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Archive for January, 2010

¿Otro crimen en la impunidad?

Por: Alfredo Molano Bravo / Especial para El Espectador
No cesa el asesinato de líderes chocoanos que insisten en enfrentarse al destierro producido por la guerra y la ambición terrateniente.
Chocoanos piden seguridad

Foto: Gabriel Aponte-El Espectador

Esta imagen fue captada en Domingodó, uno de los poblados chocoanos más afectados por el desplazamiento forzado.

Argenito Díaz era un hombre de 42 años, cabeza de una familia de 11 miembros, que viajaba hacia Pavarandó, un pueblo que ha tenido la desgracia de ser, desde la Conquista, un puente entre el río Atrato y el río Sinú. Un pueblo pobre que desde los años 90 se oye nombrar porque en sus dos calles y una plaza de camino se han refugiado cientos de campesinos e indígenas perseguidos a bala, motosierra y machete desde otra tierra, una tierra en litigio ubicada más al sur y más al occidente, y que no pertenece al departamento de Antioquia sino a Chocó: Curvaradó y Jiguamiandó.

Iba pues Argenito, el 13 de enero pasado —hace 10 días—, llegando a Pavarandó en un camioncito colectivo, de esos en que a los pasajeros se les balancea la cabeza amodorrados por el calor y al ritmo de los baches de la carretera. Es un entresueño delicioso que se suda y se transmite. A veces, el conductor cae seducido por la modorra y los carros se encunetan. Eso debió pensar Argenito cuando el vehículo fue detenido bruscamente por un grupo vestido de tigre —es decir, camuflado— y boina azul.

Quien parecía mandar la cuadrilla miró cara por cara, y con la punta de su fusil, un galil, señaló a Argenito y le dijo: “Bajate pues, que vamos a conversar”. Argenito sabía que de ese tuteo no salía vivo. Conocía desde tiempo atrás los modales de los asesinos. El resto de los pasajeros temblaban. Habían oído, desde hacía días, que por ahí andaban otra vez los Mochacabezas, o las Águilas Negras, o las Autodefensas Gaitanistas, o Los Rastrojos, Los Convivir, o simplemente Los Paisas. Oficialmente se llaman hoy día Bacrim, o sea Bandas Criminales, con lo que borran el prefijo “para”, que quiere decir ‘al lado de’. Algunos de los mandos eran conocidos porque habían sido hombres de El Alemán, Freddy Rendón, comandante del bloque Élmer Cárdenas de las Auc.

La resistencia de Caño Claro

En Chocó todo se sabe, desde Acandí hasta Murindó, y desde Paimadó hasta El Tigre. Pareciera que su gente fuera un solo organismo, y lo es, no obstante los litigios de tierra y de cultura que han ido aflorando entre resguardos indígenas, territorios colectivos negros y mejoras de cachilapos o mestizos.

Argenito había sido amenazado en agosto de 2008, así que ya sabía a qué se atenía cuando lo bajaron a fusilar. Los demás pasajeros no se mosquearon. Saben qué ley rige en esos casos. La misma que se aplica desde 2007, cuando se llevó a cabo la Operación Génesis. Las dos leyes son de silencio, pero mientras una impide la denuncia, la otra ahoga la protesta, que fue la que le invocaron los paramilitares por promover una Zona Humanitaria en Caño Claro; una comunidad que se ha declarado ajena a la guerra, donde las armas han sido anuladas, y que —por desgracia— ninguna de las fuerzas armadas que actúan en la región respeta.

Pero su falta había sido más grave. En enero del año pasado instauró una acción legal ante el Tribunal de Chocó, junto con otros miembros de la comunidad de Curvaradó y Jiguamiandó, en la que exigen la restitución de la propiedad colectiva y el cese de actividades a las empresas palmicultoras. El pecado mortal de Argenito fue haber notificado el fallo, a favor de la comunidad, a los administradores de las compañías de William López, Ramiro Quintero y la reconocida familia Zúñiga Caballero. Aquí es necesario un punto aparte.

