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Archive for December, 2009

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Bogotá, (EFE), 11/12/09. Varias organizaciones no gubernamentales de defensa de los derechos humanos colombianas lamentaron hoy el trato dado por el Estado a las víctimas del conflicto armado interno y pidieron que su situación sea abordada mediante un consenso nacional.

“Creemos que aquí hay que buscar un acuerdo o un consenso nacional, porque el tema de las víctimas no puede ser sólo de las víctimas”, afirmó el presidente de la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes), Marco Romero.

El activista se lamentó de que la respuesta del Estado ante los efectos del conflicto ha avanzado por orden de decisiones judiciales y no por una voluntad gubernamental de “trazar una política de Estado y una política integral de atención a las víctimas”.

Sin embargo, destacó que se haya consolidado este año en el país el movimiento de víctimas, con un crecimiento incluso en la “conciencia social a favor de los derechos” de las personas afectadas por la confrontación o sus efectos.

Asimismo, observó que el conflicto armado de Colombia no ha cesado, a pesar de que “el discurso oficial diga que estamos en postconflicto”.

“Ese discurso sólo sirve para erosionar la normativa humanitaria”, continuó Romero, que habló durante una conferencia de prensa convocada en Bogotá con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemorará mañana.

La confrontación es más fuerte en varias regiones del sur, el suroeste, el sureste o el nordeste, que “están focalizadas por la seguridad democrática (de lucha antidrogas y contra los grupos armados ilegales) como zonas de teatros de operaciones”, dijo luego.

Por su parte, la responsable de la Fundación Nydia Erika Bautista, Yanett Bautista, consideró que 2009 “fue un año negro para los derechos de las víctimas”.

“La lucha de los familiares de los desaparecidos y de todas las víctimas es de largo aliento”, agregó Bautista, cuya fundación lleva el nombre de una rebelde del disuelto Movimiento 19 de Abril (M-19) desaparecida a manos de los militares en agosto de 1987.

La activista observó que a los colectivos de defensa de los derechos humanos no los detiene ni “la discriminación que el Estado y, especialmente el Gobierno de (el presidente colombiano, Álvaro) Uribe, con su bancada en el Congreso, ha hecho con la ley de víctimas” que no fue tramitada en el Legislativo.

El presidente del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice), Iván Cepeda, también se lamentó de que esta iniciativa legal no fuera estudiada por el Congreso, que se dedicó en la legislatura que está por terminar a asuntos relacionados con el proyecto que busca la reelección de Uribe.

Bautista también subrayó el hecho de que la fiscalía haya reconocido hace algunos meses que en el país están documentados 27.055 casos de desapariciones forzadas.

No obstante, advirtió de que “hay muchísimos casos más, por cuanto un 90 por ciento de las víctimas (familiares de desaparecidos) aún no ha denunciado”.

Romero aseguró que el número de casos, ya de hecho “espeluznante”, puede sumar ahora 40.000, por encima de los menos de 30.000 que dejaron los Gobiernos de facto en Argentina.

Es también alarmante la situación y la falta de soluciones y reivindicaciones para los más de cuatro millones de desplazados, continuó el defensor de los derechos humanos, que denunció que el problema del desarraigo no cesa.

Carlos Acevedo, portavoz de la Federación Colectivo 21 de Junio, que reúne a 25 organizaciones de víctimas de desplazamiento, criticó la falta de articulación entre las instituciones locales y nacionales que atienden a estas víctimas.

“Pedimos solidaridad, pedimos apoyo, pedimos que se nos respete como víctimas”, expresó Acevedo, mientras que Bautista afirmó que “la respuesta del Estado es precaria, es pobre, es discriminatoria”.

La Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -CODHES-

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Obstáculos a la aplicación de justicia

Colectivo de Abogados

Lunes 30 de noviembre de 2009, por Prensa – Colectivo

Durante los últimos tres años, las investigaciones adelantadas en Colombia por la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía General de la Nación han empezado a demostrar una nueva dimensión de los crímenes de lesa humanidad y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas por las estructuras paramilitares, que confirman los nexos del Estado colombiano y el paramilitarismo, tal y como se ha reiterado en varias sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos –COIDH- que ha declarado la responsabilidad del Estado Colombiano por violación a la Convención Americana . Estas recientes investigaciones visibilizan el alcance del paramilitarismo en la rama legislativa y como su accionar responde a una política sistemática y planificada desde los más altos niveles del Estado con el objetivo de consolidar un proyecto político y económico para los intereses de élites locales, nacionales y transnacionales.

Paramilitarismo | Colombia | Víctimas de Crímenes de Estado |

El presente texto pretende dar cuenta del contexto y desarrollo de estas investigaciones de la Corte Suprema de Justicia y de la Fiscalía General de la Nación, además de la existencia de diferentes aspectos que los han afectado como la renuncia de los congresistas a su fuero como parlamentarios, las maniobras para deslegitimar a la Corte Suprema de Justicia, la dilación de los procesos investigados por la Fiscalía General de la Nación, las amenazas en contra de los testigos de cargo, las extradiciones de los principales jefes paramilitares y los hostigamientos a la Corte Suprema de Justicia, entre otros aspectos. Igualmente, presenta un balance de condenas y absoluciones proferidas hasta la fecha de esta publicación. Por último, se incluyen como anexos los resultados de un seguimiento y recopilación de artículos de prensa de los procesos judiciales que se han desarrollado desde el mes de septiembre del año 2006 en contra de 133 congresistas y ex congresistas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo.

