación del primer juicio al guerrillero Ricardo Palmera, Simón Trinidad, acusado de participar en el secuestro de tres contratistas del Plan Colombia, lo que puede significar el cierre de la estrategia anti subversiva  del Plan Patriota.   

La anterior situación  política,  el frustrado juicio al militante de las Farc y la visita presidencial de urgente cabildeo en  Washington resumen bien la conexión y el compromiso de los ejecutivos gemelos  con la seguridad imperial, económica y política, en la estrategia de consolidar un aliado  en la subregión para la guerra preventiva y el monitoreo policial de los gobiernos de centro-izquierda del cono Sur, en especial, sobre el vecino Venezuela, cuyos amagos de autonomía y disposición generosa de la renta petrolera  impacta los ánimos  de trabajadores y pobres al interior de los mismos Estados Unidos. 

La guerra imperial  que conduce la dirección político militar estadounidense   ha sufrido un revés considerable  en Irak, donde es inminente la guerra civil interna entre la minoría Sunita y la mayoría Chiíta con el ataque a Ciudad Sadr en Bagdad el 23 de noviembre, donde murieron 203 personas y fueron heridas 257.  A pesar que  la capital bajo toque de queda siga bajo la autoridad de un ejército de ocupación. El fracaso moral de  la cruzada global contra el terrorismo la refuerza la tortura a extranjeros en Abu Ghraib  y los sitios de reclusión secretos en Europa, y  del irrespeto a las libertades civiles en los Estados Unidos.  

Tal confluencia de factores propició la derrota electoral interna, y la caída inmediata del secretario de Estado, el halcón Donald Rumsfeld,33 que golpea a los  ejecutores de la doctrina de guerra preventiva; y afecta la continuación del Plan Patriota en Colombia. Previendo este riesgo, el actual ministro de la Defensa anunció  que el Plan  cumplió su objetivo,  aunque es vox populi  que no se logró la anunciada derrota estratégica de la guerrilla de las Farc. Ahora, en lugar de aniquilarla,  el gobierno busca es debilitarla para obligarla a una negociación. Al tiempo el ministro publicita ya un nuevo plan destinada a combatir el comercio del narcotráfico en el Pacífico, donde el infierno de Buenaventura y  el orden público crítico de Cali en estas semanas  están en relación directa con el problema.34 

La seguridad social  y la urgente democracia  de los muchos

“Las tasas de crecimiento del PIB de los dos últimos años, 4,8% y 5,1% respectivamente, corresponden a la fase creciente del ciclo actual de la economía, que coincide con la notable expansión de varias de las principales economías del mundo. Aún cuando el resultado es bueno, creemos oportuno advertir al país que este crecimiento es insuficiente, inequitativo e insostenible. Jorge I. González, Ricardo Bonilla. Bienestar y Macro-economía 2002-2006, UN,  de julio de 2006, p. 8. 

La cura espiritual del patrioterismo que distrae la  miseria de las multitudes al  prometerles la seguridad a través de la guerra, vendida como condición sine qua non para promover la igualdad  real para el conjunto de la sociedad, en vez de aplacar atiza ahora  la resistencia creciente de trabajadores y pobres tanto en  Colombia como en los Estados Unidos, cuyo gobierno quema billones de dólares en sus frentes de guerra en Irak y Afganistán para controlar las fuentes naturales de petróleo y gas.  

Pero el riesgo de la política económica mayor sigue si se frustran  las preferencias arancelarias de Aptdea, y se bloquea al resto del trámite del TLC, a no ser que se satisfagan drásticas exigencias en derechos humanos y asuntos laborales. La negativa frenará la recuperación mediocre y contradictoria del crecimiento económico a favor del capital financiero y los bancos que ganaron $5,5 billones de pesos, superando el 50% al  año 2004. Pero la Misión de Pobreza MERPD, señala que los pobres bajaron al 49,2% de la población; pero las cuentas del CID son otras: los pobres llegan ya al 60%. La diferencia responde al valor que cada quien asigna a la medida de la pobreza. Estos son los costos comparados de la canasta de pobres medidos por el MERDP: $224.586, 13, y el CID: $267.128,28; mientras que la línea de indigencia es para el MERDP: 90.801,52, y el CID: $107.867,85. 35 

El rumbo imperial tiene que variar, cuando la receta policial compartida por los ejecutivos reelectos en el norte y el sur de América sufre la suerte del Titanic. Así lo entendió el presidente Uribe Vélez de lobby en Washington, donde abogó por el futuro del capital glocal con la explosiva carta de lo social, para rescatar del naufragio 600.000 empleos que perderá el país si el Atpdea no se prorroga más. 

El argumento de lo social es resguardo del beneficio capitalista, porque el ingreso de los trabajadores en dos años se deterioró de $755.000 a $675.000 en las trece principales ciudades del  país, siendo los grupos más afectados los hombres, los profesionales y los trabajadores del agro y la minería; y es importante resaltar que los trabajadores que más sufrieron son los de servicios financieros, donde laboran 9 de cada 100, para quienes su ingreso cayó en un 17,43 %, y los profesionales con carrera universitaria con una reducción del 16%. Estos, según los datos de la encuesta de hogares del Dane y el DPNacional al finalizar 2005, apenas obtienen un ingreso promedio de $ 1.592.000.36  

Lo anterior explica bien cómo el voraz capital financiero incrementa más y más la parte del león en la bonanza del neoliberalismo tardío. A julio de 2006, la tasa de subempleo era del 31,8 por ciento, es decir, 6.607.000 que son subempleados, y la de desempleo es de 13,1 por ciento, y la tasa de ocupación bajó de 54,1 a 53,9 por ciento. En el mismo mes de julio se rompió la tendencia de incremento en el empleo, perdiéndose 183.000 puestos de trabajo, y cayo también la tasa global de participación, es decir, que menos personas salieron a buscar empleo. 