Los terratenientes

Los Zúñiga Caballero aparecen vinculados con firmas investigadas por concierto para delinquir, usurpación de tierras y desplazamiento forzoso de las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó. Uno de los miembros de las empresas, María Fernanda Zúñiga Chaux, debió renunciar a la gerencia de Fiduagraria —una entidad de economía mixta— por manejos indelicados. María Fernanda es sobrina de Juan José Chaux Mosquera, conocido de autos por el escándalo de alias Job.

La Unidad Investigativa de El Tiempo informó que 25 de los empresarios asociados a esas empresas estaban enredados en la adquisición de 23.000 hectáreas y que, según testigos, lo fueron con apoyo paramilitar. Más aún, Katia Patricia Sánchez, representante legal de una de esas empresas, está casada con Hernán Gómez, íntimo amigo y consejero de Carlos Castaño.

Las tierras de Curvaradó y Jiguamiandó fueron declaradas territorios colectivos basados en la Ley 70 del 93. Pero luego resultaron invadidas a la sombra de la Operación Génesis dirigida por el general (r) Rito Alejo del Río, comandante de la Brigada XVII, hoy detenido.

Durante mucho tiempo se negó la participación de los paramilitares en la operación. Cinco días después del asesinato de Argenito, El Alemán declaró que, por orden de Castaño, varios de sus hombres participaron en heroicas operaciones conjuntas con los militares que bombardearon y ametrallaron las comunidades de Salaquí, Cacarica, Truandó y Perancho, donde andaba el frente 57 de las Farc.

Según El Alemán, no sólo las Accu aportaron unidades, sino que la Fuerza Pública cumplió el acuerdo de “no entorpecer el avance de las Accu en las zonas donde se estaba realizando la Operación Génesis”. Añadió el jefe paramilitar que Maderas del Darién, una filial de Pizano S.A., que durante muchos años se ha beneficiado de concesiones para la explotación de maderas y en particular del cativo —especie en extinción—, colaboraba con los paramilitares, inclusive con aportes en dinero. Las versiones de Macaco y H.H. son, asimismo, piezas sustanciales de un expediente de más de 9.500 folios sobre por lo menos 1.700 crímenes perpetrados en Jiguamiandó y Curvaradó, Vigía del Fuerte, Pavarandó, Cacarica, San José de Apartadó y Dabeiba, y que siguen hoy, 13 años después, en la total impunidad.

El neoparamilitarismo

De todos estos hechos no se puede hablar en pasado, sino en presente histórico. En el nivel nacional las investigaciones de la Corporación Nuevo Arco Iris demuestran que el neoparamilitarismo está en pleno crecimiento. Si en 2008 había 250 municipios con presencia de los nuevos grupos, en 2009 eran ya 300 y el número de integrantes se aproximaba a 11.000 efectivos. “Se diferencian de la anterior generación de paramilitares en que aún no tienen una estructura nacional que los cobije a todos”.

Según la revista Semana, desde 2008 las Autodefensas Gaitanistas “instalaron hombres vestidos de civil en los territorios de propiedad de afrocolombianos e indígenas para vigilar los movimientos de los líderes, básicamente, y evitar cualquier intento de organización de la gente”.

Las víctimas

A medida que la gente se organiza para defender sus derechos, las muertes ejemplarizantes han ido en aumento: Benjamín Gómez, muerto en Caño Manso; Chemita, asesinado en Cacarica; Walberto Hoyos, asesinado el 14 de octubre de 2008. Todas las víctimas han encabezado procesos jurídicos para recuperar tierras de las que habían sido desplazados en Curvaradó y Jiguamiandó. La Fiscalía está investigando 23 compañías palmicultoras por haber ocupado territorios colectivos ancestrales de manera arbitraria y violenta.

Al conflicto de tierras, que ha sido ampliamente conocido por la opinión pública, hay que sumar el proyecto de construcción del tramo de la carretera Panamericana, entre Lomas Aisladas y el Alto de Letras, que supone no sólo el atropello a zonas declaradas reservas de la biósfera y patrimonio de la humanidad —como el Parque Catíos—, sino el desplazamiento de comunidades indígenas.