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Anexo I
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Anexo II

En 2005 el alcance del paramilitarismo como proyecto nacional dentro de la legislatura comenzó a evidenciarse a partir de la afirmación realizada por el entonces jefe paramilitar Salvatore Mancuso Gómez, quien dijo que el 35 % de los miembros del Congreso eran ‘amigos’ [1], afirmación que después fue ratificada por el jefe paramilitar José Vicente Castaño Gil [2]. Luego, ante los medios de comunicación en 2008, Mancuso aseguró que más del 50 % del Congreso colombiano tenía nexos con el paramilitarismo [3]. Aunque no es objeto de este estudio, es importante recordar que estas alianzas entre funcionarios públicos y el paramilitarismo no se han limitado a miembros del congreso, sino también a otros servidores públicos locales [4]–funcionarios municipales y departamentales, alcaldes, concejales y diputados, que pertenecen a los mismos movimientos políticos de los congresistas investigados– hasta altos funcionarios del Gobierno actual [5] y la misma elección del presidente Álvaro Uribe Vélez en 2002, como fue confirmado por los jefes paramilitares Diego Murillo Bejarano, alias “Don Berna”, y Salvatore Mancuso Gómez, alias “Santander Lozada”, entre otros [6].

Durante los últimos tres años al menos 133 congresistas y ex congresistas han sido implicados con el paramilitarismo, lo que pone de presente el alcance del paramilitarismo en los partidos uribistas [7]. De estos congresistas, 71 han sido llamados a indagatoria [8], 50 actualmente están detenidos [9], 42 renunciaron a su fuero como congresista [10], 18 están en etapa de juicio [11], 13 aceptaron su responsabilidad por los cargos imputados y se sometieron a sentencia anticipada [12] y siete fueron condenados [13]. Por ejemplo, casi la totalidad de los miembros del Partido Colombia Democrática en el Congreso, fundado por el Presidente Álvaro Uribe Vélez, según su página oficial [14], tiene investigaciones abiertas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo [15], o el hecho de que los presidentes y directivos de los principales partidos uribistas tienen presuntos nexos con la estructura paramilitar, como son Álvaro Araújo Castro de Alas Equipo Colombia, Mario Uribe Escobar de Colombia Democrática-, Luís Humberto Gómez Gallo del Partido Conservador, Luís Alberto Gil Castillo de Convergencia Ciudadana, Carlos Armando García Orjuela del Partido de la U y Dieb Nicolás Maloof Cuse de Colombia Viva [16].

En la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, realizada en marzo de 2009, la Fundación Nuevo Arco Iris presentó una información confirmando que entre el 25% y el 35% de los puestos de elección popular habían sido tomados por la estructura paramilitar. “De los siete partidos que hacen parte de la coalición uribista, existen cinco en donde la totalidad de sus candidatos son procesados por parapolítica. Actualmente, estos partidos siguen teniendo capacidad de influencia dentro de la escena política”, aseguró León Valencia, director de Nuevo Arco Iris [17].

Además por lo menos 11 de los reemplazos de los congresistas investigados por sus nexos con paramilitarismo a su vez enfrentan procesos en su contra por sus propios presuntos nexos con estas mismas estructuras, lo cual evidencia que nunca desarticularon estos lazos entre el Congreso y el paramilitarismo y en cambio se han mantenido vigentes hasta el día de hoy [18]. Tampoco se han tomado las medidas necesarias para evitar que en las próximas elecciones legislativas familiares o aliados políticos de estos congresistas aspiren a curules y mantengan estas alianzas con organizaciones criminales. Según informó la Revista Cambio, el 13 de agosto de 2009, existen múltiples casos en este sentido, incluyendo Arlet Casado de López (esposa del ex senador Juan Manuel López Cabrales), Araceli Olivares de Morris (esposa del ex representante Erick Morris Taboada), Teresa García (hermana del ex senador Álvaro García Romero), Hernando De La Espriella Burgos (hermano del ex senador Miguel Alfonso De La Espriella Burgos), Francisco Jattin Corrales (hermano de la ex representante Zulema Jattin Corrales) y Raimundo Méndez Bechara (heredero político del ex senador Reginaldo Montes), entre otros [19].

Ver informe completo:

Con el este documento se adjunta una recopilación de información que resume y da cuenta de los procesos en contra de congresistas y ex congresistas por sus presuntos nexos con el paramilitarismo en Colombia, la cual hace parte de un seguimiento permanente de los medios de comunicación durante los tres últimos años.

Ver Anexo I:

Ver Anexo II:

Notas

[1] Salvatore Mancuso dice que “Lo ideal es crear una guardia nacional”. Enrique Rivas G., El Espectador, Agosto 5 de 2005, http://www.derechos.org/nizkor/colombia/doc/salvatore3.html.

