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Archive for September, 2009

Escuche la canción que la comunidad compuso a El Salado y vea más imágenes haciendo clic aquí. Lea más sobre María Cabrera en Recursos Relacionados.

Abel Montes Fuentes cumplió 99 años el 7 de agosto pasado y le ruega a Dios que se lo lleve antes de los 100. “Quiero morir de viejo y no como vi morir a tantos en El Salado -dice-. No he perdido la memoria”.

Está vivo de milagro y espera que la muerte le llegue, sin espanto, un día no muy lejano. Está preparado. Hace dos años compró un ataúd que guarda en su casa para cuando la hora llegue. “Espero que me entierren en él porque después de vivir lo que he vivido aprendí a que hay que tener listo el cajón, no vaya a ser que por morir en una masacre y no tener todo listo termine metido en una fosa y nadie sepa dónde estoy”, afirma con convicción, y agrega que además lo hace “para ahorrarles a los hijos los 600.000 pesos que cuesta mi caja”.

Su historia parece de novela pero, como ya es lugar común decirlo, la realidad supera la ficción. Pudo morir en 10 oportunidades pero sobrevivió. Abel tiene más vidas que un gato. La primera vez que sintió la muerte de cerca fue en 1972. “Llovía, salí al patio a sacar agua y me cayó un rayo -cuenta-. No sé cómo pero no me morí, perdí el sentido y cuando abrí los ojos estaba enterito, aunque el rayo me había quemado todo por dentro. Desde entonces supe que era especial”.

Siguió su vida como si nada hubiera pasado pero la muerte seguiría pisándole los talones. “Por poco caigo en los años de la violencia entre liberales y conservadores y luego cuando aparecieron las Farc y me negué a ayudarles -relata Abel-. Ahí la vi unas cinco veces”. Más tarde, en marzo de 1997, llegaron los paramilitares. “Mataron a cuatro, entre ellos a la profesora Doris Torres y al presidente de la junta de acción comunal Álvaro Pérez -continúa el relato-. En cada época estuve a punto de ser asesinado porque pensaban que por viejo sabía mucho, pero siempre me salvaba. En cambio,  vi morir y desaparecer a gente por montones”.

Sí, está vivo de milagro. “Si sobrevivo a esto no voy a morirme nunca”, se dijo en febrero de 2000 cuando cerca 400 paramilitares rodearon El Salado con la intención de no dejar a nadie vivo para contar el cuento.  “Un helicóptero se acercó disparando -asegura-. Me dijeron que lo manejaba el señor ese Mancuso, mató a varios desde el aire y yo, con mis 90 años a cuestas, pensé que era mi día”.

Fue el viernes 18. Un negro grandote llegó a la casa que había construido 25 años atrás y le ordenó ir a la cancha de baloncesto donde los ‘paras’ estaban reuniendo a todo el pueblo. “Le dije que estaba cansado y que si me iban a matar, que procediera porque yo, ni guerrillero, ni ladrón, no le debía nada a nadie -recuerda-. Cerré los ojos, me dio duro con la cacha del fusil en la costilla y me obligó a ir a la cancha”.  Allí, los niños estaban de un lado, las mujeres del otro, los hombres en el medio. En las escaleras de la iglesia, los viejos.  “Era el infierno, el sol quemaba como nunca, nos estábamos muriendo de sed y ellos, los ‘paracos’, a la sombra, desde una casa, iban diciendo ‘este muere, este no”… -continúa Abel-. Eran como las dos de la tarde cuando empezaron a hacer un sorteo, mataban al que le cayera el número 28. Así mataron a varios. Mientras tanto, todos los demás calladitos, viendo matar, torturar, cortar orejas, cabezas…” Fueron asesinadas 28 personas ese día. “Por guerrilleros”, dijeron. “Al final del día ya no había sed, lo que dolía era el alma”, afirma Abel. La masacre siguió durante varios días. Un olor fétido se apoderó del pueblo, los cadáveres estaban en proceso de descomposición. Los sobrevivientes improvisaron ataúdes con puertas y madera de las casas pero no hubo para todos los muertos. La mayoría fueron enterrados en una fosa común. “Desde ese día pensé que tenía que tener listo mi ataúd por si me mataban -asegura Abel-. Después de sobrevivir a ese horror uno quiere tener una muerte digna, cuando Dios quiera”.