Según Naciones Unidas, entre 1996 y 2002 han sido asesinados 997 indígenas de los pueblos Emberá Catío y Dobidá del municipio de Acandí, por donde atravesaría la vía; entre 2004 y 2007, los indígenas asesinados han sido 519, y los desplazados, 30.000. La valorización de las tierras de la región, gracias al anuncio del proyecto, ha tenido ese terrible efecto.

Hay que agregar que en el Urabá chocoano muy conocidos paramilitares como los Castaño y los Builes poseían haciendas, tierras que Estupefacientes e Incoder han prometido expropiar y distribuir entre las víctimas del conflicto sin que esa elemental medida se haya podido llevar a cabo. Por el contrario, dirigentes campesinas, como Yolanda Niño y Ana Isabel Gómez, que encabezaban las demandas fueron asesinadas.

Argenito fue enterrado con lágrimas secas. Llorar está prohibido, otra forma de la ley del silencio.

Los ‘paras’ y la mafia de la madera

A los litigios por tierras hay que sumar la explotación de la madera, negocio hoy controlado por el neoparamilitarismo. Sobra decir que Chocó es uno de los bosques húmedos más importantes del planeta y que su riqueza maderera proverbial ha sido explotada desde los años 50. Existen identificadas y clasificadas más de 8.000 especies vegetales, de las cuales la asociación cativo —cedro, caoba, roble, ceiba tolúa— es la más perseguida.

Hoy se sacan de la selva chocoana más de un millón y medio de metros cúbicos de todo tipo de maderas. El 75% de ese volumen corresponde a los cativales que, como se sabe, cumplen una función ambiental decisiva: mantienen el cauce de los ríos y regulan los nutrientes de la vida acuática. La madera ha sido explotada por grandes empresas como Pizano y Comercializadora de Maderas del Chocó, mediante concesiones hechas por diferentes gobiernos. Greenpeace tiene la sospecha de que muchos de los contratistas de esas empresas estuvieron asociados al paramilitarismo. Hoy no hay duda de que el neoparamilitarismo tiene en la explotación maderera una gran fuente de financiación y, en esta medida, controla el negocio. Y Codechocó continúa otorgando licencias y licencias.

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By Barbara Hintermann, Head of the ICRC delegation in Colombia

Displacement in ColombiaThe humanitarian crisis in Colombia has had dire consequences for the civilian population. One such consequence is forced displacement, which has obliged millions of Colombians to abandon their homes, their land, their crops, their animals and their culture and suffer the coldness and hostility of the big cities where they tend to gravitate and where solidarity is often lacking.
In Colombia, and specifically within the framework of the armed conflict, the ICRC, in fulfilment of its humanitarian mission, maintains permanent contact with the victims and develops a variety of integrated programmes and projects to address their basic needs.

As for the obligations of the Colombian State to assist those persons affected by the armed conflict, substantial improvements have been made in public policy to assist the displaced. Particularly worthy of note is the fact that displacement has been formally recognized by enactment of Law 387/97 and its regulatory decrees acknowledging the rights of the displaced. This has translated into sizeable increases in the budgetary allocation for humanitarian assistance.

However, despite these noteworthy efforts on the part of the Colombian State and, in particular, of the institutions that form part of the SNAIPD (national system for integrated IDP assistance), it is necessary to further scale up the response in order to restore the violated rights of the displaced population.

I am confident that, given the country’s strong institutionality, the growing commitment of the Colombian Government, the support of the international cooperation agencies and the solidarity of the civilian society in general, it is feasible to overcome the vulnerability of the displaced. This will require going beyond humanitarian relief and achieving socio-economic consolidation or return.

For its part, the ICRC, with a highly dedicated team, will continue to work every day to strengthen its relief programmes, in an effort to be closer to the victims of the conflict and provide timely protection and assistance with a differentiated view and in keeping with their basic needs.