La cuenta  de la seguridad social del primer gobierno Uribe muestra un altísimo saldo rojo para la multitud de pobres y miserables, asegurado por las reformas de las leyes 797 de 2002 y 860 de 2003 que flexibilizaron el ingreso laboral,37 y la enmienda constitucional de 2005, que desmontó el régimen pensional anterior ganando cerca de 20 puntos porcentuales del PIB, y cubriendo tan solo al 25 por ciento de los colombianos que se jubilan.38  

En la fila están la reforma tributaria que pretendió penalizar a los deudores morosos, y la de las transferencias hacia departamentos y municipios que ya fueron reformadas en 2001. Estas transferencias son el  alimento de las raquíticas políticas de igualdad social, así como de la voracidad de los grupos al margen de la ley, y el complejo sistema político de clientelas  que se traslapan como la retaguardia del régimen neopresidencial.  

Las transferencias aún abonan el mito de la descentralización que contrapesaría el poder neopresidencial centralizado, y financian los objetivos del Estado social de derecho, cuyo desmonte acelerado anuncia el Plan del Estado comunitario: desarrollo para todos. Éste, en pos del país de propietarios  promete para este cuatrenio bajar el desempleo en Colombia a  8,6 por ciento; y anuncia un presupuesto de $222 billones con una participación de 54 billones del sector privado. Eso sí, la seguridad y la defensa llevan la voz cantante  enfrentadas a las urgencias del gasto social39. Aunque el lema sea el desarrollo para todos, el hambre, miseria y exclusión de  las multitudes  puede esperar. Las mieles de la recuperación económica engordan las egoístas ganancias del capital financiero y las empresas transnacionales. 

El presidente y su Minhacienda siguen aferrados al evangelio del difunto Milton Friedman, y la receta del extinto Consenso de Washington que inspiró la devastadora parábola neoliberal, cuyo mejor ejemplo fue el Chile próspero de la dictadura de Augusto Pinochet. Tres eran sus mandamientos, y su praxis  se extendió respaldada por los sucesivos Planes  Colombia y Patriota, después del auto fracaso de la negociación de paz en San Vicente del Caguán, que de concretarse impondría una reforma social –económica y política de efectivo contenido subversivo.  

La estructura de privilegios  crecida y reproducida a la sombra de la encomienda  y la extensión del régimen hacendario centro-andino con su lógica de mando premoderno sobre el país nacional engendró “el proceso de industrialización inducida desde el poder público para la sustitución de importaciones” 40. La caída del modelo anterior sacudido por la urbanización, la dependencia de la innovación tecnológica y la liberación planetaria del capital financiero,  animó una economía de los cultivos ilícitos sostenida por multitudes de pobres del campo y la ciudad en procura de su subsistencia. En 1985, por ejemplo, la producción de la cocaína  alcanzaba a ser el 5% del PIB, descendió al 0.8% en el 2004, generando unos $ 800 millones de dólares; para experimentar una nueva expansión de 30.000 has con utilidades cercanas a $ 1.100 millones de dólares en el 2005, según los estudios realizados por Ricardo Rocha. 

Los resultados de política económica fueron desalentadores. Las estadísticas de  catorce años, incluido el primer periodo de Uribe Vélez,  prueban que “el producto nacional creció a la tasa más baja del siglo, el desempleo alcanzó la tasa más alta y la pobreza y el índice de Gini de la distribución del ingreso regresaron a los niveles de mediados del siglo XX”.41 Los TLCs  nos ponen en la senda del Estado mercado, y dejan atrás el  ‘capitalismo político.42  

El investigador Eduardo Sarmiento recalca que los beneficios de la liberación económica no se cumplirán en Colombia porque las ventajas comparativas responden a productos que carecen de demanda mundial; y  el desmonte del capitalismo proteccionista, de modo perverso en países como el nuestro,  no sólo desplaza la producción industrial y agrícola, sino que también  debilita severamente la demanda efectiva y destruye el empleo.  Este es el  trasunto económico del florecimiento de la parapolítica  y  la ruta perversa hacia  el parapresidencialismo como el instrumento de la contrarreforma reaccionaria. 

En la encrucijada del Estado mafioso  y el Para presidencialismo

“El paramilitarismo empezó en Medellín con Pablo Escobar”. Alonso Salazar, escritor y candidato a la Alcaldía de Medellín. Entrevista en Caracol Radio, noviembre 28, 2006. 

“Enrique Osorio y yo recibimos la orden de parte de José Gamarra (congresista por el Magdalena, junto con Alfonso Campo y Jorge Luis Caballero) de presentarnos en el comando de la campaña presidencial del doctor Álvaro Uribe Vélez…Enrique Osorio junto con Pepe Sierra (otro funcionario de la registraduría regional) propusieron que para la campaña presidencial se hiciera el fraude en un número menor de municipios, con el propósito de las votaciones no fueran escandalosas”. Testimonio de Rafael García, jefe de Informática del Das. 

En la coyuntura presente, la fórmula ilegal de existencia entre las Auc y  el sistema del clientelismo que reproduce por otros medios el orden político en crisis parece precipitarse a una solución, dando piso cierto a la manida afirmación de no pocos estudiosos, que el colombiano es un Estado mafioso, porque ahora el régimen que sustenta al Estado reformado en 1991 mutó de una forma neopresidencial y participativa  consagrada en la Constitución a un gobierno parapresidencial autoritario.  