[2] “Habla Vicente Castaño”. Revista Semana, Junio 5 de 2005, http://www.semana.com/wf_InfoArticulo.aspx?idArt=87628.

[3] El 50% del Congreso tiene nexos con grupos paramilitares y guerrilleros, dice Mancuso. El Universal, Abril 23 de 2008, http://www.eluniversal.com.co/noticias/20080423/ctg_act_el_50_del_congreso_tiene_nexos_con_grupo.html.

[4] “El tema de vínculos tiene que ver con funcionarios de elección popular (Alcaldes, Gobernadores, Concejales, libre nombramiento y remoción) que haya delinquido con grupos armados al margen de la ley, donde no existan vinculados con fuerza pública (Militares, Policía y Naval ). En la matriz original de vínculos figuraban 88 procesos en todo el país. Con el nuevo criterio del tema quedó reducido a 26 casos. Se encuentran vinculados e imputados 234 personas, discriminadas por su calidad tenemos 39 alcaldes, 7 concejales, 4 gobernadores, 6 diputados, 3 personeros, 1 notificador de la fiscalía y 1 profesor”. (Ver: Informe Rendición de Cuentas 2008 – 2009. Fiscalía General de la Nación, Julio 2009, http://fgn.fiscalia.gov.co:8080/Fiscalia/archivos/RendiciondeCuenta/informe_rendicion_de_cuentas.pdf). La cifra anterior demuestra la falta de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, si se toma en cuenta que solamente en el Pacto de Chivolo se denuncia los nexos de 410 dirigentes políticos y aspirantes a alcaldías y corporaciones públicas con el paramilitarismo en del departamento de Magdalena. (Ver: Congresista Rodrigo Roncallo en la mira de la Corte Suprema por supuesta firma en Pacto de Chivolo. Revista Cambio, Diciembre 4 de 2008, http://www.cambio.com.co/paiscambio/805/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-4702579.html).

[5] Según el Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, 35 altos funcionarios del gobierno actual han sido implicado con presuntos nexos con el paramilitarismo. (Ver: No avanzan los procesos en contra de altos funcionarios del gobierno por su presuntos nexos con el paramilitarismo. Colectivo de Abogados “José Alvear Restrepo”, Septiembre 24 de 2008, http://colectivodeabogados.org/NO-AVANZAN-LOS-PROCESOS-EN-CONTRA).

[6] ’Conmigo extraditaron la verdad’: Salvatore Mancuso en entrevista exclusiva. Revista Cambio, Mayo 28 de 2009, http://www.cambio.com.co/portadacambio/830/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5289247.html.