ICRC assistance programme for the displaced population in Colombia

By Christina Oberli, Assistance Coordinator of the ICRC delegation in Colombia

Types of assistance

The population is assisted according to the respective displacement pattern:

  • Massively, when several families are displaced toward the city centre closest to their home. In these cases, the ICRC provides direct aid in situ where the victims arrive.
  • Individually, when families leave one by one and arrive, for the most part, in large urban centres where they are assisted by the ICRC. In each case, ICRC personnel assess existing needs and deliver aid accordingly.

Up until 2002, the majority of persons assisted were cases of massive displacements, accounting for almost 60% of the assistance delivered by the ICRC. Over the last four years, however, increasing gradual displacement of individual families has seen the proportion of aid provided to such beneficiaries rise to 66%.

ICRC assistance consists of the delivery of foodstuffs to meet the basic needs of the beneficiaries for a maximum of three months, and up to six months for extremely vulnerable families (single women, men or older adult heads of household, orphans and families with an incapacitated member). One-time assistance, in the form of household essentials, is also distributed, including cleaning supplies, cooking supplies, dishes, clothing, sheets, mattresses or hammocks, blankets and mosquito netting.

International Red Cross Movement

Since 2003, and thanks to the cooperation programme signed by and between the ICRC and the Colombian Red Cross Society (CRC), assistance coverage increased for persons displaced individually toward large or middle-sized cities.

With these cooperation programmes, the ICRC assists 30% of the beneficiaries of individual assistance.

Protecting the victims

In the case of displacement, in addition to providing humanitarian relief to families, the ICRC seeks, via confidential dialogue, to increase the awareness of the parties to the conflict of the humanitarian consequences for the affected population.

Within its mandate, the ICRC furthermore conducts diverse activities that aim at protecting the lives of persons who are victims of, inter alia, death threats, providing counselling and support befitting the problems and requirements of each case.

Access to health care

Health care is one of the major concerns of the displaced. The ICRC enables these families to have access to medical assistance by providing transportation, lodging and medication.

Alternative humanitarian assistance

A voucher distribution programme was launched in Bogotá in 2005 to provide humanitarian assistance better suited to meet the needs of the displaced. The programme enables displaced families to buy their own food in markets close to their place of residence and in keeping with their usual eating habits. (more on the food assistance vouchers) In an effort to improve the food security of the displaced families, since 2003 the ICRC has also been providing support for the production of short-cycle organic crops (short-cycle) and poultry raising.

What does coordination mean for the ICRC?

The demand for humanitarian assistance in Colombia is extremely high. That being the case, it is critical to coordinate continuously with other organizations as concerns assistance to the victims of armed conflict. Without compromising its independence and neutrality, the ICRC recognizes the importance of complementing available resources to provide more extensive and more effective humanitarian assistance coverage. Accordingly, it has, among other things, contributed resources these last years for institutional strengthening of the assistance and guidance units.

The challenge of assisting the displaced has enabled the ICRC to acquire experience in this domain and to build a professional team committed to humanitarian work to benefit the victims of Colombia’s armed conflict.

Since the ICRC delegation in Colombia launched its emergency relief programme in 1997, the programme has assisted 1,024,940 persons (222,579 families), 53% of whom are minors. Over the last 5 years humanitarian assistance was also delivered proportionately to indigenous persons (6.2%) and Afro-Colombians (11.8%). Of the families assisted, 18% were headed by single women.

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Since the ICRC delegation in Colombia launched its emergency relief programme in 1997, the programme has assisted 1,024,940 persons (222,579 families), 53% of whom are minors. Over the last 5 years humanitarian assistance was also delivered proportionately to indigenous persons (6.2%) and Afro-Colombians (11.8%). Of the families assisted, 18% were headed by single women.

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The United Nations World Food Program released a survey today that paints a bleak picture for the more than 1.4 million displaced persons living in makeshift homes in Colombia.

The study found that the average daily food consumption of displaced persons in Colombia is 1752 calories, well below the recommended average of 2100 calories in an emergency setting.