A la vista está la denuncia pública de la parapolítica y la persecución circunstancial que sus componentes más visibles sufren por la Corte Suprema de Justicia y otras instituciones judiciales como la Fiscalía y la Procuraduría. Ahora se indaga a un nutrido grupo de congresistas y funcionarios del gobierno, que involucra también al Das, al Ejército y a la Policía, por acción o por omisión, así como a los Consejeros de Estados de la Sección Quinta, y al expresidente del Consejo Superior de la Judicatura, Luis Alfredo Escobar Araujo, reconocido amigo de Giorgio Sale, quien negó ser juez o favorecedor de la mafia de la D’rangheta (Naggetha) a la que el exitoso comerciante en ropa y vinos y Salvatore Mancuso están vinculados.43 

El desmonte de esta perversión del Estado social de derecho ha ocurrido en la transición de la paz a la guerra, pero cuya genealogía se remonta históricamente al ataque al cuartel general de las Farc, el mismo día que se iniciaba la elección de delegados a la Asamblea Constitucional. Esta iniciativa inter elites tenía la utópica pretensión de llegar a ser un pacto político viable e incluyente, pero sin tocar las estructuras del poder real, legal e ilegal. Con una parte de este poder se hizo un acuerdo provisorio, que llevó a  la Catedral a Pablo Escobar y sus lugartenientes, después de  prohibida la extradición apoyada por una conveniente retórica nacionalista.

Después de más de veinte años ha pasado tres generaciones de narcotraficantes. A través de ellos se ha repetido y ampliado el ejercicio paralelo de la parapolítica en alianza con las elites de los partidos tradicionales y la asociación corporativa de micropartidos. Es una alianza dispuesta a defender la propiedad y sus privilegios, y a  combatir por todos los medios las iniciativas autónomas de los grupos y clases subalternas en la ciudad y el campo.  

La estrategia política comenzó con la vinculación al partido Liberal del propio Pablo Escobar en compañía del representante liberal Jairo Ortega, luego del fracaso de un intento independiente, el Movimiento Latino que impulsaron Carlos Ledher y sus pares del llamado cartel de Medellín. De entonces se pasó al proyecto MAS, cuyo animador principal era Gonzalo Rodríguez Gacha; y muerto éste se recompuso como el movimiento político Morena desde el Magdalena Medio. Ahora, el antiguo asociado al cartel de Medellín, Ernesto Báez es uno de los 19 comandantes  recluido primero en la Ceja, la réplica de la Catedral, ahora se encuentra recluido en la prisión de máxima seguridad de Cómbita, donde espera su turno para contar toda la verdad.  

El proyecto contrainsurgente se implantó legalmente bajo la fórmula de las Convivir en el Departamento de Antioquia y en la región de Urabá. Ernesto Báez, conductor intelectual del laboratorio “cívico paramilitar” de Puerto Boyacá, un modelo contraguerrillero exitoso contra las bases sociales del Eln y la UP, lo transportó con la connivencia de los bloques de poder regional durante la presidencia de Ernesto Samper. El siguiente banco de prueba fue el Urabá antioqueño y chocoano, donde extirpó los experimentos político-sindicales del EPL y populares de la UP. Entonces fueron perseguidos y desaparecidos los simpatizantes tanto de la izquierda legal, los sindicatos y los movimientos cívicos y sociales como de los proyectos guerrilleros. 

A raíz del restablecimiento de las Convivir por el presidente Ernesto Samper, Álvaro Uribe Vélez coincidió como gobernador de Antioquia en el tiempo y lugar con el despliegue legal del modelo parapolítico a escala regional. El desarrolló en paralelo la depuración administrativa y estímulo industrial y una política de seguridad contrainsurgente eficaz. Allí contó con la fachada de ‘un laboratorio de paz’ y  el auxilio encubierto de la preexistente alianza entre narcotraficantes y grandes propietarios de tierras y ganados, quienes participaron  de las Convivir hasta que fue derogada la ley que las creó en los años 60. Después renacían extendidas como autodefensas rurales en la zona costeña de colonización antioqueña contra las acciones extorsivas y los controles  ejercidos por los frentes guerrilleros establecidos en las regiones y municipios más conflictivos de Antioquia y de la Costa.  

Después, durante los años 90s , florecen diversos frentes paramilitares, los cuales se unifican en las Autodefensas Unidas de Colombia en 1998, bajo la jefatura militar de Carlos y Vicente Castaño, y deciden incursionar como movimiento político nacional. Las Auc han consolidado ‘la recuperación’ de un sinnúmero de municipios y corregimientos rojos, de control o simpatía guerrilla, la base regional de un para Estado. Esta fuerza militar hace tránsito a una alianza política con el bipartidismo que se constituye entre los años de 1999 y 2001, como ahora se documenta a partir de las revelaciones de algunos políticos costeños. Así lo prueban las confesiones vergonzantes del liberal Miguel De la Espriella, y el conservador Luis Carlos Ordosgoitia, autorizadas previamente por el presidente Álvaro Uribe Vélez.   

El laboratorio del Paraestado de Excepción 

La alianza bipartidista y empresarial non sancta con paramilitares y/o narcotraficantes se fortaleció primero de modo clandestino, por los temores que levantó el triunfo de Andrés Pastrana en la reñida segunda vuelta con Horacio Serpa, favorecido como aquel lo fue en su triunfo por la pre-negociación de paz con el jefe histórico de las Farc a través de los buenos oficios de Álvaro Leyva; y por la promesa de revocatoria del Congreso con el grupo Oxígeno verde de la senadora Ingrid Betancourt. En la reunión de fundación del Movimiento Comunitario Nacional, Carlos Castaño la señaló como justificación para lanzar esta alianza estratégica clandestina, la contracara del Movimiento Bolivariano: “Nosotros también necesitamos un proceso de paz” para contrarrestar el posible desenlace de las negociaciones en San Vicente del Caguán.  