Lotería de la muerte

Eusebia Castro, de 43 años, madre de tres niños, sobrevivió a la masacre porque se escondió detrás de un árbol y solo la encontraron a eso de las cuatro de la tarde. “Yo casi ni respiraba porque temía que me escucharan, pero me delató una chancla que se veía al lado del árbol -cuenta-. Me llevaron para la cancha y allí un paramilitar me dijo, ‘Vas a morir como el resto”, y luego gritó: ‘¡No se escondan guerrilleras!’. Pregunté por qué, yo no había hecho nada. Me explicaron que traían una gente especial, desertores de las Farc, que señalaban quién era y quién no era guerrillero”.

La condujeron a la cancha y la hicieron parar junto a la iglesia. Allí otras mujeres temblaban como ella. Muy cerca, el cadáver de Judith Arrieta estaba amarrado a un árbol. La habían degollado. A Nayibe Osorio la arrastraron del pelo por todo el pueblo hasta que murió. La acusaron de ser la mujer de un guerrillero. Y a Francisca Cabrera la molieron a golpes y luego la asesinaron de un disparo. “Por guerrillera”, repitieron.

El resto de mujeres, aterrorizadas, se miraban unas a otras preguntándose en silencio quién sería la próxima. Los verdugos les asignaron los números de unas balotas que echaban en una bolsa para luego hacer el sorteo de la persona que iba a ser asesinada. “Luego unos hombres nos miraban y decían ‘esta sí, esta no’ -relata Eusebia-. Cuando me miraron a mí sonó un teléfono, como que dieron la orden de no seguir matando”.

La escena era dantesca. Muertos aquí y allá, llanto, gemidos contenidos, terror a flor de piel, agazapado. “Los paramilitares buscaron a unos que tenían un conjunto con caja y guacharacha y los obligaron a tocar y luego pusieron música en un equipo de sonido -recuerda la mujer-. Empezaron a gritar ‘¡Aquí ya no mandan los guerrilleros, los reyes somos los paramilitares!’ “.

Al final de la tarde, los paramilitares mandaron a los que habían dejado vivos  para la casa de Luis Ortega y les ordenaron permanecer allí hasta nueva orden. “Al día siguiente, como a las 11, escuchamos una sirena, pensamos que era la Cruz Roja -cuenta Eusebia-. Fuimos a la cancha, los animales se estaban comiendo a los muertos, pedimos que nos dejaran enterrarlos. Al ratico llegó el Ejército preguntando por los paramilitares. ¿No saben ustedes que eran los que andaban con ellos?, les pregunté, y contestaron: ‘Nosotros solo llegamos hasta ahora’. ¿Demasiado tarde, no?, les repliqué”.

En la actualidad, sin poder borrar los recuerdos de lo ocurrido, Eusebia pide justicia y reza para que paguen los culpables. “Vinieron a matarnos a todos, sin distinciones, y nadie vino a salvarnos”, dice con rabia.

Hombre antes de tiempo

Cristian Alberto, de 20 años, vive desplazado en Cartagena y estudia en la Universidad. “A los 11 años tuve que ver cómo los paramilitares mataban a toda la gente de El Salado, mi pueblo. Mi padre pensó que si salía corriendo con nosotros, sus hijos, era mayor el riesgo de que nos mataran a todos y por eso el día de la masacre, mientras él huía, mi hermanita y yo nos escondimos en la casa. Mi padre creyó que a los niños no nos iba a pasar nada pero se equivocó. Lo hizo por amor y, bueno, esa es la vida, decisiones que hay que tomar”.

Los paramilitares los encontraron escondidos en la casa de Libardo Trejos, los llevaron con el resto de los niños a las gradas de la iglesia.”Un helicóptero que volaba bajito ametrallaba y mató al señor Trejos -recuerda Cristian-. Salimos corriendo y a la niña que estaba junto a mí le cayó la sangre del señor y desde ese día está mal”.

No llegaron muy lejos. Los llevaron a la cancha, al rayo del sol. Antes de agarrarlos habían encontrado a Helen Margarita Arrieta Martínez, una niña de 6 años, hija de la señora Pura Chamorro a quien acusaban de guerrillera. Las pusieron bajo el sol, sin agua o alimentos. La niña murió insolada y deshidratada. El joven insiste en que  tuvo que ver lo que no tendría por qué ver un niño.  “Ejecutaban la gente mientras consumían licor y tocaban música -dice-. Mataron a Rosmira Torres Gamarra y a Luis Pablo Redondo con armas de fuego y cortopunzantes, y otros los ahorcaron o los degollaron y les cercenaron partes del cuerpo y luego les hicieron tiros de gracia. Y violaron a varias mujeres, algunas de ellas menores de edad”.