The study focused on displaced persons who fled their homes between four months ago and four years ago in three northern provinces of Colombia: Antioquia, Sucre and Bolivar. The provinces have all experienced heavy displacement over the past year due to the increase in violence by armed groups in the region.

The 19-page report found that families headed by single mothers are particularly vulnerable, consuming only 1755 calories per day. Families living in urban areas are consuming less–1694 calories–due to the high costs of food, water, gas, and transportation in the city.

There is an alarming drop in the socio-economic status of families following displacement: women keep only 12 per cent of their animal husbandry assets (previously their principal economic activity), and families receive only about 30 per cent of the income they had before displacement, while accumulating more debt.

Most of the displaced in Colombia are rural-to-urban populations movements of campesinos forced to leave their land behind and migrate to cities and towns.

The survey focused on areas where WFP is working and distinguished between families displaced between: 1) four months and 12 months; 2) between 12 and 24 months; 3) between two and four years; and 4) more than four years.

The study found that hunger becomes more chronic between the fourth and 24th month after the displaced are cut off from the 3-month humanitarian assistance package while the costs of water, fuel, and food increase. The data shows that displaced families begin to earn more money after 24 months. These families come out of the vicious circle of asset depletion, indebtedness, reduced food consumption and consumption of cheaper foods.

The study involved personal interviews with 76 displaced families, representing more than 530 displaced persons. The participants were interviewed about their economic status before and after displacement based on their resources, income, debt and food intake.

“Many outsiders and Colombians find it difficult to believe that there is hunger in Colombia, a country with a large middle class,” said Els Kocken, WFP Colombia Country Director. “It takes years for the displaced to get back on their feet and, meanwhile, they are going hungry. I saw newly arrived indigenous families in Uraba eating nothing but banana rejects donated by the private sector. The hosting community gave the displaced land to cultivate, but it takes tools, seeds, energy and time – months – to see enough food produced for an entire displaced family.”

WFP, which assists in resettling displaced families and providing food for adults, pre-school and school children, currently only has 57 per cent of the required funding for its two-year food aid support program in Colombia.

“The government and humanitarian aid agencies need more data on the health, housing, employment and schooling conditions of the displaced,” said Kocken. “In addition to coordination, this requires visiting the displaced, and reporting on their condition in order to respond to their needs.”

Note: WFP video footage of IDPs in Northern Colombia (where the study took place) is available, as are digital stills.

world food programme

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CARTAGENA, Colombia, January 4 (UNHCR) – The cascading blue waves, powdery white sand and gentle breezes are what draw tourists to Colombia’s Caribbean beaches. But see the man renting chairs to the tourists? It was not a tropical idyll that drew him here, but the prospect of safety.

Eliecer Baron’s mother was killed 14 years ago in northern Colombia’s Uraba region when she stood up to irregular armed groups trying to steal her cattle. “At first I moved to a different region, Sucre, where I could continue living my life as a farmer,” the 53-year-old recalls. “Yet two years later, the violence reached Sucre too. That was when I decided to come to Cartagena.”

With a new family arriving every week from other violence-prone areas of Colombia, Eliecer and other displaced people found their own stretch of Cartagena beach and created a settlement on the outskirts of the city.

Like so many other displaced people forced off their own land, the only place they could find was one that nobody else wanted: when they arrived, the district had no electricity or other municipal services because the city authorities said it was prone to flooding, and the land ownership was in question. Displaced people like Eliecer even had to buy water in buckets.

That has changed over time and the local government now provides both water and electricity. Eliecer and 118 other displaced families who formed their own organization have also become adept at standing up for their rights, thanks to training UNHCR has provided on the rights of displaced people.

“It happens often that we have to tell the authorities here what the law is ordering them to do regarding displaced people,” says one of the members of Eliecer’s organization. They also educate displaced families so they can benefit from special state programmes.

The overwhelming majority of the group’s members are women. “Eliecer is a gentleman,” says member Ana. “He knows how to deal with people, he is respectful, and above all he knows a lot about organizing and about laws and rights.”