Andrés Pastrana, antecesor del presidente Uribe, después de renunciar a la embajada de Washington,  en La palabra bajo fuego, no se resistió a comparar años después los procesos de San Vicente del Caguán y Santa Fe de Ralito: “La diferencia  de Ralito y el Caguán reside en que en el primero no se conocieron las conversaciones pero se pactó, mientras en el Caguán la agenda y las discusiones eran de cara al país pero se rompieron las conversaciones. No hubo acuerdo, ni pacto, ni concesiones posteriores”,44  

Después corrió la nueva elección presidencial, precedida por las legislativas del 2002, en las cuales se cometió un nuevo fraude, de igual o superior en magnitud al denunciado durante la farsa del proceso 8.000. Ahora el denunciante es  Rafael García, el jefe de informática del Das en testimonio ante la Corte Suprema de Justicia que duró tres días. Cuando menos cuatro fueron los departamentos objeto de la operación electoral conducida por el jefe paramilitar Jorge 40 y sus aliados, políticos,ganaderos e industriales: Magdalena, Cesar, la Guajira y Bolívar fueron los territorios de caza de votantes, donde los registradores hicieron efectiva la máxima acuñada por el sociólogo Camilo Torres: el que escruta elige en Colombia.  

Esta estrategia electoral arrancó en 1999,  con el triunfo orquestado por el Bloque Norte dirigido por Jorge 40,  en las alcaldías y concejos que se coronó con la elección del gobernador José Domingo Dávila Armenta  a quien le aportan 80.000 votos. Después vino el  fraude electoral en marzo de 2002 en Cesar y Magdalena, donde el Movimiento Provincia Unida alterando los tarjetones de la elección. Así lo confesó el exfuncionario del Das ante la Corte. 

En aquella diligencia, Rafael García, además, señaló los detalles del fraude: “luego de las elecciones legislativas de 2002, Enrique Osorio y yo recibimos la orden de parte de José Gamarra (congresista por el Magdalena, junto con Alfonso Campo y Jorge Luis Caballero) de presentarnos en el comando de la campaña presidencial del doctor Álvaro uribe Vélez…Enrique Osorio junto con Pepe Sierra(otro funcionario de la Registraduría regional) propusieron que para la campaña presidencial se hiciera el fraude en un número menor de municipios, con el propósito de las votaciones no fueran escandalosas”.45 

Ayudado positivamente por el escrutinio electoral ilegal de 2002, fue elegido el hoy reelecto presidente de Colombia, con o sin conocimiento de causa. De modo voluntario o involuntario, la presencia activa de algo así como el 35 % de los congresistas electos en 2002, a quienes el ex ministro Fernando Londoño denominó con cinismo greco-caldense el Congreso admirable antes de su renuncia, con el concurso de las Auc, son parte clandestina del proyecto contrainsurgente del Movimiento Nacional Comunitario. Desde su proclamación clandestina en Santa Fé de Ralito a finales de 2001, se extendió a Antioquia, en la reunión de Arboletes, y de allí a otras regiones aún no documentadas, convirtiéndose en la fuerza política que garantizó el doble triunfo del actual presidente de Colombia.  

Con la tercera parte del Congreso influida por las Auc, con una estructura local que reconoce una penetración legal e ilegal del paramilitarismo en algo más de 400 municipios y sus regiones, con ocasión de la vigencia de la Ley de Justicia y Paz, es evidente que no sólo el régimen neopresidencial sino el sistema de la participación/representación establecido en la Constitución de 1991 está penetrado y pervertido por las fuerzas y los aliados del paramilitarismo. De ahí que no le faltara razón a la periodista Claudia López, quien ha sido una acuciosa analista de este proceso, para exigir con optimismo: “Verdad judicial para desmontar el para- Estado”. Ella misma denunció desde septiembre de 2005 la verdad de las elecciones en la Costa, corolario de aquello que encontró en su investigación pionera divulgada también por la revista Semana. 

En rigor teórico, hablar de para-Estado hoy alude a su forma actual: el modelo del Estado comunitario, que tiene una odiosa coincidencia con el Movimiento Nacional Comunitario de las Auc. Puesto que la forma Estado debe ser preservada en el nivel nacional para reproducir el capital, y ello concuerdan Claudia López y la mayoría de los críticos liberales de Uribe Vélez, entre los que se cuenta el analista Pedro Medellín, quien, sin embargo, esgrime la hipótesis que el presidente de la reelección se encuentra sitiado.  

La nieve del Parapresidencialismo 

Hay en Pamuk una frase que podría explicarnos la función obsesiva de la estrella hexagonal de seis puntas: “…la nieve parecía extraordinariamente suave: quizás fue por esa extraña y mágica suavidad de la nieve, que absorbía los disparos efectuados en las calles de Kars, por lo que Ka pudo dormir esa noche tranquilo”. Alfredo Molano, en Nieve de Mentiras. El Espectador, 24 al 30 de diciembre de 2006, p 16ª. 
 

                           La encrucijada de Álvaro Uribe Vélez y el bloque en el poder que lo respalda se expresa en un dilema, desmonta el  modelo del Estado mafioso que creció  bajo el cobijo de su proyecto de Estado comunitario o renuncia, para darle paso a una  reconstrucción democrática del orden político colombiano. Este dilema tiene un triple referente literario, un título famoso de una novela del amante de la monarquía, el consagrado Alvaro Mutis,  La nieve del almirante,  la novela  Nieve del premio Nobel turco, Orhan Pamuk, a quien recordara  el cronista socioliterario del paraestado, Alfredo Molano Bravo, de quien tomé el epígrafe para el cierre de este análisis de los cien días, que estremecieron a Caconia, Nieve de Mentiras.46 

Ahora bien, en materia de régimen, más allá de esta crucial decisión, el régimen neopresidencial creado en la Constitución de 1991 tiene que ser, igualmente, desmontado drásticamente, para dar paso a una nueva institución que propicie una verdadera transición democrática.