[7] Según nuestro seguimiento, 133 congresistas y ex congresistas han sido implicados con el paramilitarismo dentro del fenómeno conocido como la parapolítica que se inició en septiembre de 2007. Este seguimiento incluye congresistas y ex congresistas actualmente investigados, otros quienes han sido condenados o absueltos o donde la Corte se declaró inhibido, además de los casos donde no se tiene información de que si se adelanta investigaciones judiciales en su contra. Los congresistas y ex congresistas incluyen los siguientes: Germán Aguirre Muñoz, Héctor Julio Alfonso López, Luís Fernando Almario Rojas, César Augusto Andrade Moreno, Enrique Emilio Ángel Barco, Álvaro Araújo Castro, Álvaro Araújo Noguera, Luís Elmer Arenas Parra, Rocío Arias Hoyos, Pompilio de Jesús Avendaño Lopera, Manuel Darío Ávila Peralta, Víctor Renan Barco López, Carlos Emiro Barriga Peñaranda, Armando Alberto Benedetti Villaneda, Muriel de Jesús Benito-Revollo Balseiro, Musa Besaile Fayad, Vicente Blel Saad, Humberto Builes Correa, Rodrigo Burgos De la Espriella, Jorge Luís Caballero Caballero, Javier Enrique Cáceres Leal, Alfonso Antonio Campo Escobar, Manuel Antonio Carebilla Cuellar, Rafael Castillo Sánchez, Jorge Luís Castro Pacheco, David Char Navas, Juan José Chaux Mosquera, Carlos Arturo Clavijo Vargas, José María Conde Romero, Marco Alirio Cortés Torres, Juan Manuel Corzo Román, Alfredo Cuello Baute, Miguel Alfonso De la Espriella Burgos, Javier Ramiro Devia Arias, Iván Díaz Mateus, Jesús Doval Urango, Miguel Ángel Durán Gelvis, Ricardo Ariel Elcure Chacón, Dagoberto Emiliani Vergara, Eduardo Enríquez Maya, Jaime Espeleta Herrera, Jairo Fernández Quessep, Jorge Luís Feris Chadid, José del Rosario Gamarra Sierra, Gonzalo García Angarita, Carlos Armando García Orjuela, Álvaro García Romero, Lidio García Turbay, Guillermo León Gaviria Zapata, Luís Alberto Gil Castillo, José Eduardo Gnecco Cerchar, Luís Humberto Gómez Gallo, Juan Manuel González Bustos, Antonio del Cristo Guerra de la Espriella, José Guerra de la Espriella, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda, Adriana Patricia Gutiérrez Jaramillo, Efrén Antonio Hernández Díaz, José Manuel Herrera Cely, Carlos Higuera Escalante, José María Imbett Bermúdez, Mauricio Jaramillo Martínez, Zulema Jattin Corrales, Óscar Mauricio Lizcano Arango, Jairo Alberto Llanos Gómez, Karelly Patricia Lara Vence, Juan Manuel López Cabrales, Alfonso López Cossio, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Jesús Mariemberg, Julio Manzur Abdala, Luis Emilio Martínez Rosales, Juan Carlos Martínez Sinistierra, Yidis Medina Padilla, Habib Merheg Marún, Jairo Enrique Merlano Fernández, Remberto Montes, Reginaldo Enrique Montes Álvarez, William Alfonso Montes Medina, Emith Montilla Echavarria, Manuel Guillermo Mora Jaramillo, Jorge Ignacio Morales Gil, Álvaro Morón Cuello, Erick Morris Taboada, Pedro Mary Muvdi Aranguena, Mario Salomón Náder Muskus, José De los Santos Negrete Flórez, Luís Carlos Ordosgoitia Santana, Estanislao Ortiz Lara, Myriam Alicia Paredes Aguirre, Mauricio Parodi Díaz, Pedro Peñalosa Londoño, Mauricio Pimiento Barrera, Eleonora Pineda Arcia, Miguel Pinedo Vidal, Rubén Darío Quintero Villada, Ciro Ramírez Pinzón, Alonso de Jesús Ramírez Torres, Jorge Luís Ramírez Urbina, Luís Alfredo Ramos Botero, Miguel Ángel Rangel Sosa, Fuad Emilio Rapag Matar, Juan Carlos Restrepo Escobar, Luís Carlos Restrepo Orozco, Óscar Josué Reyes Cárdenas, Alfonso Riaño Castillo, Guillermo Abel Rivera Flórez, Rodrigo de Jesús Roncallo Fandiño, Salomón Saade Abdala, Juan Pablo Sánchez Morales, Freddy Ignacio Sánchez Arteaga, Odín Horacio Sánchez Montes de Oca, Óscar de Jesús Suárez Mira, Fernando Tafur Díaz, Dixon Ferney Tapasco Triviño, Dilian Francisca Toro Torres, Edgar Ulises Torres Murillo, Luís Carlos Torres Rueda, Pedro Pablo Trujillo Ramírez, Mario Uribe Escobar, Antonio Valencia Duque, Luís Fernando Vanegas Queruz, Luis Fernando Velasco Chaves, Sandra Arabella Velásquez Salcedo, Jorge Visbal Martelo, Luís Eduardo Vives Lacouture, Joaquín José Vives Pérez, Oscar Leonidas Wilchez Carreño, Jaime Armando Yepes Martínez, Gabriel Ignacio Zapata Correa, Piedad Zuccardi de García. (Ver Anexo I).

[8] A saber, Luís Fernando Almario Rojas, Enrique Emilio Ángel Barco, Álvaro Araújo Castro, Álvaro Araújo Noguera, Rocío Arias Hoyos, Pompilio de Jesús Avendaño Lopera, Muriel de Jesús Benito-Revollo Balseiro, Vicente Blel Saad, Humberto Builes Correa, Rodrigo Burgos De la Espriella, Jorge Luís Caballero Caballero, Alfonso Antonio Campo Escobar, Jorge Luís Castro Pacheco, David Char Navas, Juan José Chaux Mosquera, Carlos Arturo Clavijo Vargas, Alfredo Cuello Baute, Miguel Alfonso De la Espriella Burgos, Miguel Ángel Durán Gelvis, Ricardo Ariel Elcure Chacón, Jorge Luís Feris Chadid, José del Rosario Gamarra Sierra, Gonzalo García Angarita, Carlos Armando García Orjuela, Álvaro García Romero, Guillermo León Gaviria Zapata, Luís Alberto Gil Castillo, José Eduardo Gnecco Cerchar, Luís Humberto Gómez Gallo, José Manuel Herrera Cely, Carlos Higuera Escalante, José María Imbett Bermúdez, Zulema Jattin Corrales, Karelly Patricia Lara Vence, Juan Manuel López Cabrales, Jairo Alberto Llanos Gómez, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Jesús Mariemberg, Luis Emilio Martínez Rosales, Juan Carlos Martínez Sinistierra, Jairo Enrique Merlano Fernández, Remberto Montes, Reginaldo Enrique Montes Álvarez, William Alfonso Montes Medina, Álvaro Morón Cuello, Erick Morris Taboada, José de los Santos Negrete Flórez, Luís Carlos Ordosgoitia Santana, Mauricio Pimiento Barrera, Eleonora Pineda Arcia, Miguel Pinedo Vidal, Rubén Darío Quintero Villada, Ciro Ramírez Pinzón, Alonso de Jesús Ramírez Torres, Jorge Luís Ramírez Urbina, Miguel Ángel Rangel Sosa, Óscar Josué Reyes Cárdenas, Alfonso Riaño Castillo, Rodrigo de Jesús Roncallo Fandiño, Salomón Saade Abdala, Freddy Ignacio Sánchez Arteaga, Odín Horacio Sánchez Montes de Oca, Juan Pablo Sánchez Morales, Óscar de Jesús Suárez Mira, Dixon Ferney Tapasco Triviño, Edgar Ulises Torres Murillo, Luís Carlos Torres Rueda, Mario Uribe Escobar, Luis Fernando Velasco Chaves, Luís Eduardo Vives Lacouture, y Oscar Leonidas Wilchez Carreño. (Ver Anexo I).