In addition to his advocacy work, Eliecer struggles, as do many of Colombia’s displaced farmers, to support his family in the city. Renting beach chairs brings in a modest income, and his wife hasn’t been able to work for four years.

“She was there when my mother was killed and, ever since, she has had high blood pressure,” he says. “Somehow it affected the kidneys in the last years, and now she needs dialysis treatment every second day.”

These days, there are rumblings that real estate developers may want the once-undesirable terrain that Eliecer and his displaced friends call home. But, after losing his home twice before in his own country, Eliecer is standing firm.

“We were displaced before,” he says with determination. “Now we’re staying. We have the right to.”

By Gustavo Valdivieso in Cartagena, Colombia

The Office of the United Nations High Commissioner for Refugees

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Los Desterrados

EFECTOS PSIQUICOS EN LOS DESPLAZADOS DE GUERRA

Por Mario Elkin Ramírez *

Ostracismo es una palabra griega derivada de concha (cuya raíz viene de ostra), debido al tejuelo en forma de concha en el que los pueblos del mar de la antigüedad, esencialmente los atenienses, escribían el nombre de los desterrados. El destierro no era la expropiación de la tierra, era la expulsión del desterrado, por una cierta cantidad de años o para siempre de la polis (ciudad Estado). Era el peor castigo que un griego podía recibir porque, al contrario de los hombres modernos, los griegos no tenían ningún concepto de lo que es el yo o la individualidad; en consecuencia, su identidad venía de su pertenencia al grupo, a la polis. Por lo cual, ser desterrado no era ser desplazado a otra polis, conservando el sentimiento de unidad psíquica individual, sino que significaba arrancarle su identidad, su ser, su humanidad.

Dicho castigo no recaía sólo sobre aquellos que habían cometido crímenes contra los dioses o contra el Estado. Algunas excavaciones han encontrado en el fondo de pozos, conchas de ostra preescritas con nombres de ciudadanos que le servían a la polis y respetaban a los dioses, pero que sus enemigos políticos pretendían hacer expulsar manipulando las votaciones, sobornando a algunos para que presentaran aquellas conchas. Esto dice que el destierro, desde la antigüedad, ha sido un arma política.

En la actualidad colombiana esta práctica sigue vigente; pero su aplicación no recurre a la manipulación de los votos, que da cuenta de la corrupción de la democracia aun en sus orígenes, sino que se acude a la violencia y al miedo como armas de guerra. No se trata entonces de un suceso intempestivo e inesperado, sino que es efecto de un cálculo, de un uso intencionado de los miedos. Se trata de una estrategia de terror empleada de manera indiferenciada por parte de los actores armados para expulsar a la población y controlar territorios estratégicos mediante masacres, persecución y asesinatos selectivos de personas acusadas de ser auxiliadores del enemigo del grupo que lo aplica.

Las causas de ese destierro en Colombia son múltiples: el reclutamiento forzado, la erradicación de cultivos ilícitos, el uso indiscriminado de minas antipersonal, los ataques aéreos del ejército, las amenazas, los atentados, los enfrentamientos de grupos armados, las detenciones arbitrarias, el involucramiento forzado en el conflicto, el desabastecimiento de víveres que usa el hambre como estrategia de guerra, y, por supuesto, de la intimidación.

Se ha aplicado el eufemismo “desplazado” para designar a la víctima, pero sus testimonios dan cuenta de que se trata de algo más poderoso que el simple desalojo y el traslado de un lugar a otro del país. Son numerosos los casos en los que la víctima es perseguida y sometida al llamado “desplazamiento múltiple”.

En ese acoso, el sujeto pierde las coordenadas psíquicas, simbólicas e imaginarias en las que ya no puede definirse como ciudadano del lugar donde nació, propietario de tal parcela, reconocimiento como vecino, con nombre propio, familia e historia, y le es destruida como referencia identitaria la geografía que lo rodeó y le sirvió de punto de orientación y de construcción de hábitos sedentarios. Ahora tiene la certeza de saberse dueño de nada y de no pertenecer a ninguna parte. Hay, en consecuencia, un quiebre psíquico importante en los mal llamados “desplazados”, por lo que, propiamente, se les debería llamar “desterrados”.