Por lo pronto, las elites, paramilitarizadas o no, han puesto sobre la mesa dos fórmulas teóricamente trilladas: el semipresidencialismo y el parlamentarismo. Y un expresidente, ya nonagenario ha vuelto a jugar a cobijo del Jockey Club esta carta, paralela al impulso del Acuerdo Humanitario, que es la ventana a  trabajar una nueva negociación de paz con la Farc, la oposición armada que está al comienzo de esta historia que revienta quince años después de la existencia de la Constitución de 1991. 

Sin embargo, para una postura democrática consecuente no bastan los remedios de cambio de régimen que se proponen en la vena del difunto Alvaro Gómez Hurtado. Hoy, el palo no está para cucharas. Ahora tiene que haber una reforma estructural del sistema económico y social que hagan inviables los más groseros modelos de dominación clientelar y neoclientelar ilegal y terrorista, que se afincan en últimas en las condiciones de pobreza y miseria, que no palia en nada el último registro optimista del censo del Dane de 2005, cuando dice que los colombianos con necesidades básicas insatisfechas bajaron de 11,8 millones a 10,8 millones.  

Estas transformaciones sólo pueden lograrla la revolución democrática que como corriente subterránea irrumpe en el panorama nacional y regional, cuya marcha alimenta el fenómeno de precaria unidad de la izquierda, de la cual el PDA es por lo pronto un tímido oficiante sujeto a los vicios de la representación política antidemocrática.  

Los días porvenir, regional y globalmente definirán la tesitura y los alcances de este despertar democrático contrario al biopoder del capitalismo. Por lo pronto, la insurgencia democrática en algunas ciudades y regiones no ha podido detener a la parapolítica local, frenada ahora por el espejismo de la judicialización de la política ilegal y el terrorismo para estatal, sujeta como está aún al andamiaje institucional del Estado comunitario, cuyo cancerbero es el régimen parapresidencial emergido de esta transición perversa y traumática asistida por una serie de regímenes regionales que un joven autor, Gustavo Duncan, de modo equívoco equiparó con estados locales o regionales47. Pero este asunto lo trataré en un epílogo de próxima entrega. Espérenla, estimados lectores y críticos

http://www.abpnoticias.com/boletin_temporal/contenido/articulos/atsibos2.html

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POR MIGUEL ÁNGEL HERRERA ZGAIB

Sartori sostuvo que las críticas que los amigos de la democracia directa le hacían a la democracia representativa “eran fruto de una combinación de ignorancia y primitivismo democrático”. Si la democracia directa ganaba terreno era porque “no está encontrando prácticamente ninguna oposición”. No demandaba la oposición de los políticos, sino de los “estudiosos de la política” –académicos e intelectuales-, a quienes invitaba a preocuparse por una buena representación, defender sus valores para corregirla”. Eduardo Posada Carbó, El bicentenario y la representación. El Tiempo, 27 abril 2007, p.23.

“Yo estaba no solo de acuerdo con los planteamientos del Frente Nacional, sino que hacía parte de la Comisión Paritaria que convocó la Junta Militar a la caída de Rojas. Contra lo que estuve fue contra la alternación, que por lo demás no figuró en el Plebiscito…”Margarita Vidal, López el último gran liberal, en LD, El Tiempo. Bogotá, 14 de julio de 2007, p. 11.

 

El empleo sistemático de vías non sanctas, demuestra que la crisis de representación que afecta al régimen colombiano desde el ejercicio autoritario plebiscitado por el Frente Nacional, no se detiene en su derrumbe. Esta crisis del régimen fue conjurada parcialmente en la Constitución de 1991, por el reformismo político y jurídico oficiado por Horacio Serpa, Álvaro Gómez y Antonio Navarro. Pero, aquel acto tuvo, en verdad, el carácter de una cooptación a medias. Fue así una réplica anacrónica de otro Frente Nacional más, con el mismo carácter de una extendida revolución pasiva[1] impuesta a la multitud de pobres, trabajadores y minorías varias del establecimiento, ahora bajo la apariencia conciliatoria del Estado social de derecho.[2]

 

Los tres políticos creyeron ser, sin embargo, los paladines de la modernidad política plena para Colombia, pero contribuyeron, sin quererlo y mucho menos entenderlo, a incubar el huevo de la serpiente parapolítica[3], cuyas criaturas se apoderaron de partes considerables del establecimiento local, regional y nacional. Así lo documentan también los divulgados Acuerdos secretos de Santafé de Ralito (Córdoba) que contaminaron de parapolítica a otras regiones tachonadas de fosas comunes y castigadas por el desplazamiento.

 

Para este bloque reaccionario, el objetivo era refundar la patria de la propiedad privada, cum manu militarii, despojando a la población campesina pobre y media de sus territorios. Esta crisis orgánica produjo, igualmente, el éxodo de más de 3 millones de colombianos, y el sacrificio físico de más de 600.000, una catástrofe que duplica el desastre social y humano de la Violencia.[4] Sin embargo, esta hecatombe ha fortalecido en el sufrimiento y en la resistencia la conformación de un nuevo sujeto colectivo: la multitud cuya movilidad dentro y fuera de Colombia ha sacudido el quehacer político de la posguerra fría en sus cimientos representacionales.[5]

 

A propósito de la actual regeneración al revés, a contramano del reformismo social liberal de 1991, promovida por las contra elites oligárquicas bipartidistas, haré dos reflexiones principales tomando aquí como tópico principal el pensamiento del extinto Alfonso López Michelsen y la modernidad liberal enfrentados con la posmodernidad democrática como las alternativas políticas que encara la ciudadanía común en Colombia en los inicios farsescos del tercer milenio. Trataré de explicar en forma breve, como parte que es de un ensayo más amplio, la encrucijada en la que se halla la multitud singular y plural como el verdadero sujeto democrático que se sacude de la camisa de fuerza del pueblo, entendido como la representación, la abstracción política de la masa heterónoma funcional a la dominación liberal que siguió al Termidor de las revoluciones burguesas.