“El pueblo quedó de psiquiatra y el Gobierno no nos acompañó -se queja Cristian-. Todos fueron desplazados y en dos años, salvo unos pocos, nadie quiso volver. “Yo no quiero regresar. Ver matar y, peor aun, ver a unos tipos riéndose mientras matan lo deja a uno marcado. Desde ese día supe que ya no era un niño”.  Y ahora lucha con otros sobrevivientes de la masacre para evitar ser presas del odio. “No solo fue una masacre, separaron familias, me pusieron a ser hombre antes de tiempo -asegura-. De milagro, después de eso no nos volvimos malos y vengativos”.

“Esa guerra  no era nuestra”

El grupo Memoria Histórica de la Comisión Nacional de Reparación presentará, el 13 de septiembre en El Salado, el informe “Esa guerra no era nuestra”, un documento que reconstruye lo que sucedió entre el 16 y el 20 de febrero de 2000, cuando paramilitares  asesinaron y torturaron a 60 personas: 52 hombres y ocho mujeres, entre ellos tres menores de edad. La noche anterior, un avión fantasma de las Fuerzas Armadas sobrevoló el pueblo y al día siguiente un helicóptero que pilotaba Mancuso disparó sobre la población. Tras la matanza, 7.000 campesinos abandonaron la zona. El sociólogo Andrés Suárez, coordinador de la investigación, sostiene que la reconstrucción del caso indica que hubo planeación previa para justificar la ausencia de la fuerza pública en el lugar de los hechos. Y agrega que la masacre no se limitó a El Salado y se extendió a otras poblaciones limítrofes, y los muertos pudieron ser más de 100 en los alrededores.

Impunidad

El 3 de enero de 2006, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió una petición de las víctimas según la cual entre el 15 y 19 de febrero de 2000 cerca de 350 paramilitares, con aquiescencia y participación de agentes de la fuerza pública,  cometieron la masacre de El Salado. La CIDH admitió el reclamo pero aún no ha fallado.

De los paramilitares que participaron en la masacre solo hay 15 condenados, entre ellos Jhon Jairo Esquivel, ‘el Tigre’, y Úber Bánquez, ‘Juancho Dique’. En 2008 fue llamado a juicio por homicidio agravado el capitán (r) de la Armada Héctor Martín Pita Vásquez, quien actuaba en la zona de los hechos. Por el mismo caso, en junio de 2007 la Fiscalía llamó a juicio como determinador de la masacre a ‘Jorge 40’ .

El Salado  hoy

El Salado es un corregimiento de Carmen de Bolívar de 700 habitantes, cuando en 2000 eran 7.000. La masacre los obligó a buscar refugio en otros lugares. Muy pocos quieren regresar y los que allí viven luchan contra la pobreza en labores como cultivar tabaco, ñame y yuca. No será por mucho tiempo, pues las 1.100 hectáreas de cultivos fueron vendidas por personas que dijeron ser los verdaderos dueños de la tierra. Los saladeños se resisten a  dejar sus tierras. “Nos están pidiendo la tierra porque las necesitan para sembrar palma y otras cosas, y dicen que a nosotros no nos necesitan”, asegura Eusebia Castro.

A la población se llega por una trocha destapada -solo hay 200 metros pavimentados-. Año tras año, los distintos gobiernos han prometido construirla pero todo se ha quedado en palabras, pese a que hay asegurados para su construcción 1.500 millones de pesos del Fondo de Inversiones para la Paz y 100 millones de la Gobernación de Bolívar. El Salado no tiene agua potable ni puesto de  salud, y buena parte de sus habitantes sufre trastornos psicológicos. Solo desde hasta hace poco son atendidos por profesionales de la Comisión Nacional de Reparación. La muerte es lo único que no les ha llegado tarde.

Los crímenes de las Auc

A continuación, un recuento hecho por CAMBIO. Haga clic en cada uno de los enlaces.

– La masacre de Trujillo
– La matanza de El Aro
– El exterminio de UP
– El robo de las tierras
– La guerra en el Sur de Bolívar

www.cambio.com

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The Awa indigenous authorities have said they are convinced that the massacre was a revenge attack against one of the victims, Tulia Garcia, whose husband was murdered in a suspected extrajudicial executed by army forces in May. Tulia had reported the crime and was actively seeking justice for her husband’s murder. The gunmen struck whilst the victims were sleeping, at 5am on Wednesday the 28th August.

The Awa community has suffered the consequences of the Colombian armed conflict as much as any other. Based in a region which is strategic for the trafficking of drugs, the community must cope with heavy presence of paramilitaries, army forces, guerrilla forces, and drug trafficking gangs. In February this year, FARC rebels massacred 12 members of the Awa community whom they accused of collaborating with army forces.