Para el 2007 se registraban en Colombia 2.853.445 personas desplazadas en los últimos diez años, sin considerar los que no se registran. Aunque “Pastoral Social y Codhes hablan de 3.662.842 personas desplazadas desde 1985, y el reporte del gobierno es el de 1.716.662 contando a partir de 1997” (Martha Inés Villa: Desplazamiento forzado en Colombia. El miedo: un eje transversal del éxodo y de la lucha por la ciudadanía, Cinep, 2006).

La población desterrada está en su mayoría compuesta por mujeres, niños, adultos mayores, afrodescendientes e indios. Se verifica un grave impacto que las mujeres viven en esta situación, a saber, la violación sexual, a pesar del silencio y el difícil registro de este delito, reconocido nacional e internacionalmente como crimen de guerra. Esto refleja una práctica sistemáticamente aplicada antes y durante la situación de destierro de la población por todos los actores del conflicto armado colombiano (militares, paramilitares, reinsertados y guerrillas). También la esclavitud sexual y la promoción de la prostitución es otro impacto que viven las mujeres como consecuencia del destierro, al llegar a la nueva zona receptora, donde no encuentran ningún apoyo institucional para ubicarse de forma digna.

El desterrado encuentra en la huida su última opción y emprende un viaje sin destino; su sola certeza es la incertidumbre, su única seguridad es la de estar vivo, aunque a veces dice que esa situación es equivalente a “estar muerto en vida”.

El quiebre psíquico de las coordenadas sumergen al desterrado en una situación de desorientación espaciotemporal, ya que no puede mirar atrás, pero tampoco tiene un horizonte que mostrarles a su mujer y a sus hijos. Su nomadismo se dirige a la búsqueda de un lugar donde no tenga que dormir a medias, porque, en adelante, su “reposo” es la angustia expectante que le sirve de señal para proteger la vida; siempre anda temeroso de que lleguen los dueños de la tierra que invade para improvisar “cambuches” con plásticos y cartón, mientras su pensamiento está ocupado en que sus parcelas están solas, sin ganado, sin gallinas, sin chivos, pero, sobre todo, sin ellos. El destierro también expulsa la tranquilidad de sus vidas y, en su lugar, se instala la zozobra, el miedo, la tristeza.

Es difícil para el desterrado volver de su nomadismo a un nuevo sedentarismo, ya que siente que pertenece a una lista de forasteros, extranjeros, extraños, exiliados, ex humanos que andan por un mundo ajeno. Su inscripción en el nuevo lugar lleva consigo los traumas por las vejaciones a las que fue sometido durante su expulsión. El destierro va más allá de los límites geográficos, se instala en el alma del desterrado, produciendo una neurosis de guerra. Las imágenes del horror vivido se toman sus sueños para volverlos pesadillas, se despiertan bañados en sudor y con la respiración a mil.

En el nuevo lugar tiene el sentimiento de la no pertenencia, ni a la escuela a la que asiste, ni al vecindario en que habita, ni tampoco a la casa donde duerme. A menudo le vienen oleadas de depresión. Entonces no se preocupa por bañarse ni comer ni reunirse con otros y, con frecuencia, en los niños se instala la agresividad como manera permanente de relación. Se puede reconocer en ellos, además, la tendencia a una autodesvalorización, lo que conlleva una pérdida del interés por la vida y por los valores sociales. Por esta razón, estos niños pueden incurrir en conductas delictivas y, en no pocos casos, una tendencia suicida. La expulsión se vive como un rechazo radical a ser incluido en el deseo del Otro social.

* Miembro de la Asociación Mundial de Psicoanálisis y de la Nueva Escuela Lacaniana, sede Medellín. Artículo publicado en la revista Psicoanálisis y el Hospital, Nº 36.

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