[9] A saber, Luís Fernando Almario Rojas, Álvaro Araújo Castro, Álvaro Araújo Noguera, Rocío Arias Hoyos, Pompilio de Jesús Avendaño Lopera, Vicente Blel Saad, Muriel de Jesús Benito-Revollo Balseiro, Musa Besaile Fayad, Humberto Builes Correa, Rodrigo Burgos De la Espriella, Jorge Luís Castro Pacheco, Juan José Chaux Mosquera, Carlos Arturo Clavijo Vargas, Miguel Ángel Durán Gelvis, Ricardo Ariel Elcure Chacón, Jorge Luís Feris Chadid, José del Rosario Gamarra Sierra, Gonzalo García Angarita, Carlos Armando García Orjuela, Álvaro García Romero, Guillermo León Gaviria Zapata, Luís Alberto Gil Castillo, José Manuel Herrera Cely, Carlos Higuera Escalante, José María Imbett Bermúdez, Zulema Jattin Corrales, Karelly Patricia Lara Vence, Jairo Alberto Llanos Gómez, Juan Manuel López Cabrales, Jesús Mariemberg, Juan Carlos Martínez Sinistierra, Habib Merheg Marún, Reginaldo Enrique Montes Álvarez, Álvaro Morón Cuello, Erick Morris Taboada, Mauricio Pimiento Barrera, Rubén Darío Quintero Villada, Ciro Ramírez Pinzón, Alonso de Jesús Ramírez Torres, Miguel Ángel Rangel Sosa, Alfonso Riaño Castillo, Rodrigo de Jesús Roncallo Fandiño, Salomón Saade Abdala, Odín Horacio Sánchez Montes de Oca, Juan Pablo Sánchez Morales, Dixon Ferney Tapasco Triviño, Edgar Ulises Torres Murillo, Sandra Arabella Velásquez Salcedo, Luís Eduardo Vives Lacouture, Oscar Leonidas Wilchez Carreño. (Ver Anexo I).

[10] A saber, Héctor Julio Alfonso López, Luís Fernando Almario Rojas, Enrique Emilio Ángel Barco, Álvaro Araújo Castro, Pompilio de Jesús Avendaño Lopera, Vicente Blel Saad, Humberto Builes Correa, Jorge Luís Caballero Caballero, Alfonso Antonio Campo Escobar, Jorge Luís Castro Pacheco, David Char Navas, Alfredo Cuello Baute, Miguel Alfonso De la Espriella Burgos, Gonzalo García Angarita, Carlos Armando García Orjuela, Álvaro García Romero, Guillermo León Gaviria Zapata, Luís Alberto Gil Castillo, Luís Humberto Gómez Gallo, Adriana Patricia Gutiérrez Jaramillo, José Manuel Herrera Cely, Zulema Jattin Corrales, Jairo Alberto Llanos Gómez, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Julio Manzur Abdala, Juan Carlos Martínez Sinistierra, Habib Merheg Marún, Jairo Enrique Merlano Fernández, William Alfonso Montes Medina, Álvaro Morón Cuello, Miguel Pinedo Vidal, Rubén Darío Quintero Villada, Ciro Ramírez Pinzón, Miguel Ángel Rangel Sosa, Alfonso Riaño Castillo, Dixon Ferney Tapasco Triviño, Edgar Ulises Torres Murillo, Luís Carlos Torres Rueda, Mario Uribe Escobar, Antonio Valencia Duque, Jorge Visbal Martelo, Oscar Leonidas Wilchez Carreño. (Ver Anexo I).

[11] A saber, Álvaro Araújo Castro, Pompilio de Jesús Avendaño Lopera, Vicente Blel Saad, Jorge Luís Castro Pacheco, Miguel Alfonso De la Espriella Burgos, Jorge Luís Feris Chadid, Carlos Armando García Orjuela, Álvaro García Romero, Luís Alberto Gil Castillo, José María Imbett Bermúdez, Álvaro Morón Cuello, Miguel Pinedo Vidal, Rubén Darío Quintero Villada, Ciro Ramírez Pinzón, Alonso de Jesús Ramírez Torres, Alfonso Riaño Castillo, Dixon Ferney Tapasco Triviño. (Ver Anexo I).

[12] A saber, Enrique Emilio Ángel Barco, Rocío Arias Hoyos, Muriel de Jesús Benito-Revollo Balseiro, Humberto Builes Correa, Jorge Luís Caballero Caballero, Alfonso Antonio Campo Escobar, Carlos Arturo Clavijo Vargas, Miguel Alfonso De la Espriella Burgos, José del Rosario Gamarra Sierra, Dieb Nicolás Maloof Cuse, Eleonora Pineda Arcia, Jorge Luís Ramírez Urbina, Salomón Saade Abdala. (Ver Anexo I).