 

Una perspectiva crítica: liberalismo y democracia

“El estado, como todas las asociaciones políticas que históricamente lo han precedido, es una relación de dominación de hombres sobre hombres, que se sostiene por medio de la violencia legítima (es decir, de la que es vista como tal). Max Weber, en La política como vocación, p. 310.

 

“Las esferas inconciliables de lo político y lo económico, de lo religioso y de lo político, que habían sido la consecuencia obligada del calvinismo en la separación de la iglesia del estado, y el sometimiento de los intereses del Estado a los intereses económicos, vuelven a reconciliarse en la nueva supremacía del Estado sobre lo económico en la sociedad industrial contemporánea”. Alfonso López Michelsen, La estirpe calvinista de nuestras instituciones políticas, en Obras selectas, p. 259

 

El primer tópico motiva una reflexión que retoma la polémica que abrió el ex presidente y consejero de príncipes, Alfonso López Michelsen con Leopoldo Uprimny hace sesenta años sobre el tópico del liberalismo y la democracia mirado en clave religiosa[6]. Ahora que él revisó premonitoriamente su tesis acerca de la modernidad política colombiana de estirpe calvinista liberal[7], para contradecir a la tradición política dominada por la variante conservadora, monárquica del pensamiento ibérico. Este la definía como española, borbónica, católica y romana. La modernidad liberal, alternativa, tomaba como dato de ruptura a la Constitución del Reyno de Cundinamarca (1811), donde se plasmó “la soberana voluntad del pueblo cundinamarqués”[8]. Aquí reconocía el punto de arranque histórico paradójico, de la refundación constitucional calvinista durante el siglo XIX, que defendía el joven académico Alfonso López Michelsen, luego de una reflexión cultivada en un exitoso bachillerato en París y en sus estudios de abogado, preocupado por el derecho civil y el magisterio de Mons. Carrasquilla, otorgado por la facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario.

 

Sin embargo, en lo ideológico, el polemista liberal jamás renunció a su talante de católico reformista. Bien lo subrayó el prologuista de su primer libro, Monseñor Carlos José Romero, en las conferencias de Derecho Constitucional (Imprenta Universidad Nacional, 1947): “¿Es posible que nuestra política…no procure más bien emprender a fondo una reforma de nuestras instituciones en un sentido católico, acorde con las creencias de los asociados?”[9]. Esta confesión de fe católica la repitió el expresidente al presentar ahora el libro La estirpe calvinista de las instituciones, publicado por la editorial de Tito Livio Caldas, un comunista de raca mandaca en los años mozos, hoy un respetable intelectual y notable empresario proclive al pensamiento neoliberal difundido a través de la revista de Ciencia Política.

 

Ambos amigos, López y Caldas, estaban asociados en la cruzada de cambiar el régimen político en Colombia en forma pacífica[10], es decir, el maltrecho presidencialismo dos veces centenario por un parlamentarismo que rescate la nave del estado débil de un seguro naufragio[11]. Hoy más que nunca, atrapada entre el escila y el caribdis de la parapolítica y/o el parapresidencialismo. Para ellos sonó la hora de ensayar la reingeniería del régimen político de elite, siguiendo el desafío de Álvaro Gómez, antes que el presidencialismo imperial de Bolívar cumpla 200 años. La campaña ha hecho mella incluso en historiadores neocon de la cuerda de Malcom Deas, como el columnista costeño Eduardo Posada Carbó quien cita a Giovanni Sartori, el politólogo italiano que favorece la fórmula semipresidencial para América Latina, galardonados con el premio Príncipe de Asturias. Todos reclaman la revalorización de la representación liberal como componente fundamental de “nuestra democracia”.

 

Junto a ellos retomo las enseñanzas fruto del magisterio público de Estanislao Zuleta, difusor entre nuestras elites intelectuales de izquierda, los universitarios y obreros las premisas filosóficas y políticas del saber político y filosófico así como el quehacer democrático en Occidente. Con ellos se entabla la interlocución, el diálogo crítico, con la obra intelectual del extinto Alfonso López Michelsen.

 

La otra punta de la reflexión teórica sobre el presente de Colombia y la contribución de López Michelsen, provienen del examen comparado con la modernidad intelectual europea y su crítica posmoderna para contrastarla y transportarla al diálogo con la contribución intelectual hecha por Alfonso López. Las claves de este emprendimiento intelectual, las ofrecen las propuestas de dos intelectuales de izquierda, Antonio Negri y Cornelius Castoriadis, quienes escribieron acerca del trinomio autonomía, liberalismo y democracia. El pensador liberal y ellos son el centro de esta cogitación.

 

Castoriadis Castoriadis, psicoanalista, filósofo y economista, obrando como ciudadano del mundo fue un publicista incansable de la democracia desde sus orígenes. Antonio Negri, teórico del estado y filósofo de la política, después del fallido intento revolucionario en la Italia de los años 60 y 70, anima con Michael Hardt en las redes de intelectuales radicales, el proyecto político democrático de las multitudes, que toca con la transformación social y política en la América Latina globalizada.[12]

 

Con las contribuciones nacionales e internacionales antes mencionadas examinemos ciertos aspectos de la modernidad y la posmodernidad política. Compartamos algunas claves de interpretación como ciertas sospechas teóricas, porque ambas arrojan nuevas luces y trazan rumbos provisorios para encarar el actual periodo glocal de la degeneración política que experimentan por partida doble Colombia y el mundo del capital globalizado.