This massacre further evidences the systematic violence being faced by indigenous communities in Colombia. In mid-August, national indigenous organisation ONIC announced that 67 members of indigenous communities had already been murdered this year. The dire human rights situation in Colombia is one of the key campaigning issues of the Social and Communitarian Minga, an ever-growing, broad-based social movement led by indigenous communities. One of the inspirational leaders behind the Social and Communitarian Minga, ex-leader of the Cauca Regional Indigenous Council Aida Quilcue, will be visiting Britain in September at the invitation of Unison Northern, the Northern TUC, and the Colombia Solidarity Campaign. Aida’s husband Edwin was murdered by Colombian army forces in December last year in an ambush seemingly meant for Aida.

NO SWEAT

Colombia Solidarity Campaign UK

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Por: Agencia EFE

Desde el pasado 26 de agosto han recibido constantes intimidaciones.

Unos 300 familiares de los 12 indígenas awá masacrados la semana pasada iniciaron un desplazamiento masivo por las amenazas que continúan recibiendo, informó la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC).

En un comunicado manifestó su preocupación por el continuo asedio y amenazas contra la comunidad awá tras la matanza de 12 de ellos el pasado 26 de agosto en el departamento de Nariño.

“Las comunidades del resguardo El Gran Rosario desde ayer empezaron el desplazamiento masivo de más de 300 personas que habitan en esta región”, señaló el mensaje de la ONIC.

Las continuas amenazas que han recibido las comunidades en las cuales “se les intimida con una nueva masacre” les obligaron a salir de su territorio hacia el caserío de la Guayacana, en el municipio de Tumaco.

“Es preocupante saber que en esta vereda las comunidades del pueblo awá de Gran Rosario tan solo cuentan con una vivienda construida con sus propios esfuerzos, por lo tanto se encuentran en críticas condiciones humanitarias”, añadió la ONIC.

Asimismo, exigieron al Gobierno atender la emergencia que viven esas comunidades indígenas desplazadas e instaron a las autoridades a ofrecer protección a los testigos de la matanza.

Jairo Miguel Paí, detenido el lunes por su presunta implicación en la matanza de los 12 indígenas awá, es un aborigen de este mismo pueblo que pertenece a un nuevo grupo paramilitar del suroeste del país.

La masacre fue cometida por varios hombres armados con fusiles y pistolas y vestidos con prendas militares en el domicilio de Tulia García, testigo en un proceso por el asesinato de su esposo, asesinado el pasado mayo a manos, al parecer, de miembros del Ejército.

Elespectador.com

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Cine avance: Desplaza.Dos

Testimonios Colombia

Testimonios Colombia

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No.2 Jairo Castillo “Pitirri”

No.3 “Pitirri”, testigo clave en el caso de Mario Uribe

No.4 “Pitirri”, amenazado a muerte

No.5 Los bienes de los jefes paramilitares

No.6 Jairo Castillo “Pitirri”: La masacre de El Salado

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Así calcinaron los paramilitares a sus víctimas

El descarnado relato de un desmovilizado que le contó a la justicia cómo y por qué se implantó esta estrategia criminal.

La noticia de la siniestra práctica de las autodefensas de incinerar cuerpos para borrar cualquier rastro de su barbarie en el Catatumbo la dieron, en distintos escenarios, Salvatore Mancuso y Jorge Iván Laverde, alias El Iguano –y el país se estremeció–, pero los detalles más escabrosos sobre los hornos en los que fueron calcinados centenares de sus víctimas los entregó a la justicia Armando Rafael Mejía Guerra, alias Hernán. En un relato de una hora, el comandante que construyó estas parrillas de la muerte en la región de Juan Frío, en la frontera con Venezuela, detalló cómo esta rudimentaria forma de aniquilamiento a destiempos fue perfeccionándose al compás de las cenizas y el horror.

A orillas del río Táchira, al frente de un viejo trapiche abandonado, por orden del comandante Gato, un hombre al que apodaban Gonzalo construyó el primer horno en el año 2002. Estaba hecho de ladrillos y se le echaba carbón mineral para atizar la hoguera y, de paso, los cadáveres. Fue un avance, se diría, en estos asuntos de desaparecer los vestigios que dejó su guerra. Antes quemaban los restos de sus víctimas con llantas de carros, ahí, en cualquier lugar, sin fogones ni procedimientos previos, con los neumáticos consumiendo las pieles y abrasando las carnes de sus crímenes insepultos. “Se buscaban los cauchos, se prendían y se tiraban los restos”, contó secamente Hernán.