[13] A saber, Ricardo Ariel Elcure Chacón, Karelly Patricia Lara Vence, Juan Manuel López Cabrales, Reginaldo Enrique Montes Álvarez, Erick Morris Taboada, Mauricio Pimiento Barrera, Luís Eduardo Vives Lacouture. (Ver Anexo I).

[14] Ver página oficial: http://www.colombiademocratica.com, última vez revisada 31/09/2009.

[15] Mario Uribe, freno a una cabalgata política. Élber Gutiérrez Roa, Abril 25 de 2008, http://www.elespectador.com/impreso/cuadernilloa/judicial/articuloimpreso-mario-uribe-freno-una-cabalgata-politica.

[16] Carlos García Orjuela, presidente de ’la U’, quinto jefe uribista detenido por parapolítica. El Tiempo, Julio 26 de 2008, http://www.eltiempo.com/colombia/politica/2008-07-26/carlos-garcia-orjuela-presidente-de-la-u-quinto-jefe-uribista-detenido-por-parapolitica_4398110-1.

[17] Llevan expediente de la ’parapolítica’ ante la CIDH. Verdadabierta.com, Marzo 24 de 2009, http://www.verdadabierta.com/web3/parapolitica/1062-llevan-expediente-de-la-parapolitica-ante-la-cidh; Parapolítica afecta a más del 25 por ciento del Senado. Caracol Radio, Abril 1 de 2008, http://www.caracol.com.co/noticias/570956.asp.

[18] Según nuestro seguimiento de prensa, se trata de los siguientes congresistas: Antonio Valencia Duque (reemplazo del ex senador Álvaro Araújo Castro); Humberto Builes Correa (reemplazo del ex senador Reginaldo Enrique Montes Álvarez); Jorge Luís Castro Pacheco (reemplazo del ex senador Vicente Blel Saad); Vicente Blel Saad (reemplazo del ex senador Dieb Nicolás Maloof Cuse); Ricardo Ariel Elcure Chacón (reemplazo del ex senador Mario Uribe Escobar); Jairo Alberto Llanos (reemplazo del ex representante Enrique Emilio Ángel Barco); José María Conde Romero (reemplazo del ex representante Erick Morris Taboada); Juan Pablo Sánchez Morales (reemplazo del ex representante Jairo Alberto Llanos), Pedro Pablo Trujillo (reemplazo del ex representante Gonzalo García Angarita); Alonso de Jesús Ramírez Torres (reemplazo del ex representante Karelly Patricia Lara Vence); y Luis Fernando Vanega Queruz (reemplazo del ex representante Rodrigo de Jesús Roncallo Fandiño). (Ver Anexo I).

[19] Castas políticas de la Costa Atlántica, golpeadas por la parapolítica, alistan sus relevos. Revista Cambio, Agosto 13 de 2009, http://www.cambio.com.co/paiscambio/841/ARTICULO-WEB-NOTA_INTERIOR_CAMBIO-5836407.html.

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Mon, 12/21/2009 – 20:57

This past January a policy directive of Colombian President Uribe outlined the National Plan for the Consolidation of Territory (Plan Nacional de Consolidación Territorial). The short, assertive and results-oriented memo instructed Colombian national, local, military and civilian authorities to work together to attain a stronger grip over strategic swaths of land, recovered from guerrilla control, within a period of 18 months. Two objectives of the strategy include an increase in confidence by Colombian citizens towards their own government and the reassurance to investors about their economic interests.

This consolidation initiative was conceived to tackle the instability in several areas including southern Cordoba, located in the northern part of the country and considered the cradle of paramilitary groups since the mid-1980s. A few years ago, paramilitary leaders there negotiated a deal with the Colombian government to disband the militias through the demobilization of their foot soldiers in exchange for mild jail time for the leaders. At the same time, aggressive military operations and aerial fumigation of illicit crops have pushed guerrilla forces to more remote locations.

During my visit to southern Cordoba last October, one of many in the last five years, the situation appeared surreal: I could not reconcile the astonishing contrast between the official government version of the situation with what I saw and heard from several interviews with displaced groups and the local population. Authorities state that security is fully reestablished, the old paramilitaries are all demobilized and only small, disconnected criminal gangs are still trying to benefit from limited production and smuggling of narcotics. This assessment would indicate that generalized insecurity had been overcome and that the Presidential strategy has seen reasonable success.

But the reality is quite different. Middle and low ranking members of the “old” paramilitary group “Autodefensa Unidas de Colombia” (AUC) have regathered, enlisted youngsters and mushroomed into different groups. These new groups are competing with each other for control over the drug business and to fill the vacuum left by the AUC. Their activities also include making business deals with the guerrillas, and there is alleged widespread corruption amid the lower echelons of the National Army and police. Finally, many reports indicate that economic and mining interests have contributed to the increasing competition of land control and acquisition, often at the expense of displaced farmers.