 

Parto de las consideraciones críticas al prólogo Entre católicos y protestantes, escrito por Alfonso López Michelsen,[13] cuyo principal argumento relaciona religión y economía, recordando cien años después a Max Weber en su ensayo seminal La ética protestante y el espíritu del capitalismo (1905). El nuevo escrito de López concluye que Francis Fukuyama sepultó la tesis central de la obra weberiana contrastándola con el presente desarrollo capitalista de Italia, España e Irlanda, países de mayoría católica. Él mismo recuerda también un rasgo de humor negro del famoso futurólogo ultramontano, quien despedía a la Ética weberiana como el Manifiesto Calvinista, para equiparar su caída con la sufrida por el Manifiesto Comunista, al derrumbarse el muro de Berlín enfrentado con el ‘mundo libre’ de la globalización.

 

Sabido es por los sociólogos y eruditos epistemólogos, que la Etica protestante establecía una causalidad adecuada entre la religión practicada por la clase burguesa y el nacimiento y auge del capitalismo en Europa occidental. El ascetismo religioso permitió a la burguesía sustituir el dominio feudal de la agricultura por el poder económico del comercio. Pronto sucedería la conquista violenta o pacífica de la nación por el proto-Estado absolutista transformando la dominación feudal en la nueva sociedad civil que emergía ahora como arena dividida entre burgueses y trabajadores. Atrás quedó el orden estamental regido por los poderes de la iglesia y los reyes de pseudoimperios temporales efímeros. Pero, la celebrada tesis de Max Weber también se derrumbó en 2005, y con ella parte considerable de la hegemonía intelectual construida por nuestro publicista local en los salones universitarios del medio siglo, quien después de su exilio mexicano reaparecería como delfín y conductor político del MRL, y novelista criollo con la ficción documental Los elegidos.

 

El pensador liberal confiesa ahora que sin ser autoridad en materia constitucional, su temprana fama como expositor de la teoría de Weber provino de contrastar el paradigma jurídico-político francés que dominaba en Colombia esgrimido por el constitucionalista austriaco Leopoldo Uprimny y la intelectualidad conservadora cobijada por la Universidad Javeriana que dirigía el sacerdote Félix Restrepo.[14] Entonces éramos más provincia de ultramar que ahora; ayunos de cualquier universalidad intelectual y artística, navegando con el legado católico monárquico de los Habsburgos a contramano de la modernidad secular; sujetos al rancio tufillo peninsular reforzado por el triunfo del falangismo comandado por Franco y la iglesia cesárea, sepultureros sangrientos de la República española[15] que alebrestó a tanto conservador nostálgico de nuestra primera trágica Regeneración.

 

De todos ellos, el centenarista Laureano Gómez, presidente fugaz en 1950, y co-arquitecto del Frente nacional luego, cinco años antes de publicarse el ensayo de López Michelsen, cruzó aceros con Darío Echandía en defensa del Concordato, una perla de la corona de la Regeneración que orquestó el binomio bipartidista de Núñez y Caro. Cuestionando el evangelio de la libertad personal, Gómez debatía sobre la verdad de la ley con Darío Echandía, el ministro liberal de Relaciones Exteriores:

 

“Y la ley, según la revolución (de 1789), es la expresión de la voluntad común y la expresión de la voluntad común es la mitad más uno de los miembros de una corporación dada…sabemos que ese concepto racionalista y positivista que considera que se arrastra la verdad con la formación de la mayoría, es el fundamento de la corrupción abominable que invade a lo que se llama la democracia moderna”.[16]

 

En contrapunto con esta disputa interelites, la seguidilla de luchas de los trabajadores, así como la rebeldía intelectual y creativa presente en los atisbos estéticos y críticos de la generación de Los nuevos no logró barrer las telarañas centenaristas, que aún persistían con el bipartidismo de la segunda posguerra, y mucho menos la pacata versión liberal de la democracia colombiana. Laureano Gómez sostenía en una profecía autocumplida, que “la mayoría se obtiene de cualquier modo, con el asesinato, el fraude, con la matanza, con el soborno, y todo parece lícito porque una vez conseguida esa mayoría, la verdad se traslada del campo donde verdaderamente está, hacia ese campo donde se consiguió la mayoría. Entonces todo resulta bueno, hasta el delito; esa la tragedia que en Colombia estamos viviendo”.[17]

 

No fue suficiente la rebeldía de Luis Tejada, Jorge Eliécer Gaitán, Manuel Quintín Lame, María Cano e Ignacio Torres Giraldo, los primeros conductores de la rebelión de las masas suprapartidistas, el ignaro vulgo de Laureano Gómez, el pueblo de Gaitán, agolpado en las primeras ciudades y los enclaves imperialistas nutridos por el éxodo de los campos arrasados por la guerra de los mil días, y atizados por el despojo de las tierras y movilizados por la obras públicas en parte pagadas con la indemnización por el robo de Panamá.

 

La sacudida al régimen hacendatario era todavía muy precaria,[18] pero repercutió con alguna fuerza animando los brotes de rebeldía urbana que condujeron un puñado de anarquistas, socialistas cristianos, reformistas y revolucionarios rasguñando los bordes de la modernidad capitalista cuyas trazas democratizadoras fueron ahogadas en sangre antes y después de la muerte de Jorge Eliécer Gaitán.