La idea partió de Gonzalo, quien advirtió que cuando estaba  en la guerrilla se hacía lo mismo, y coincidió con unas pesquisas de la Fiscalía en las que se tenía certera información de decenas de fosas comunes de las Auc. “El comandante Richard me dijo: ‘Hermano, mire a ver cómo hace para sacar todo eso, que donde llegue a meterse la Fiscalía y nos consiga una fosa, nos matan’ ”. Fue la génesis de esta horripilante práctica que tuvo un aliento extra: según Hernán, en aquellos días, en Villavicencio las autoridades encontraron una fosa con 36 personas y “a mí me llegó la orden de que comandante que se dejara coger fosas lo daban de baja”.

Y recordó que durante cuatro meses, a finales de 2001, desenterraron las osamentas de unas 70 personas y las llevaron a los hornos rudimentarios de Juan Frío, cortando de tajo cualquier pista de la justicia para hallarlas. La estela de sangre que desplegaron las mafias del paramilitarismo desde los Llanos o el Urabá hasta los Santanderes consternaban al país, pero de muchos de sus muertos nadie tenía noticia. Estaban en cenizas ya. Hernán lo ratificó: sus hornos se volvieron leyenda aunque, en un súbito arranque de remota moral, le contó a la Fiscalía que en una reunión con varios comandantes “me tocó decirles que los que subieran gente para asesinarla allá, que ellos mismos lo hicieran”.

De su confesión a la justicia se desprende una paradoja del sanguinario ex paramilitar: “Pero yo no me ponía a mirar porque eso es duro, doctor, eso de incinerar y desaparecer gente”. Como en cualquier organización jerárquica, Hernán escudó su responsabilidad en que cumplía órdenes y punto, y que, luego de que las llamas carbonizaran lo que había, se le echaban baldes de agua al horno y se desaparecían las cenizas. “¿Y los restos que no se incineraban, como la mandíbula, los dientes o las prótesis?”, lo interrogó la Fiscalía. “Se quemaba totalmente todo. Doctor, a eso se le echaban un balde o tres de agua y eso se volvía nada”, contestó escueto. Y añadió que muchas de sus víctimas las llevaban desde Cúcuta.

“Pa fines de 2003, eso se descontinuó porque dieron una orden de que eso era prohibido, que iba en contra de la Corte Internacional”, agregó sin inmutarse  Mejía Guerra. Por dos años, las fosas fueron reemplazadas por esas parrillas de la muerte. El ritual siempre fue el mismo: los cuerpos se enterraban y a los seis meses se exhumaban y se incineraban. Pero antes de que llegaran las prohibiciones, la quemazón se salió de madre y la Fiscalía cree que por esos hornos no pasaron sólo muertos. Nada de extravagante tendría, siendo los paramilitares una máquina de torturas. Como en los peores tiempos de la Inquisición, se diría.

Hernán contó que para facilitar las desapariciones, y ante la inesperada demanda de turno, se vieron obligados a construir otro horno, que fue testigo de crímenes execrables, como el de un niño de 14 años cuyo cuerpo quedó en cenizas porque, supuestamente, había extorsionado a una profesora de Villa del Rosario, municipio situado a 20 minutos de Cúcuta. O el de tres jóvenes que un sábado cualquiera estaban tomando cerveza y fueron acusados de “guerrillos” por Arbeláez, un comandante encargado que reemplazaba los fines de semana a Hernán en la macabra travesía de convertir humanos en polvillo. O el de un celador de Cúcuta al que asesinaron, desmembraron y después cocinaron.

El descarnado relato del ex paramilitar concluyó que tras la prohibición de los hornos, dizque para respetar normas internacionales, “en un acto de suma consideración” los cadáveres de los paramilitares ya no desaparecían entre las brasas de los hornos, sino al otro lado del río Táchira, en territorio venezolano, donde la policía de ese país desenterraba a diestra y siniestra los cuerpos que vomitaba la guerra colombiana. De cualquier manera, según Hernán, como podía, lograba escabullírsele a las imágenes siniestras que calcinaron sus parrillas rudimentarias. “¿Pero usted presenció algún asesinato?”, cuestionó la Fiscalía. “No, nunca –se apresuró a contestar–. Cuando iban a asesinar a una persona, yo nunca estaba ahí. No me gustaba ver eso”.