Here is the real overview: the number of homicides in Cordoba has been increasing every year since the demobilization of the AUC, with 512 victims in 2008 and already 431 from January to September 2009. Six evangelical religious leaders have been assassinated, often because of their reluctance to submit to extortion or because of their work with community leadership. Forced displacement remains a serious consequence of the violence with more than 120,000 people forcibly displaced out of  a population of 1.5 million people.  Hundreds of families fled into Montelibano and Tierralta just in October and November of this year.

So, who is benefiting from the new Consolidation strategy? Definitely not the rural farmers who are forced to flee the violence and abandon their lands, nor the displaced people who have attempted several times to regain control of their lives and return to their lands, just to be forced to abandon them again. Not the community leaders, likely the most dangerous “profession” right now in Colombia. The strategy seems to fall short in building state credibility for the people, but it might provide opportunities for not-too-scrupulous investors, blessed by large amounts of abandoned land, wide cattle grazing properties and international and national mining businesses.

Refugees International

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For almost 5 years, I have been following the challenges facing millions of forcibly displaced Colombians. They have been forced to abandon their homes because of violence, conflict between illegal armed groups and national army counterinsurgency and counternarcotics operations.

During this time, I have visited several locations in the Pacific and Caribbean coasts and areas bordering Ecuador and Venezuela. I heard the stories of those who had recently fled their homes. Some were trying to survive in sub-human conditions in poor urban neighborhoods while others shared with me their plan to return to their lands after years of exile.

There have been some positive changes. First of all, the work of the Constitutional Court of Colombia has been extremely valuable. Since early 2004 the Court has made forced displacement a priority, thanks in part to the thousands of petitions filed by displaced people who complained about the lack of protection and assistance provided by the Colombian government. It has issued a series of orders that have progressively pushed the government to increase the resources allocated to displaced people. Some progress has been seen in the expansion of access to basic medical assistance for displaced households and increased primary school attendance of the children of displaced families.

In addition, the Court has allowed civil society groups and representatives from organizations of displaced people to provide input into its work, and it has set up a system that allows civil society to monitor the performance of the governmental response. Finally, leaders of displaced communities have gradually organized themselves and started to advocate more forcefully for their rights with local authorities and service providers.

And yet, these positive trends fall much too short of what’s needed right now and do not provide a rosy perspective for the future. During my most recent trip in October, I looked at how forced displacement affects the women and children of Colombia, as eighty percent of the estimated 4 million internally displaced are women and children. The majority of the women I spoke with stressed that the government continues to reject the idea that displaced individuals and families are more vulnerable than poor people. For instance, governmental initiatives that enable people to earn steady incomes have not been successful with displaced communities. These programs fail to take into account that most displaced people cannot access credit and struggle to feed themselves before attending vocational training courses. These initiatives also ignore the sustained psychological support these families need to cope with violent trauma and the shock of forced displacement.

The situation becomes even more complicated for women, particularly those who have to assume full responsibility for their families after having lost their husband or partner. They are highly vulnerable and are frequently exposed to abuse and violence. Similarly, there have been significant government failures in areas such access to dignified housing or recovery of abandoned land and property.

Confronted with this reality, the displaced Colombians I’ve met over the last five years do not fantasize about great changes for their lives. However, they have become much more aware of their rights and they are determined to give their children better opportunities. Any assistance provided to support these efforts is the right way to help.

Refugees International

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Colombia

Overview
Colombia’s 40-year internal conflict between paramilitaries, guerilla groups and the Colombian army has created a massive number of internally displaced people (IDPs), with almost 4 million forced from their homes since 1985.  Increasing numbers are fleeing their homes in several regions of the country at the rate of more than 200,000 a year and continue to face serious vulnerability.  The Colombian Government must give greater priority to supporting IDP organizations and their leadership.

Current Humanitarian Situation
The Colombian government is pursuing increasingly aggressive counterinsurgent and counternarcotics policy, engaging illegal armed groups in more remote locations.  New narco-groups composed of former paramilitary personnel and common criminals are competing with the FARC (Revolutionary Armed Forces of Colombia) and ELN (National Liberation Army) for the control of coca cultivation, harvesting and processing areas and strategic corridors to take the coca to international markets. These illegal groups assert territorial control by engaging in acts of terror, including the use of selective assassinations in order to maintain strict control over communities.

Refugees International has found that the large numbers of newly displaced people are overwhelming the capacity of the government and humanitarian agencies.  Their ability to respond is widely varied, depending on the level of preparation, experience gained through previous displacements, and the availability of resources and political will to provide services.  Local administrations already have enormously strained budgets and capacity, and the remoteness of the areas where displacements frequently occur also complicates the humanitarian response.

Returning home is ultimately the most desirable option for displaced Colombians, but it is rarely a safe or sustainable option given the deteriorating security conditions.  With few exceptions, initiatives for returns are generally conducted in areas still contested by illegal armed groups and located near illicit crop cultivation.  Violence and lack of government support plagues many returnees.

Actions Needed
Local administrations in areas of high risk of forced displacement should urgently increase their budgets for humanitarian assistance, train humanitarian personnel and develop prevention and protection plans with clear operational and implementation directives.