 

Max Weber no confundió el liberalismo con la democracia al polemizar con el gobierno de la socialdemocracia de Weimar, cuando los trabajadores eran atraídos por el ejemplo soviético; pero sí, claro, él distinguió la democracia burguesa, la democracia de la representación frente al ensayo triunfante de los soviets en Rusia, y el fracaso de los consejos de obreros y soldados en algunas ciudades de Alemania.[19]

 

La memoria traslúcida y el espíritu crítico del nonagenario Alfonso, tataranieto de Ambrosio López, hijo del legendario presidente centenarista de la revolución en marcha,[20] insistió 60 años después de la sangrienta lucha entre liberales y conservadores en Colombia, en confundir el origen de la democracia con el del liberalismo. Él buscó por todos los medios perpetuar esta falacia en la historia de las ideas y el pensamiento político en Colombia, tal y como lo pretende ahora Eduardo Posada Carbó, el discípulo del pluralismo liberal defendido por Giovanni Sartori.

 

Esta es una licencia que no se permitió el gran clásico del liberalismo sociológico, Max Weber, al explicar cómo el dogma protestante de la salvación del alma se adecuaba éticamente al desarrollo del capitalismo, mientras que las prescripciones del catolicismo romano-ibérico contribuían a estancarlo. La prueba en contra es la que esgrime ahora Francis Fukuyama, quien muestra la caída de la tesis del sociólogo alemán. López Michelsen, con la apuesta por un estado fuerte, que recordaba la monarquía católica colonial, caminó un largo trecho insistiendo en la reforma del constitucionalismo colombiano.

 

Él, antes de cumplir 94 años confirmó su aserto, de insistir en un liberalismo social bajo la impronta de un estado fuerte en lugar de la democracia, rendido por la evidencia de cien años de desarrollo y expansión capitalista global. Pero, sí le tocó vivir las acciones de uno de sus discípulos, Álvaro Uribe Vélez, quien ha preferido servir los dictados del capitalismo bajo la fórmula de un presidencialismo de excepción con la cual conquistó la reelección, en la cual sucumbió su propio maestro en 1982.

 

 

Profesor Asociado Depto de Ciencia Política

Universidad Nacional de Colombia

maherreraz@hotmail.com

NOTAS

[1] Es la noción reelaborada por Antonio Gramsci al estudiar el Risorgimento italiano , quien la tomó del ensayista Vicente Couco, un escritor político del siglo XVIII,.

[2] Lazzarato, Mauricio. Del biopoder a la biopolítica. Revista Multitudes N. 1. París, marzo 2000.

[3] Se alude aquí al Huevo de la serpiente, la gran película del sueco Igmar Bergman, donde reflexiona sobre la personalidad totalitaria que invade a la sociedad europea en la primera mitad del siglo XX.

[4] Una conjunción monstruosa de los relatos de Gabriel García Márquez en Cien Años de Soledad y el Otoño del patriarca.

[5] Consultar el texto La representación y la participación política de Occidente, un ensayo de teoría y filosofía política que publiqué en la imprenta de la Pontificia Universidad Javeriana en el año 2000.

[6] Leopoldo Uprimny sostuvo que el derecho divino de los reyes es protestante, y que, por el contrario, la Iglesia Católica no rechaza el procedimiento democrático, hay una democracia cristiana que proviene de Santo Tomás, la autoridad viene de Dios sobre el pueblo que la confiere al príncipe. Ver Mons. Carlos José Romero, Prólogo a La Estirpe Calvinista de nuestras instituciones políticas, en Obras Selectas de Alfonso López Michelsen, Tomo III. Cámara de Representantes, Bogotá, 1993, p. 213. Originales en la revista del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario.

[7] López Michelsen recopila sus clases entre 1940 -44, en la Facultad Nacional de Derecho, en Un Estado Fuerte. Op. cit., obras selectas, vol. III., p. 267.

[8] López Michelsen, Alfonso. La estirpe calvinista de nuestras instituciones políticas. Vol III. Obras Selectas, Edición Cámara de Representantes. Bogotá, 1993, p. 227.

[9] Op. cit., p. 213. original revista Testimonio 8, abril de 1948

[10] Sobre la estirpe calvinista de nuestras instituciones políticas. Una introducción de Alfonso López M., en Entre católicos y protestantes. LD El Tiempo, 17 de febrero de 2007.

 

[11] El régimen débil empieza en 1811, y “entre nosotros sirvió para erigir en doctrina de Estado al individualismo contra la tradición unitaria de la Colonia”. Más aún, el liberalismo prohijó “la identificación del poder económico y del poder político en lo que se ha llamado período republicano”

[12] Negri, Antonio, Cocco, Giuseppe. GlobAL. Biopoder y luchas en una América Latina globalizada. Paidós, Argentina, 2006.

[13] Ver LD de El Tiempo, 17 de febrero de 2007.

[14] Así lo registró el historiador Jaime Jaramillo Uribe en una crónica publicada en LD de El Tiempo, 21 abril 2007.

[15] Inmortalizada por el aplastamiento con bombas de Guernika, el lugar donde los reyes reconocían el fuero, la autonomía conquistada por los Vascos frente a la monarquía

[16] Hendersen, James D. Las ideas de Laureano Gómez. Ediciones Tercer Mundo. Bogotá, 1985, p. 183.

[17] Op. cit., pp. 183, 184.

[18] Ver Guillén Martínez, Fernando. El poder político en Colombia. Editorial Planeta. Bogotá, 1996.

[19] Weber, Max. Escritos Políticos II. Folios Ediciones, México, 1982, pp 365-469.

[20] Un destacado animador de las Sociedades Democráticas en la mitad del siglo XIX, junto con Lorenzo María Lleras.

http://www.cronicon.net/paginas/edicanter/ediciones15/Lopez3.htm

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