Jefes ‘paras’ hablaron de los hornos

El primero en referirse a los hornos de la muerte fue el ex jefe paramilitar Jorge Iván Laverde, alias El Iguano, en octubre de 2008, en una audiencia de Justicia y Paz. Laverde manifestó que en Villa del Rosario se construyó un horno en 2001 con el objetivo de cremar 98 cadáveres de personas que fueron asesinadas en Cúcuta y en algunos municipios aledaños.

Asimismo, confirmó que dos años después construyeron otro horno crematorio en la finca Pacolandia, ubicada en Puerto Santander. En el sitio habían sepultado 20 cadáveres que luego fueron incinerados. Esa versión fue ratificada por Salvatore Mancuso desde Estados Unidos, el pasado 29 de abril. Aseguró que tenía como objetivo no dejar huella de los crímenes ni acrecentar las cifras de homicidios en el país.

Mancuso aseveró que la idea de los hornos fue del extinto jefe paramilitar Carlos Castaño, atendiendo una solicitud de dirigentes políticos y militares de desaparecer cadáveres de esta manera.

Catorce años al servicio de las autodefensas

Armando Rafael Mejía Guerra, alias Hernán,   nació en el municipio de Galeras, en el departamento de Sucre, hace 37 años. De acuerdo con la información recogida por la Fiscalía, se incorporó a las autodefensas en 1995 en la región de Urabá y luego fue trasladado al bloque Catatumbo en el año 2000. Allí se convirtió en comandante en el municipio de Villa de Rosario, en Norte de Santander.

Dentro del marco de la Ley de Justicia y Paz es investigado por 26 homicidios y tres desapariciones forzadas. Buscando los beneficios de normatividad, el próximo 19 de mayo se realizará, en la ciudad de Barranquilla, la audiencia de imputación de cargos en contra de Mejía Guerra, quien se encuentra detenido.

http://www.elespectador.com

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“Ser ‘sapos’ será una carga que aguantaremos toda la vida”
Por: Redacción Judicial
Jorge Iván Laverde, alias ‘El Iguano’, le contó a El Espectador las tragedias de la guerra en Colombia. Dice que así como él y sus hombres le apostaron a decirle la verdad al país, espera que algún día los políticos hagan lo mismo.

Foto: Óscar Pérez

Hace unas semanas, ‘El Iguano’ expresó en la Corte Suprema que al menos 7.000 desmovilizados retomaron las armas por falta de oportunidades.

Jorge Iván Laverde Zapata, el ex comandante del frente Frontera a quien sus hombres conocieron como El Iguano, ha vivido toda su vida en torno a la guerra. De niño, a él y a su familia les tocó el Urabá dominado por el Epl y las Farc. Con 17 años, bajo el mando de la casa Castaño, ingresó a las autodefensas. Hace cuatro años se postuló a la Ley de Justicia y Paz, y desde entonces ha revelado datos tan escabrosos como que sólo su frente causó más de 2.500 muertes en la región.

Fue él quien patrocinó la idea de fabricar hornos y cremar allí a las personas que los ‘paras’ asesinaban. Aunque dice que no puede justificar la muerte de nadie, explica cada uno de sus homicidios con la teoría de que eran sus enemigos y, de paso, los enemigos del país. De Urabá pasó a Chocó y, finalmente, se estableció en Norte de Santander, para operar bajo las órdenes de Mancuso hasta el día en que se desmovilizó.

El país no sale del estupor que produjo el tema de los hornos. ¿Cómo surgió esa macabra idea?
Una vez enterramos a unas 20 personas en una fosa y yo me enteré de que la Fiscalía la localizó. Se nos ocurrió que para no enfrentar un escándalo mejor hacíamos un horno, los cremábamos y listo. El comandante de Villa del Rosario, Misael, me dio la idea y yo dije ¡listo! Eso duró como dos años.

¿Pero Mancuso les había dado indicaciones similares?
No. Al principio, Mancuso nos decía que si era un guerrillero o delincuente, lo matáramos y lo dejáramos allí, como escarmiento; pero, en otros casos, nos decía que no dejáramos tantos muertos para no “calentar” la zona.

¿Cuántas personas echaron a los hornos?
Por ahí 90. Muy difícil precisarlo. Estamos cansados de pedirle al Gobierno que nos postule a los muchachos que capturaron antes de la desmovilización y que saben muchas cosas.

¿Nunca metieron gente viva?
Jamás, estoy seguro.

¿Cómo se enteró Mancuso?
Después de que nos desmovilizamos yo le conté. Estaba preocupado porque es un tema delicado. Él me dijo que eso había que contarlo. Yo he intentado trabajar con las víctimas, decirles qué personas desaparecimos allí.