Field Reports
  • 11/16/2009
    Las mujeres y niñas colombianas desplazadas son las estoicas sobrevivientes del conflicto que persiste en el país. Frustradas por la desidia de las autoridades, las organizaciones de mujeres desplazadas presentaron múltiples peticiones a la Corte Constitucional, que ordenó al Gobierno de Colombia que llevara ante la justicia a los perpetradores de actos de violencia sexual y que formulara programas para proteger a las mujeres desplazadas y atender sus necesidades socioeconómicas. Es hora de que el Gobierno de Colombia dé prioridad al cumplimiento de las órdenes judiciales. El Gobierno de Estados Unidos debería aprovechar la oportunidad que le ofrece su estrecha relación con el Gobierno de Colombia para impulsar enérgicamente el pleno cumplimiento de la orden y proporcionar ayuda y recursos con el propósito de facilitar esa tarea.
  • 11/16/2009
    Displaced Colombian women and girls are the resilient survivors of the ongoing conflict inside the country. Frustrated by continued neglect from the authorities, displaced women’s organizations successfully petitioned  the Constitutional Court, which ordered the Colombian government to bring to justice perpetrators of sexual violence and devise programs attending to the protection and socio-economic needs of displaced women. It is time for the government of Colombia to prioritize the implementation of the court orders. The U.S. government should take the opportunity of its close relationship with its Colombian counterpart to strongly encourage full compliance and provide help and resources to facilitate that task.

In Depth Reports
  • 11/28/2007

    Being forcibly displaced because of violence and conflict is an experience that millions of Colombians have lived through for over four decades. While all Colombian society is permeated by this traumatic reality, displacement is mainly hitting those living in rural areas with devastating impact on the lives of campesino, indigenous and Afro-Colombian communities.

  • 11/28/2007
    El desplazamiento forzado producto de la violencia y el conflicto es una experiencia que millones de colombianos han afrontado por más de cuatro décadas. Aunque la sociedad colombiana en su totalidad se ha visto perjudicada por esta traumática realidad, son aquellos viviendo en las zonas rurales quienes se han sido mayormente afectados por el desplazamiento, el cual ha tenido un impacto devastador en las vidas de comunidades campesinas, indígenas y afrocolombianas.

Successes
In 2008, after Refugees International’s ongoing calls for increased attention to the humanitarian crisis in Colombia, Congress increased emergency relief funding for the U.S. State Department’s refugee bureau’s programs in Colombia from $1.5 million to $5.6 million.

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Dave Lee

BBC, Bogotá

Desplazamiento en BogotáLa tecnología ayudaría a desplazados a reencontrarse con familiares perdidos.

La “tecnología de red semántica” está siendo utilizada para reconectar a los colombianos desplazados por el conflicto armado de esa nación.

Un equipo internacional busca usar la tecnología inteligente para permitir que la gente pueda buscar en varias bases de datos, actualmente incompatibles entre sí, los nombres de personas perdidas.

A finales de 2008, algunos estimativos indicaban que la población desplazada llegaba a los 4,3 millones de personas, cerca del 10% del total de los colombianos.

Los investigadores también esperan usar redes sociales en línea para ayudar a unir a las personas.

“La población desplazada en Colombia es la más vulnerable porque sus derechos fundamentales son violados masivamente”, dijo Juan Sequeda, quien trabaja en el proyecto, al programa de la BBC, Digital Planet.

“Sus redes sociales (físicas) están debilitadas”, agregó.

Sequeda piensa que las herramientas en línea pueden ayudar a reconstruir las relaciones físicas.

“La población desplazada pierde su ´tejido social´ al momento en que es separada”, señaló.

Red semántica

Muchos de los desplazados colombianos, víctima de la violencia de los grupos armados y el narcotráfico, han perdido todas sus pertenencias y sus tierras, terminando en barriadas pobres a las afueras de las ciudades.

Frecuentemente las familias resultan separadas en el proceso. Cuando esto ocurre, se les dice que entreguen su información personal a una base de datos nacional, conocida como el Registro Único de Desplazados, administrada por el gobierno nacional.

Sin embargo, otros registros han sido establecidos por organizaciones no gubernamentales tales como la Cruz Roja, lo que quiere decir que los nombres de millones de desplazados están esparcidos a lo largo de varias bases de datos.

Así, mientras que un hermano puede estar en una base de datos, el otro puede estar reseñado en un registro distinto, reduciendo la probabilidad de un reencuentro.

Lo importante es cómo se integran los datos

Juan Sequeda, investigador

Esto quiere decir que para muchos colombianos, ser desplazados de sus hogares puede resultar en una pérdida de contacto con sus familiares y amigos por años, incluso viviendo en la misma ciudad.

Los investigadores buscan resolver este problema creando una “capa semántica de conocimiento” que uniría información crucial (como nombres, direcciones, edades, etc.), a través de todas las bases de datos.

En Colombia, esto debería resultar en que la búsqueda de personas sea más efectiva y las personas puedan realizar búsquedas complejas al estilo de: ¿”Cuántos primos tengo en Bogotá?”.

“Lo importante es cómo se integran los datos”, puntualizó Sequeda.

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