Hay denuncias de que desmovilizados estarían chantajeando a políticos para no involucrarlos en la parapolítica.
Cuando empezamos este proceso supe que nos íbamos a ganar muchos enemigos, que nos iban a tildar de mentirosos. Pero, ¿quién dijo que nosotros corrompimos a los políticos? ¡Ellos nos corrompieron a nosotros! Con los políticos siempre es un tema delicado. Les he dicho a los muchachos míos que cuenten todo, aquí nos obligaron a ser “sapos”. Ojalá algún día los políticos salgan a decir que se reunieron con nosotros, como lo hicieron Eleonora Pineda y Rocío Arias.

¿Qué puede decir de los presuntos nexos de Ramiro Suárez, ex alcalde de Cúcuta, con las Auc?
En 2003 había una orden de las autodefensas para matarlo porque nos habían dicho que se reunía con las Farc. Pero el político del bloque Catatumbo, Elías Galvis, le dijo al comandante Camilo que nos servía más vivo que muerto y se reunió con nosotros. Una vez se posesionó, no nos cumplió lo de la Secretaría ni lo de Metroseguridad. No sé si él mandó a matar personas, le dije eso a la Fiscalía porque eso me dijeron mis muchachos, que era un favor que le habían hecho a él.

¿Conoció a José Miguel Narváez, ex subdirector del DAS?
Lo vi en dos ocasiones en la finca La 35. Muchos comandantes ya declararon que él dictaba cursos para las Auc.

¿Narváez tiene responsabilidad en la muerte de Jaime Garzón?
No puedo afirmarlo. Se lo escuché a Cero Cuatro, un comandante muy cercano a los Castaño que se desmovilizó, me dijo que Narváez era de los que más había “pedaleado” la muerte de ese señor.

¿Cómo era la relación de su frente con la Fiscalía?
La Fiscalía trabajaba con nosotros y Ana María Flórez (ex directora de Fiscalías de Cúcuta) nos daba información y nos decía dónde iba a haber operaciones; al Gato, segundo comandante urbano, le decía dónde estaban ubicados guerrilleros y sobre esa información actuábamos. Pero por contar la verdad hemos tenido serios problemas. He confesado cantidad de homicidios y apenas me han legalizado 135 crímenes en tres años. Lo que dijo Mancuso no es mentira: en 100 años no habremos terminado.

¿Justicia y Paz no sirvió?
Esa ley ha servido para esclarecer algunas cosas, pero como vamos no se van a esclarecer en su totalidad. Necesitamos más salas de versiones libres, más fiscales y que no sea tan largo el procedimiento. No nos pueden pedir la verdad cuando nos amordazan y nos quitan los celulares. Hay gente en las cárceles pagando homicidios que cometimos nosotros, mientras rogamos porque incluyan muchachos en Justicia y Paz para que digan lo que saben.

¿Qué mensaje les envía a las víctimas?
Yo quedaré como el peor bandido del mundo. No puedo justificar por qué maté a una persona, y aún sabiendo por qué las maté no puedo decirlo porque las victimizaría más, era la información que teníamos en ese momento. Pero una forma de repararlas es contando la verdad.

¿Los afectó la extradición de los 14 ex jefes paramilitares?
Tumbó el proceso. Ahora, si decimos algo sobre un político nos dicen: “Miente, llévenselo para Cómbita, ármenle un indictment, mándenlo a Estados Unidos”.

¿Lo han amenazado con la extradición?
No, porque nunca tuve que ver con el narcotráfico. Lo que pasa es que ser “sapos” será una carga que tendremos que aguantar toda la vida. Todo el mundo sale a decir que somos mentirosos y delincuentes. Y nosotros no tenemos intención de mentirle al país.

¿Ustedes colaboraron con falsos positivos?
No, ya lo hubiera dicho.

Vamos a su comienzo. ¿Por qué lo trasladaron a Norte de Santander?
A principios de 1999, Carlos Castaño organizó una estructura que iba a entrar a Norte de Santander a combatir las Farc y al Eln. Al llegar nos encontramos con que toda el área metropolitana de Cúcuta estaba dominada por la guerrilla, la Policía no salía de los puestos ni el Ejército operaba.

¿En qué fecha llegaron a Cúcuta?
Entramos el 9 de mayo de 1999 y el bloque Catatumbo el 29 de ese mes. Cuando llegaron habíamos asesinado 60 milicianos del Eln.

¿Cómo detectaban guerrilleros?
La mayoría de hombres que pertenecían al frente Frontera fueron parte del Eln y las Farc. Ellos sabían. Otros datos nos los entregaban las mismas autoridades. A oficiales de la Policía y el Ejército, que fueron retirados o expulsados, les pasaban las listas sus ex compañeros; y en el DAS también hacían labores de inteligencia y nos entregaban información porque no querían capturarlos y tener que soltarlos al año.

La Fiscalía formó una comisión especial para investigar la violencia sexual de las Auc en el Catatumbo.
Si un grupo armado, por fuerte que sea, no tiene el apoyo de la población civil, no crece. Éramos amigos de todo el mundo. Nunca nos echaron la ley. De Cúcuta bajaban los comerciantes a verme.

Eso no los exime de los abusos sexuales.
Le pido a los que se hayan sentido afectados que denuncien. No me haré responsable, ni por línea de mando, de algún caso de violación porque lo tenía totalmente prohibido en el frente.

Pero ustedes cometieron muchos excesos.
Nunca lo he negado. Somos campesinos que no nos preparamos pa’la guerra. En muchas partes se trataban de controlar los excesos pero eso es imposible, ni siquiera el Estado legalmente constituido puede.

Las víctimas reclaman por sus atropellos.
Algunos sufrieron muchísimo, pero la gran mayoría se benefició.

Según usted, su bloque no era de asesinos sino de ángeles.
No puedo justificar la muerte de personas, pero combatimos un enemigo que teníamos. ¿Se cometieron errores? Sí, como pasa en todo, pero la gente nos veía en la calle y no salía corriendo. Los ganaderos nos decían: ‘Si nosotros le tenemos que pagar impuestos al Gobierno, y aquí lo que impera es un Estado subversivo, ¿por qué no les vamos a pagar a ustedes que le están dando tranquilidad a la región?

¿Cuántos homicidios han reconocido ?
Entre 2.000 y 2.500 personas.

¿Y de su mano, usted cuántas personas asesino?
No sé, unas 80 ó 100.

¿Hubiera podido darse un final para las Auc distinto a la desmovilización?
Esta organización se desmovilizó cuando estaba en su apogeo político, militar y financiero. Militarmente nunca nos hubieran derrotado. En muchas regiones los militares confabulaban con nosotros. Fueron varios los millones de dólares en operaciones bélicas que le ahorramos al Estado. No es un secreto que en Urabá las operaciones las hacíamos en conjunto con el Ejército. Las autodefensas entraban a la Brigada XVI, y si iban 200 militares en una operación, 200 autodefensas los acompañaban.

¿Vio alguna vez al general (r) Rito Alejo del Río?
En Urabá, personalmente, no. Lo vi sólo una vez en Norte de Santander, en una reunión con el director seccional del DAS, Jorge Díaz. Eso fue como en 2002. Me sorprendió verlo, lo saludé y ya.

¿Y qué sabe de otros oficiales?
He mencionado a un resto de mayores, capitanes y tenientes que nos colaboraron en Norte de Santander. Unos fueron expulsados del Ejército y llegaron a las autodefensas. Se han ido lanza en ristre contra el Ejército, pero, ¿y la Policía? ¿Cómo explica la Policía la poca cantidad de autodefensas que capturaron mientras estuvimos en Cúcuta, con esa cantidad de muertos diarios?

Las fosas de Norte de Santander
Hace un par de semanas El Iguano fue trasladado de la cárcel La Picota, donde se encuentra recluido, a la cárcel de Cúcuta. La Fiscalía lo requería en esa zona para continuar con un trabajo que comenzaron hace cuatro años: la recuperación de los muertos que dejó la violencia paramilitar en Norte de Santander.

Hasta la fecha, la Fiscalía sólo ha podido recuperar los restos de 69 personas. En Cúcuta, El Iguano se reunió con desmovilizados que estaban bajo su mando para conseguir más información sobre fosas, pero los familiares de las víctimas también han sido de gran ayuda en este proceso. Las denuncias de desaparecidos, una vez se desmovilizaron las Auc, ha aumentado considerablemente en esta región.

Los macabros detalles de los hornos ‘paras’
Aunque El Iguano y Salvatore Mancuso habían mencionado escuetamente la siniestra práctica de los hornos para desaparecer a sus víctimas, el desmovilizado que le entregó la mayor cantidad de detalles a la justicia sobre este asunto fue Armando Rafael Mejía Guerra, alias Hernán.

El ex paramilitar confesó que, incluso sin hornos, las personas asesinadas eran cremadas entre llantas de carros para desaparecer su rastro, pues el afán de las autodefensas era que la Fiscalía no diera con sus fosas comunes. Según él, la orden de sus superiores era dar de baja al que permitiera que las autoridades hallaran una fosa.

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